¿Estamos ante la 'primavera guatemalteca'?

PorLisa Maracani, deInspirAction(@inspiractionorg) desde Guatemala. Este país celebra elecciones generales mañana 6 de septiembre. Su presidente actual, Otto Pérez Molina, acaba de ser encarcelado por fraude.

Protestas contra el Gobierno de Pérez. Foto: EL PAÍS/JORGE DAN LOPEZ(REUTERS).

Muchos guatemaltecos hoy en día son conscientes de que el escándalo de fraude fiscal que padece el país es sólo la punta del iceberg. Un iceberg no solo de fraude fiscal y corrupción, sino de pobreza, desigualdad extrema e injusticia. Nada nuevo bajo el sol en Guatemala, pero que sin embargo, ha motivado que miles de personas salgan a las calles y organicen durante tres meses consecutivos protestas pacíficas, aun sabiendo lo difícil ha sido históricamente romper el círculo vicioso de la impunidad. No solo la sociedad civil se ha movilizado, también el sector privado se unió a la huelga nacional el 27 de agosto y muchos negocios cerraron en solidaridad. ¿Cada vez un mayor número de personas están viendo la salida al final del túnel?

Antes de la dimisión del presidente Otto Pérez Molina, el 3 de septiembre, el último impulso al movimiento de protesta ha estado motivado por la detención en agosto de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por su participación en la "La Línea", la trama de fraude fiscal en las aduanas del país. Los fiscales también aportaron datos que sugieren la implicación del presidente Otto Pérez Molina en la estafa. En un país con un alto porcentaje de impunidad, la detención y posterior juicio al presidente Pérez Molina supone sentar un precedente histórico, un hecho que puede significar el inicio de un cambio que desemboque en que todos aquellos que violen los derechos humanos finalmente se enfrenten a la justicia. El fin de la impunidad.

No es insignificante que todo esto esté ocurriendo al mismo tiempo que una corte de justicia guatemalteca haya dado el visto bueno final a que se reanude el juicio a Efraín Ríos Montt. El ex dictador fue declarado culpable en 2013 por genocidio y delitos de lesa humanidad, convirtiéndose en el primer Jefe de Estado en ser procesado y condenado en su propio país. La sentencia le condenó a 80 años de cárcel, sin embargo, pocos días después la Corte de Constitucional la revocó por un fallo en el procedimiento. Esta vez, aunque ya no pueda ir a prisión debido a su demencia, el juicio puede significar la apertura de la Caja de Pandora para muchos otros. No hay que olvidar que el actual presidente fue un alto cargo militar en el área donde Ríos Montt ordenó el genocidio del pueblo ixil en los años 80. Las atrocidades cometidas en Guatemala nunca han sido totalmente esclarecidas y el poder económico, político y militar que estaba al mando en los años de la dictadura permaneció en el poder tras el Acuerdo de Paz de 1996.

Cabe señalar que este momento político no surge de la nada: es el resultado de años de trabajo por parte de los supervivientes a la hora de denunciar los abusos en la dictadura, de los periodistas, jueces, abogados y personas de la sociedad civil que han presionado para avanzar hacia la verdad y la justicia y que han mantenido la esperanza viva de que las cosas pueden cambiar. Igualmente, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo creado por la ONU para acabar con la impunidad, ha apoyado las investigaciones contra el crimen organizado y los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS). Tras 8 años, el trabajo ha dado sus frutos. A pesar de las presiones para poner fin a su mandato, sus investigaciones y asistencia técnica a los tribunales de justicia de Guatemala han demostrado que la impunidad y corrupción se pueden combatir.

Al mismo tiempo, otras organizaciones también están comenzando a establecer vínculos con las élites políticas y económicas para revertir la situación. La labor de ICEFI, un think tank especializado en estudios fiscales contraparte de InspirAction, ha comenzado a tener resonancia en la sociedad guatemalteca. Sus propuestas para reformar el injusto sistema tributario, su exigencia de transparencia y rendición de cuentas en el gasto público, y su denuncia del escándalo de "La Línea", demuestra que en Guatemala hay profesionales dispuestos a erradicar la corrupción. Tanto es así, que se han logrado ganar el respeto de sectores económicos, como la Cámara de Comercio, que ven cómo el sistema corrupto no funciona e impide el desarrollo del país.

Entre tanta confusión, el país se dispone a votar mañana en las elecciones presidenciales y legislativas. Los actuales candidatos y partidos no son lo verdaderamente conscientes de que miles de guatemaltecos tienen ansias de un cambio verdadero. Han sido muchas las voces que han propuesto que se retrasen para que se plantee un debate sobre el futuro del país, en vez de votar por las mismas caras y prácticas de siempre. No va a suceder, por supuesto, pero el gobierno entrante y el Parlamento tendrán que hacer frente a más demandas de rendición de cuentas, de igualdad y de respeto a los derechos humanos, ya provengan de la sociedad civil, de las protestas callejeras, o de los tribunales de justicia.