Mal y tarde

Es evidente la indeterminación en la que vivirá este país hasta que se constituyan los nuevos poderes emanados de las próximas elecciones generales. Como lo son el cansancio y las dudas producidas por un año tan cuajado de citas con las urnas. Por eso habría sido deseable que el presidente del Gobierno no estirase tanto una legislatura que acabó en la práctica hace meses, y cuya prolongación solo sirve para hacer más cómoda una campaña partidista desde el poder. No es lo mismo someter un programa económico al juicio de los electores que acudir a las votaciones con unos Presupuestos Generales predeterminados para el año próximo, de forma que se condicione al poder futuro.

La anticipación de las elecciones catalanas ha podido complicar la gestión del final del ciclo del Gobierno, y por tanto la selección de la fecha para las generales. También es evidente que el presidente del Gobierno tiene la potestad exclusiva de decidir cuál es esa fecha. Lo que sí es exigible a Mariano Rajoy es que comunique formalmente su decisión, porque es un asunto serio e impropio de una charla informal. Por eso resulta insólito el tono de ligereza con el que se nos ha transmitido la idea de que las elecciones podrían celebrarse el 13 o el 20 de diciembre, sin haber despejado definitivamente la incógnita ni explicar, al menos, qué motivos le llevan a dudar todavía.

En todo caso, lo poco que ha dicho Rajoy reitera su voluntad de aprovechar hasta el último momento para presentar un balance económico que le sirva de aval. Es cierto que algunos aspectos han mejorado y que el crecimiento económico ha prevalecido en los últimos meses. No obstante, ese balance ofrece claroscuros. Acudir a las elecciones generales con un paro por encima del 20% y un peso tan fuerte del empleo precario no constituyen buenas garantías para pedir a los ciudadanos que renueven su confianza en el Partido Popular, sobre todo tras haber proclamado la recuperación del empleo como su gran prioridad durante la campaña electoral de 2011. Tampoco lo es haber confundido la tarea de la gobernación con una serie de gestos evidentemente destinados a rebañar algunos votos, como lo muestra la recuperación de parte de la paga extra perdida por los funcionarios.

España necesita que se despejen incógnitas de fondo y que continúen las reformas capaces de devolver a la sociedad la confianza en las instituciones. Para ello hacen falta candidatos que se expliquen con claridad y profundidad sobre los problemas pendientes y lo que se proponen para enderezarlos. El futuro Gobierno, tanto si está nucleado en torno al PP como si lo componen otras fuerzas políticas, tendrá que afrontarlos con menos sigilos y tacticismos de los utilizados durante los tiempos de la mayoría absoluta.

Todo ello redunda en la idea de que habría sido beneficioso acortar el excesivamente largo interregno electoral, en vez de alargarlo al máximo; y en cualquier caso, sigue siendo necesario saber exactamente cuándo tendrán los españoles la ocasión de pronunciarse en las urnas.