Inclusión financiera para el desarrollo

Es posible que, aun sabiendo la importancia que tienen las finanzas en un mundo como en el que hoy vivimos, tendamos a pensar que hay otras prioridades. Si hay 795 millones de personas que pasan hambre, 769 millones que no tienen acceso a agua y, todavía, 58 millones de niños en edad escolar que no van a la escuela ¿por qué vamos a hablar ahora de créditos y cuentas bancarias?

Pues precisamente por eso, porque queremos llevar agua, alimentos y educación a todas esas personas. El acceso a servicios financieros asequibles está vinculado de forma directa a la superación de la pobreza y, además, adaptados a las necesidades de las poblaciones, está directamente relacionado con la posibilidad de acabar con la vulnerabilidad.

Según los últimos datos aportados por el Banco Mundial, hay 2.500 millones de personas que no tienen acceso a una cuenta corriente. La imposibilidad de acceder a este y otros servicios financieros se traduce en consecuencias a la larga desastrosas como la incapacidad de ahorrar, de comenzar una empresa o negocio, de crecer y crear empleo, de recuperarse de pérdidas inesperadas como catástrofes naturales, etc. En definitiva, de poder luchar contra la pobreza.

Altos costes, exceso de burocracia y largas distancias (sobre todo en aquellos que viven en zonas rurales) son algunos de los motivos que dificultan a la población el acceso a los servicios bancarios. Como constatación de esta necesidad encontramos que, en países en desarrollo, más de la mitad de la población pide préstamos para seguir adelante. Eso sí, lo hace a fuentes informales. Estas pueden ser familiares o amigos, pero también empresas dedicadas a la usura que imponen intereses muy altos y que impiden el ahorro y el cumplimiento del pago.

Hay 2.500 millones de personas que no tienen acceso a una cuenta corriente

Se están haciendo muchos esfuerzos para paliar esa situación, para cambiarla, y también para concienciar al resto del mundo de que es, realmente, una prioridad que las personas puedan tener acceso a servicios financieros si quieren salir del círculo de pobreza en el que se encuentran. Centramos nuestros esfuerzos en zonas rurales, las más olvidadas en cualquier derecho básico, con el objetivo de que se mejore la calidad de vida de la población en situación de extrema pobreza.

Esto por sí implica trabajar siempre bajo la mirada crítica de la responsabilidad y no perder de vista el fin social de las microfinanzas. Las instituciones microfinancieras corren el riesgo de priorizar los objetivos de negocio frente al fin social por el que nacieron. El acceso a cualquier tipo de crédito conlleva un deber, y hay que cumplirlo. Por ello, el foco debe estar, y está siempre, en una adecuada formación y acompañamiento, en evitar el sobreendeudamiento y en adaptar cada servicio a cada necesidad.

Me gustaría contar en unas líneas el caso global de Guatemala. En ese país, donde las zonas rurales tienen un 75% de pobreza, se ha desarrollado un sistema denominado Unidades de Autogestión Financiera. Las comunidades se reúnen y, con apoyo y supervisión de técnicos y tras la necesaria formación económico-financiera, ellos mismos generan, de forma democrática, sus propias reglas de préstamos y crédito. Se fomenta la responsabilidad, el ahorro y se trabaja con él. La inclusión financiera va unida, de forma directa, a la inclusión social, al acceso a la formación, a la igualdad de género; en definitiva, al desarrollo multifacético de las personas.

En los países en desarrollo, más de la mitad de la población pide préstamos a fuentes informales

Podemos decir orgullosos que esas comunidades, gracias a la incorporación de la cultura de ahorro que perseguimos, han mejorado su cohesión social y han sido promotoras del crédito, y poco a poco sus medios de vida tradicionales han mejorado. Ya no sólo piden préstamos y ahorran para los estudios de sus hijos, las celebraciones o los imprevistos. Ahora emprenden, reactivando la economía local. Están uniéndose en cooperativas y juntando dinero para montar negocios propios que les aporten más ingresos a ellos y a sus familias. Están saliendo de ese porcentaje de pobreza en el que estaban metidos, de forma aparentemente irremediable.

También me gustaría contar el caso de una persona, con nombre y apellidos, que se ha visto beneficiada por esta ayuda, por el acceso a los microcréditos, y que ha podido, gracias a ello, ser protagonista de su desarrollo. Es el caso de María Esperanza, que reside en una colonia del norte de Honduras, donde el índice de pobreza extrema es del 60%. Tuvo que dejar sus estudios, con los que siempre había soñado, porque no tenía dinero. Ahora, gracias al fomento de microcréditos y al asesoramiento financiero, tras participar en una empresa de crédito comunal de su comunidad, ha comenzado a ahorrar y puede costear los estudios de sus hijos y, además, retomar los suyos; retomar su sueño.

Las comunidades de Guatemala, el caso de María Esperanza y el de muchos otros, son solo ejemplos de la filosofía con la que estamos convencidos que debemos trabajar para conseguir cambios. Porque todavía hay muchas personas que luchan por tener un futuro mejor y tenemos el deber de poner todas las medidas disponibles a su alcance para que lo consigan.

Elena Martínez García es subdirectora general de Fundación CODESPA