Lo que dice la ONU sobre el derecho a la vivienda es bueno para España

Hace apenas unas semanas, el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) hizo historia al emitir una serie de recomendaciones a España, a la que acusó de violar el derecho a la vivienda de una mujer. El caso, desestimado previamente por el Tribunal Constitucional español, implicaba a una propietaria que descubrió que su casa estaba siendo subastada sin que el hecho le hubiera sido adecuadamente notificado, después de que se hubiera retrasado en los pagos de su préstamo, y durante el punto álgido de la crisis económica.

De manera significativa, este caso fue posible gracias a que España se convirtió, en septiembre del año 2010, en uno de los primeros países del mundo en ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), una herramienta jurídica poco conocida que garantiza el acceso a la justicia en el plano internacional, para las personas que viven en el país, en casos de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), y siempre que la justicia doméstica no sea capaz de ofrecer un recurso efectivo. Los DESC incluyen el derecho a la vivienda, al agua y saneamiento, a la educación, al trabajo y a la salud, entre otros.

Este emblemático caso, el primero presentado en virtud del Protocolo Facultativo al PIDESC, que suscitó un amplio debate en los medios de comunicación españoles, y más allá de interpretaciones políticas, es importante para España y todas las personas que aquí residen por al menos cuatro razones.

En primer lugar, porque refuerza el principio de acceso a la justicia. Individuos o grupos de individuos cuyos derechos civiles, económicos, políticos, sociales o culturales hayan sido violados tienen derecho a recurso, y el PF-PIDESC hace que esto sea una realidad en el plano internacional para los DESC.

La ONU ha proporcionado una valiosa orientación no sólo para España, sino también a todos los países del mundo

Los Estados son responsables de la realización de todos los derechos humanos. Tal y como las recientes surgimientos de luchas populares en Túnez, Chile, Grecia, y por supuesto España, han enfatizado, los derechos humanos son interdependientes y están interconectados en la vida real de los seres humanos.

En segundo lugar, porque al aceptar este caso y realizar finalmente sólidas y firmes recomendaciones, el Comité DESC de la ONU ha proporcionado una valiosa orientación no sólo para España, sino también a todos los países del mundo. Las recomendaciones realizadas al Estado español guardan relación tanto con la reparación a la denunciante individual como con el cambio estructural necesario para evitar violaciones similares en el futuro relacionadas con el derecho a la vivienda.

De tal manera, este caso ofrece una nueva base establecida por la ONU para ayudar a los países en la comprensión y el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos, incluso en tiempos de crisis económica. Marca, así, el camino a seguir no sólo para España sino para muchos otros Estados en situación similar.

En tercer lugar, demuestra los compromisos de España con los derechos humanos. En medio de la crisis económica, España se convirtió en un Estado pionero al firmar y posteriormente ratificar el PF-PIDESC, allanando el camino para los ciudadanos españoles puedan buscar justicia para violaciones de los derechos humanos a nivel internacional. De este modo, España se abrió al escrutinio y la atención internacional en un momento difícil, social y económicamente.

Después de que en 2010 diera aquel valiente paso, muchos otros Estados miran ahora a España para que siga liderando un movimiento de derechos humanos por medio de la adopción de una legislación que aplique las recomendaciones hechas por el Comité de la ONU.

Finalmente, es relevante destacar que el Comité DESC de Naciones Unidas aceptó una intervención de terceros, presentada por la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC). A través de este respaldo colectivo, varios miembros de la Red-DESC —el Instituto de Derechos Socio-Económicos (SERI) de Sudáfrica, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CESR) y la Iniciativa Global para los DESC (GIESCR), ambos de Estados Unidos— presentaron enfoques jurídicos comparativos de otros contextos y destacaron el establecimiento de principios legales, lo que da idea de la dimensión internacional del caso.

Muchos otros Estados miran ahora a España para que siga liderando un movimiento de derechos humanos

Al aceptar intervenciones de terceros por parte de la sociedad civil, el Comité DESC de la ONU ha abierto este proceso al razonamiento jurídico y a un asesoramiento especializado desde todas las regiones, tratando de ofrecer una orientación constructiva a los Estados sobre los enfoques y las reparaciones pertinentes de los derechos humanos.

Hace apenas unos días, jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la Asamblea General de la ONU en Nueva York para poner en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que configuran la nueva agenda de desarrollo para el año 2030. En este contexto, el caso de España al que nos referimos es un valioso recordatorio de que los países tienen obligaciones de derechos humanos, que incluyen el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, sobre la base de sus máximos recursos disponibles y con la asistencia y la cooperación internacional.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 insta a los Estados a "promover el estado de derecho a nivel nacional e internacional y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia para todos”. Al tiempo que alienta a los Estados a asegurar el acceso a la justicia a nivel nacional, el PF-PIDESC ofrece un mecanismo alternativo a la justicia cuando las instituciones domésticas no ofrecen solución.

La sociedad civil, incluyendo la Coalición de ONG por el PF-PIDESC, está pidiendo a más países que sigan el ejemplo de España y ratifiquen el PF-PIDESC, asegurando así el acceso a la justicia para todos sus residentes. Es el momento de seguir trabajando para que nuestros derechos humanos se respeten, tanto en el plano nacional como en el internacional.

Chris Grove es director de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC).