Proteger las libertades que ya conquistamos

Esta entrada ha sido escrita porAlex Prats (@alexpratstweets).

Sede de Greenpeace en India. La ONG ha sido amenazada por las autoridades indias debido a sus acciones de protesta.

China. Cinco jóvenes son detenidas en la víspera del Día Internacional de la Mujer mientras organizaban una acción de protesta en varias ciudades contra el acoso sexual en los transportes públicos. Una nueva ley obligará a las ONG a registrarse en la policía para poder continuar con su actividades. Las ONG también deberán presentar anualmente su presupuesto y plan de acción.

India. En mayo de este año, el gobierno bloqueó las cuentas de 8.975 ONG, entre ellas Greenpeace, que en los últimos meses había llevado a cabo una campaña contra el establecimiento de una planta nuclear en el sur del país.

Rusia. También en mayo, el Presidente Putin firmó una nueva ley que permite declarar como ‘indeseables’ a ONG extranjeras o sus representantes y vetarlos en el país, también castigar con multas y penas de prisión a quienes colaboren con éstas.

Reino Unido. El año pasado, el gobierno británico aprobó una nueva ley que muchas ONG denunciaron como un intento de restringir la voz de las organizaciones de la sociedad civil en períodos pre-electorales.

España. En marzo, el Congreso aprobó la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, también conocida como la ‘Ley Mordaza’, con el rechazo unánime de la oposición, considerada como un ataque a libertades fundamentales como el derecho de manifestación y reunión.

Esta lista podría continuar con ejemplos similares en Kenia, Pakistán, Australia, Méjico, Egipto, Camboya, Vietnam, Honduras, Ecuador, Bangladesh o Sri Lanka, hasta incluir a más 50 países que en los últimos tres años han restringido con nuevas leyes las actividades de las organizaciones no gubernamentales, o en el peor de los casos, han encarcelado e incluso asesinado a periodistas, blogueros y activistas por expresar opiniones que resultaban demasiado incómodas.

Los avances logrados en muchos países en la década de los 90 se están ahora revirtiendo, y derechos fundamentales como el de expresión, información, reunión o asociación se han debilitado. Así lo explican y documentan organizaciones como Civicus o ICNL, ambas dedicadas a monitorear la salud de los derechos civiles y políticos en el mundo.

Esta tendencia global que busca limitar nuestros derechos fundamentales es muy preocupante. La calidad de la democracia de un país disminuye si los ciudadanos y ciudadanas perdemos nuestro derecho a expresar y defender ideas contrarias a las de nuestros gobiernos, si no podemos salir a la calle a manifestarnos pacíficamente o si se nos prohíbe organizar campañas para influir sobre aquellas decisiones públicas que nos parezcan oportunas.

La necesidad de reforzar la seguridad nacional ante la creciente amenaza de grupos terroristas y criminales se ha esgrimido en muchos países como una de las razones principales para restringir la actividad de organizaciones no gubernamentales. En muchos casos, no obstante, este argumento se ha utilizado para menoscabar la capacidad de organizaciones que en realidad nada tienen que ver con actividades ilegales. Este es el caso, por ejemplo, de Haki Africa, una ONG en Kenia a la que el gobierno congeló este año sus fondos y confiscó ordenadores por supuesta colaboración con Al-Shabab, sin prácticamente dar ninguna explicación ni tener de ello la más mínima prueba. Haki Africa había denunciado la deportación ilegal de personas de origen somalí por parte del gobierno.

El uso creciente de las nuevas tecnologías de la información también se ha percibido por muchos gobiernos como una amenaza para su estabilidad y objetivos políticos. Ante la presión de la sociedad algunos gobiernos han decidido, por ejemplo, censurar sitios de internet (China), bloquear completamente el acceso (Venezuela) o cortar el sistema de telefonía móvil (RD Congo).

Finalmente, la creciente orientación de las ONG hacia la incidencia política, las muestras recientes que hemos vivido del poder de la ciudadanía para provocar cambios, y algunas implicaciones de la evolución que se está dando en el sector de la cooperación para el desarrollo son otros tres factores que explican la tendencia actual hacia la restricción del espacio cívico.

Ante este panorama, ¿qué podemos hacer las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil? Creo que tenemos tres retos importantes.

El primero consiste en comprender cuál es la motivación principal del gobierno para restringir el espacio de la sociedad civil. Las motivaciones pueden ser diversas, y éstas definen, al fin y al cabo, los riesgos a los que nos exponemos en nuestro día a día, lo que es aceptable para el gobierno de turno y lo que no.

El segundo reto es la adaptación, es decir, ser capaces de mantener nuestra capacidad de presión e influencia a través de nuevas estrategias y tácticas que reduzcan los riesgos a los que estamos expuestos. En ocasiones, esto pasa por modificar el lenguaje utilizado, establecer nuevas alianzas o bascular de forma inteligente entre la confrontación y la colaboración.

Finalmente, el tercer reto es la protección de nuestros derechos fundamentales. Ninguna organización por sí sola puede hacer frente de forma efectiva a un gobierno que pretende coartar nuestros derechos. Debemos trabajar juntos y con inteligencia. Así ocurrió, por ejemplo, en Kenia en 2013, cuando la sociedad civil se organizó para detener la introducción de una nueva ley.

Análisis, adaptación, protección. Acción. No podemos perder lo que un día ya conquistamos.