La ruptura del sistema educativo

Nos opondremos con firmeza a todo lo que entrañe riesgos de desmembración de nuestro sistema educativo en diecisiete sistemas educativos diferentes. Mariano Rajoy, enero de 2005

El 17 de julio del año 2013, la mayoría de grupos parlamentarios de la oposición firmamos un acuerdo en el que nos comprometimos a derogar la denominada ley Wert en la próxima legislatura. Se trataba de mostrar nuestra oposición frontal a una norma que se había aprobado contra todo y contra todos, verificando lo que es ya un axioma en el mundo educativo: cuando el PSOE gobierna, las leyes educativas se aprueban con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, y cuando gobierna el PP sucede lo contrario, las leyes las aprueba solo el PP con el resto de los grupos en contra. La reacción del Gobierno no se hizo esperar. Consciente de que su mayoría absoluta no se iba a prolongar en la siguiente legislatura, aceleró los calendarios de aplicación de la ley para intentar convertir sus cambios en irreversibles. Lo hizo como aprobó la ley, contra la mayoría de la comunidad educativa, y con la opinión contraria de muchas comunidades autónomas, incluidas algunas de las gobernadas por el PP. El resultado de esa forma de actuar está ahí y se llama caos educativo: coexisten hoy en nuestro país comunidades con nuevos planes de estudio en la educación primaria con otras en las que se siguen impartiendo los antiguos. Incluso se da el caso de comunidades con nuevos planes de estudio y libros de texto antiguos. A tres meses de la entrada en vigor de la nueva educación secundaria una mayoría de las comunidades no han aprobado los nuevos currículos, lo que da sentido a la petición de muchas de ellas de que se paralice la aplicación de la nueva ley. Caos, improvisación, falta de coordinación y, lógicamente, incertidumbre y temor en familias, alumnos y profesores, lo contrario de lo que debe imperar cuando se pone en marcha una reforma educativa.

El fondo del problema es aún más preocupante, es estructural porque afecta al diseño de los planes de estudio. En el desarrollo de la LOGSE y de la LOE se establecieron los contenidos básicos de los currículos de las distintas materias que las comunidades deberían completar, en ejercicio de sus competencias educativas. En la práctica, las grandes editoriales nacionales hacían libros diferentes para cada comunidad, con el fin de introducir las especificidades establecidas por cada una de ellas, pero con un contenido común que, en las materias más importantes, representaba más del 90% de los distintos libros. Con la nueva ley, el ministerio ha dejado en manos de las autonomías la secuenciación de los contenidos comunes, es decir, su distribución entre los distintos cursos de forma que en la práctica existen, para toda la educación primaria y los tres primeros cursos de educación secundaria, 17 planes de estudio diferentes, uno por cada comunidad, lo que, de entrada, va a dificultar de manera notable la movilidad de los alumnos entre las distintas autonomías.

La incertidumbre en familias, alumnos y profesores es lo que hay que evitar en una reforma

Al desbarajuste de los planes de estudio debemos sumar el asunto de la selectividad. Nunca he entendido qué tiene la derecha española contra las actuales pruebas de acceso. Es verdad que alguno de sus más preclaros representantes, incluido algún ministro, ha dejado caer ese latiguillo según el cual la selectividad no sirve para nada porque la aprueba todo el mundo. Probablemente nadie le había explicado al ministro que así se pronunció que la selección de los alumnos preparados para acceder a la universidad la hacen los centros educativos y que los profesores dejan pasar a la prueba de acceso sólo a los estudiantes que entienden que están en condiciones de superarla. Un 75% de media en España. Y, de hecho, lo hacen bastante bien porque aprueban más del 90% de los que llegan a dichas pruebas, la llamada selectividad. En resumen: el “efecto selectivo” del actual sistema de acceso es el resultado de multiplicar el porcentaje de quienes aprueban en los centros de bachillerato por el de quienes aprueben la selectividad. Es decir, algo más del 67%. Ahora, esa prueba de acceso se va a sustituir por una reválida y una prueba en cada universidad. Donde había una prueba han aparecido dos; con un agravante: que los alumnos que no entren en los estudios que deseen en primera opción por falta de plazas tendrán que intentarlo en otros, es decir, examinarse dos o más veces. Por lo demás, se pierde una prueba que tiene un carácter general en toda España, es decir, que aprobada en una universidad se puede utilizar para entrar en otra cualquiera, lo que facilita la movilidad de los estudiantes, algo que no se garantiza en el futuro sistema de acceso.

Pero el problema va más allá de la existencia o no de un sistema común de acceso para todas las universidades; es que en estos años se han tomado otras medidas que han producido una verdadera fractura en el sistema universitario español. ¿Cuál es si no el efecto que se deriva de un esquema de precios públicos que hace que un grado en Barcelona o Madrid cueste entre el doble y el triple de lo que vale en Sevilla o en Santiago de Compostela? ¿En qué dirección camina la supresión de las becas Séneca, pensadas justamente para facilitar la movilidad de los estudiantes entre las diferentes universidades españolas? ¿Es razonable que una decisión como la duración de grados que conducen exactamente al mismo título, tres o cuatro años, se remita, sin más, a cada universidad?

El fondo del problema es estructural porque afecta al diseño de los planes de estudio

Una de las frases preferidas de la derecha para atacar la política educativa de los Gobiernos socialistas era aquella de que ya no había un sistema educativo español digno de tal nombre, que en realidad habíamos creado 17 sistemas educativos distintos. Pues bien, yo sostengo que es ahora cuando se está rompiendo nuestro sistema educativo. Las consideraciones anteriores tratan de llamar la atención sobre ese peligro. Y de enfocar la tarea del nuevo Parlamento. No creo equivocarme si afirmo que en el próximo Congreso habrá una mayoría de grupos parlamentarios contrarios a la ley Wert. Será el momento de llevar a la práctica el compromiso que mencionaba al comienzo de este artículo, y sustituir una mala ley aprobada sin ningún consenso por un texto meditado y avalado por un gran acuerdo político. Poner orden en el actual caos no va a ser una tarea fácil. En todo caso, la nueva ley tendrá que plantearse, entre otros, un gran objetivo: reconstruir el sistema educativo español. Estoy seguro de que, como sucedió con la LOGSE y con la LOE, para esa tarea el PSOE contará con el resto de grupos parlamentarios de la izquierda y, también —por raro que les suene a algunos— con los grupos nacionalistas. Espero que esta vez el PP opte por no quedarse fuera del consenso.

Alfredo Pérez Rubalcaba fue ministro de Educación y secretario general del PSOE.