Cerrojazo de silencio

Más de 65.000 personas encierran los muros de las prisiones españolas. Una población similar a la empadronada en Zamora. ¿Es imaginable que jamás supiéramos nada de lo que les sucede a los vecinos de esta capital? Pues más o menos es lo que ocurre con las cárceles, sobre las que el Gobierno ha impuesto un cerrojazo de silencio.

Muy pocas son las noticias que traspasan el vallado de los penales. Si acaso, algún vídeo grabado subrepticiamente a algún delincuente de campanillas mientras juega a los naipes con otros colegas. Resulta difícil penetrar las murallas de los centros penitenciarios para conocer qué es lo que realmente ocurre detrás de ellas. Y a los que están dentro les es casi imposible hacer oír su voz, pese a que todas las leyes les reconocen los mismos derechos de los ciudadanos libres.

Marcos Cabo, concejal de la localidad valenciana de Serra, fue hallado ahorcado el pasado fin de semana en su celda de Picassent, donde estaba por su implicación en la muerte de su esposa. Solo llevaba unas pocas horas entre rejas y, según Instituciones Penitenciarias, estaba sometido al habitual “protocolo de prevención de suicidio” para evitar que se autolesionase.

Cabo fue encontrado el domingo colgando de una sábana anudada a una ventana del pabellón de Enfermería. ¿Cómo es posible que ningún funcionario detectase a tiempo lo que iba a suceder? ¿Dónde estaba el recluso que supuestamente debía apoyarle y custodiarle? Evidentemente, aquí ha fallado algo. O más bien ha fallado todo.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del ministro del Interior, Jorge Fernández, tiene la obligación de “velar por la vida, la integridad y la salud de los internos e internas”, según el artículo 3.4 de la Ley General Penitenciaria.

Ya el año pasado, Interior se mostraba alarmado por el incremento de suicidios en los penales (31 en 2013), pese a que el número de reclusos había disminuido en comparación con años anteriores. La propia defensora del pueblo, Soledad Becerril, también llamaba la atención sobre la repetición de este tipo de fallecimientos, que todos los casos, excepto uno, fueron por ahorcamiento. La familia de Marcos Cabo tiene derecho a saber en qué circunstancias murió y qué falló. La sociedad, también.