Negociación y acuerdo

El pacto interno entre el socialismo catalán y el conjunto del socialismo español, plasmado en la declaración aprobada en Granada hace dos años, y reforzado por la elección de Miquel Iceta como líder del PSC, pasa momentos difíciles. Por una parte, la insinuación del equipo de expertos que trabaja en un proyecto de reforma constitucional de que ésta debería reconocer “el hecho diferencial” catalán provocó críticas en cadena de los barones socialistas. Por otra, el presidente del PSC, Àngel Ros, ha adelantado los elementos que según él debería incluir una reforma constitucional que sea aceptable para los catalanes: reconocimiento como nación, respeto a la singularidad cultural y lingüística de Cataluña y un sistema fiscal equitativo que como mínimo garantice el principio de ordinalidad. Para ello habría que superar la teoría del café para todos en favor de una relación más asimétrica.

Una parte creciente de los expertos que trabajan en la reforma constitucional son receptivos al reconocimiento nacional de Cataluña, partiendo de que nación y nacionalidad son términos políticamente sinónimos, y de que ese reconocimiento no implica derechos especiales en lo que no tenga que ver con los hechos diferenciales: lengua, cultura, símbolos. Y, sobre todo, que del mismo no deriva ningún derecho de secesión.

Esto último choca con el llamado derecho a decidir, eje de la ofensiva soberanista planteada por Artur Mas y sus socios desde hace tres años. El mayor éxito de esa fórmula ha consistido en sustituir el debate sobre ventajas y costes de la independencia por uno sobre ese derecho, creando así una base soberanista mucho más amplia que la del independentismo para la reclamación de un plebiscito sobre la separación. Asumirlo como principio propio fue probablemente un error del PSC, con alto coste electoral.

Así parecía haberlo entendido Iceta, que recientemente anunció la retirada del derecho a decidir del programa de su partido. Pero la responsabilidad de gobernar en algunos municipios con apoyo de fuerzas soberanistas, y la adhesión de esos Ayuntamientos a la Asociación de Municipios por la Independencia por razones de interés local, ha introducido alguna tensión en esa dinámica y algunas dudas sobre las verdaderas convicciones de Iceta.

El rechazo al café para todos lo es a la extensión de la autonomía con tendencia a la equiparación competencial, propia de los sistemas federales. No será fácil compaginar la reforma en clave federalista con la propuesta de una cierta asimetría en la distribución competencial. De la condición de nación o nacionalidad no deriva el derecho a una mejor financiación, pero a diferencia de la discusión sobre derecho a decidir y otras abstracciones ideológicas, es un asunto susceptible de negociación y acuerdo.

Esto vale también para el principio de ordinalidad. Convendría, sin embargo, precisar su alcance, pues una cosa es negociar una reducción de la cantidad aportada a los mecanismos de nivelación interterritorial y otra atribuirse un poder de veto sobre decisiones del Estado que pudieran alterar en determinados ejercicios el ranking de ingresos por persona de las comunidades autónomas.