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La guerra de los cajeros ortopédicos

Como no se pueden cobrar dos comisiones, a cualquier espabilado se le ocurre cobrar sólo una, pero que sea el doble o el triple de la anterior

El caso de las comisiones de los cajeros automáticos ha recorrido las agotadoras fases habituales en cualquier problema que se suscite en España. Primero fue un interrogante (¿pueden las entidades de crédito cobrar una segunda comisión a los usuarios que no son sus clientes cuando utilizan sus cajeros?); después pasó a la etapa decisoria porque, como “existe libertad de comisiones”, algunas quisieron cobrarla; a continuación llegó la autoridad (el Banco de España) para advertir algo tan sensato como que un sólo servicio da pie tan sólo a una sola retribución; las entidades partidarias del cobro ningunearon al Banco de España e insistieron en aplicar la segunda comisión (solo la ha aplicado CaixaBank; otros esperan a ver cómo acaba el asunto); y el Banco, enfrentado poco airosamente con las entidades, ha pedido a Economía que redacte una norma legal para evitar la doble comisión.

La enfadosa situación del vodevil es ésta: dimes y diretes sobre un posible enfrentamiento del gobernador Linde con el ministro Guindos y ansiedad porque en cualquier momento se abrirá otra puerta y aparecerá el bedel con la norma prohibitoria en bandeja de plata. En esta tensa espera —algún banco no ha soportado la tensión y ha renunciado a la segunda comisión—, el gobernador ha sugerido que los otros actores del astracán (las entidades que tienen el cliente y las que tienen el cajero) se repartan una única comisión en los términos que negocien. Siempre con la idea rectora de que está fuera de norma el cobrar dos comisiones.

Seis meses de enfrentamiento fingido acabarán regular tirando a mal para los clientes. Como no se pueden cobrar dos comisiones, a cualquier espabilado se le ocurre cobrar sólo una, pero que sea el doble o el triple de la anterior. Está sucediendo ya; una entidad bancaria cobra dos euros a quienes, no siendo clientes, saquen dinero de sus cajeros; y los cobra directamente al usuario, con la connivencia del banco del que el cliente del cajero es titular. El coste de una operación en un cajero es de unos 60 céntimos, según se desprende del acuerdo firmado por los propios bancos en 2008; el resto, hasta los dos euros, es beneficio limpio extraído directamente del bolsillo del usuario. Si este modelo de comisión también se agotara, por presión política o comercial, ya se encontrará otro. Los márgenes del negocio no crecen; la solución es parcelar los servicios y cobrar cada uno de los segmentos.

Estamos ante un enredo circular, tan típico de la economía española, que conduce a la melancolía o al duelo eterno entre el Coyote y el Correcaminos. El primero nunca alcanzará al segundo porque éste cuenta con la ventaja insalvable de la libertad de comisiones. Esto con Rubio o Rojo no pasaba; nadie se hubiera atrevido a llevar la contraria al Banco. No es difícil profetizar que la norma de Economía no evitará que se cobre la segunda comisión aunque sea uniéndola a la primera. Y ya que sacar dinero de los cajeros será un buen negocio para la banca, al menos deberían modernizarlos. Algunos están tan caducos que más que automáticos parecen ortopédicos.

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