El error es otro

La crisis que ha llevado a la dimisión de Arantza Quiroga tiene raíces políticas y organizativas anteriores, pero se agudiza tras la sesión de control del Gobierno de Euskadi celebrada del 2 de octubre. Ese día, la presidenta del PP vasco planteó al lehendakari la necesidad de desbloquear la ponencia de paz y convivencia, paralizada por falta de acuerdo entre la mayoría de los grupos y el de la izquierda abertzale sobre el suelo ético que todos debían asumir y que incluía la condena de toda la trayectoria de ETA. Propuso para ello una reformulación de las bases de dicha ponencia que facilitara la integración en la misma del grupo de EH Bildu. Quiroga invocó en favor de su iniciativa las novedades que creía percibir en un artículo publicado la víspera en El Correo y firmado por dirigentes de la izquierda abertzale encabezados por el presidente de Sortu, Hasier Arraiz.

Era un artículo muy retórico pero en el que podía leerse que “a nuestros hijos e hijas les contaremos que la violencia es siempre el peor camino. Incluso cuando uno piensa que no hay otra vía”. Idea similar a la que había defendido Mario Onaindía durante sus últimos años de vida. Quiroga y un grupo reducido de dirigentes redactaron una moción que incluía como novedad la sustitución de la expresión “condena del terrorismo” por “rechazo expreso de la violencia”. Aunque en el último momento se introdujo una mención a la “deslegitimación definitiva del terrorismo”, lo que equivalía según sus impulsores a condena de ETA, el texto fue interpretado dentro y fuera del partido como una concesión. Lo que forzó su retirada. Con una explicación confusa: que los abertzales estaban presentando la propuesta como una victoria propia.

Sortu y los demás herederos de Batasuna no son todavía partidos como los demás, sobre todo a efectos de pactar con ellos; pero las condiciones para que lo sean no podrán ser las mismas que cuando ETA mataba y ellos justificaban. Cuando en tiempos del plan Ibarretxe la izquierda abertzale prometía utilizar exclusivamente medios políticos y democráticos se le respondía exigiéndole compromisos concretos de desligarse de ETA. Tras el cese del terrorismo, lo que se les pide es que convenzan a la banda para que entregue las armas y se disuelva.

Lo de menos es la palabra que se utilice. Condenar y rechazar son casi sinónimos y en todo caso lo que se quiere evitar —un relato que blanquee la historia de ETA—, no depende de cuál de esos términos se emplee. La continuidad con su pasado se expresa hoy en la pretensión de condicionar el desarme y la autodisolución a una negociación con contrapartidas políticas como la retirada de las fuerzas de seguridad del Estado de territorio vasco. Eso es lo que, más allá de las palabras, impide el acuerdo. La exigencia pública por parte de Sortu y compañía de renuncia de ETA a esa negociación es la forma más realista de deslegitimación de su pasado, principal garantía de que no volverá.