Acabar con el pillaje

Un año después de iniciada la investigación del escándalo, los 60 tomos conocidos del sumario del caso Púnicahan puesto al descubierto un bochornoso catálogo del pillaje institucional: contratos municipales amañados a cambio de millonarias comisiones ilegales; recalificaciones urbanísticas que favorecen a determinados amigos de los gobernantes; pago de servicios particulares con dinero público; financiación de partidos por empresas agraciadas con diversas concesiones administrativas…

El caso Púnica ha demostrado que, pese a las medidas legislativas aprobadas en los últimos años para combatir la corrupción, todavía existen deficiencias en la normativa sobre contratación que permiten esconder las peores prácticas políticas. La consecuencia es una colosal pérdida de recursos públicos para el enriquecimiento ilícito de unos pocos.

El pinchazo telefónico a dos defraudadores fiscales con cuentas bancarias en Suiza —uno de ellos Francisco Granados, exsecretario general del PP-Madrid, exconsejero autonómico y exsenador, y el otro, su amigo constructor David Marjaliza— ha sido suficiente para destapar media docena de tramas corruptas que se alimentaban de presupuestos públicos. Estas redes delictivas han funcionado durante años sin despertar sospechas. Incluso operaron a pleno rendimiento cuando la corrupción ya era el segundo problema que más preocupaba a los españoles y cuando todos los partidos se afanaban en demostrar su compromiso para luchar contra esta lacra.

Cualquier asunto que repartiera dinero público era propicio para la actuación de los saqueadores. Desde concursos de eficiencia energética para ahorrar gastos a los Ayuntamientos hasta la organización de fiestas municipales, pasando por la adjudicación de parcelas para levantar colegios concertados, contratos para el seguimiento de noticias en Internet o para el posicionamiento de las instituciones en redes sociales.

El juez Eloy Velasco tiene todavía mucho trabajo por delante en una causa que suma 92 imputados, entre ellos una decena de exalcaldes, el expresidente de una diputación provincial y dos exconsejeros autonómicos de Madrid. Además, los gobiernos municipales de una docena de grandes ciudades están bajo sospecha de usar dinero público para su promoción política personal. Algunos de los cargos salpicados por el escándalo siguen desempeñando puestos de responsabilidad porque aún no han sido imputados por el magistrado Velasco y sus partidos mantienen la confianza en ellos. La investigación judicial necesita tiempo, pero no es posible que personas que gestionan grandes presupuestos permanezcan indefinidamente bajo sospecha.

El caso Púnica es la última prueba de cómo la corrupción escapa todavía con cierta facilidad a los controles públicos; de que los delincuentes no temen al endurecimiento de las leyes. Así deben tomárselo quienes gobiernan en las instituciones: como una lección que sirva de acicate para acelerar el cambio de la normativa y aprobar medidas que impidan a los corruptos aprovecharse de los agujeros legislativos, todavía numerosos, para su enriquecimiento personal.