Nuevo rumbo en las televisiones autonómicas

La televisión pública de Castilla-La Mancha ilustró un caso de violencia de género —el asesinato de una mujer a manos de su marido, que la descuartizó— con imágenes de una picadora de carne. El tratamiento informativo de este crimen fue considerado “amarillista, humillante, hiriente y macabro” y los trabajadores de la cadena pidieron el cese del entonces director general, Ignacio Villa. Por sí solo, esa cobertura hubiese sido suficiente para un relevo fulminante. Pero solo la llegada de un nuevo Gobierno —y de distinto signo ideológico— ha dado por finalizados los cuatro años de mandato de Villa. Los mismos que la legislatura de Cospedal.

Su vinculación al poder de turno es nota común a casi todos los entes autonómicos. Por lo general, los partidos ganadores en las elecciones quitan y ponen a dedo a sus responsables. Los elegidos se guían así por un principio omnipresente: la obediencia. Es difícil encontrar una televisión que no sea acusada de sectarismo político y de estar al servicio del Gobierno regional que la ampara, sea de un color político o de otro.

Tras las elecciones del 24-M, en la agenda de los partidos está el cambio en los entes de radio y televisión. Castilla-La Mancha ha demostrado una prisa frenética para desalojar a los antiguos gestores, mientras que Madrid opta por el movimiento lento al reenfocar el rumbo. La comunidad que preside Cristina Cifuentes ha puesto sobre la mesa un anteproyecto de ley a través del cual aspira a despolitizar la emisora. Durante los últimos ocho años, Telemadrid ha experimentado una erosión que le será difícil superar. Al descrédito informativo se unió un salvaje expediente de regulación de empleo y un desplome de la audiencia del que todavía no se ha recuperado (obtuvo un 3,8% de cuota el pasado julio).

A negro se fue la televisión valenciana tras el cierre decretado hace dos años. El actual presidente autonómico, Ximo Puig, se dispone a recuperar las emisiones de Canal 9, aunque en principio la parrilla queda reducida a enlatados de cine, documentales, series y dibujos animados. No habrá emisiones en directo ni magacines ni informativos. Y tampoco se transmitirán los plenos de las Cortes Valencianas, como algunos habían sugerido. El siguiente paso será constituir una comisión parlamentaria para diseñar una nueva ley.

El mismo camino quiere seguir Telemadrid. Pero solo si todos los partidos representados en la Asamblea llegan a un consenso se conseguirá que la televisión pública se aleje definitivamente de los vaivenes del poder y opere como un medio plural, creíble, independiente y al servicio de los ciudadanos. Aunque todavía hay muchos políticos que no comparten esa máxima del filósofo italiano Umberto Eco según la cual “no salir en televisión es un signo de elegancia”. Otros parecen haber hecho suya la idea de que los medios públicos no están para difundir noticias sino para encubrirlas.