Los empresarios catalanes

Hace una semana, la gran patronal catalana, Foment, fundadora de la CEOE, adoptó por vez primera una postura rotunda contra la independencia, inquirió a los partidos sobre el futuro económico que defienden, ridiculizó la postura de quienes afirman que con la secesión “no pasará nada” y alertó sobre los perjuicios económicos de una ineluctable exclusión de la UE.

Algunos nacionalistas denostaron esta posición despreciando a Foment por “derechista” como si no hubiese sido uno de los fundadores del catalanismo (suyo fue uno de los quatre presidents de la coalición regionalista de 1901). Enseguida llegó la réplica organizada por algunas terminales patronales de Convergència, como la PIMEC, que presionaron a las cámaras para avalar un manifiesto muy aireado por el soberanismo, pero que al cabo se limitó a defender algo tan obvio como que los catalanes puedan “expresar su voluntad sobre el futuro del país”: la radiotelevisión oficial del presidente Artur Mas jaleó el comunicado como un apoyo “unánime” de los empresarios a la independencia. Confundía intencionadamente esta con el derecho a votar (ni siquiera se aludía al derecho a decidir), y todo ello envuelto en un concepto que todo lo mezcla: el procés. Se entiende bien la fulminante purga, en julio, del director de Catalunya Ràdio, por el infamante delito de ser un democristiano confederal.

Ahora el presidente de la CEOE y el de la Cámara de Comercio de España, los catalanes Joan Rosell y Josep Lluís Bonet, lanzan un detallado manifiesto sobre los desaforados “costes” de la ruptura con España y la secesión de la UE.

Les asisten muchas y buenas razones. Serían más completas si se hubiesen acompañado del Libro Blanco objetivo que la Generalitat de Mas, a diferencia del Gobierno de Escocia, no quiso hacer. Optó por un texto sectario de ínfima calidad académica, estigma eterno para sus autores.