Una decisión real

Una Monarquía renovada para un tiempo nuevo”. Con esas palabras quería el rey Felipe VI mostrar sus convicciones cuando fue proclamado Rey de España. En ese mismo discurso, el Monarca declaraba con firmeza que “la Corona debe buscar la cercanía de los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza; y para ello, velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente”. Casi un año después de su proclamación, el Rey ha dado un golpe de autoridad y ha avanzado un paso más en el camino de la regeneración institucional al revocar el uso del ducado de Palma a su hermana la infanta Cristina.

Tanto el rey Juan Carlos como su hijo llevaban años pidiendo a doña Cristina que renunciara a sus derechos dinásticos (era la séptima en la línea de sucesión al trono de España y ahora es la sexta) para evitar un mayor deterioro del prestigio de la Monarquía en España, tras el estallido del caso Nóos. En la Navidad de 2011, la Casa del Rey decidió apartar a Iñaki Urdangarin de toda actividad oficial por su “comportamiento no ejemplar” y el propio rey Juan Carlos llegó a decir en su mensaje de Nochebuena que “la justicia es igual para todos”, y que “cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley”.

Desde entonces, la situación ha ido a peor, mes a mes, llegándose a la imputación y posterior procesamiento, no solo de Urdangarin sino de la propia infanta Cristina por delito fiscal. Durante ese tiempo, desde La Zarzuela se ha procurado por todos los medios poner un cortafuegos para que el procedimiento contra el matrimonio Urdangarin-Borbón no hiciera más daño a la institución, mientras se intentaba una y otra vez que la Infanta asumiera su responsabilidad y renunciara a unos derechos que seguirían teniendo sus cuatro hijos.

En los días posteriores a la abdicación de don Juan Carlos y la proclamación de don Felipe se albergaron algunas esperanzas de que la Infanta tomara la decisión solicitada. Sin embargo, el matrimonio se enrocó en su negativa, mal asesorado por su entorno en Barcelona.

A la vista de la situación, sobre todo tras el procesamiento definitivo de la Infanta hace seis meses, el rey Felipe y su equipo llevaban semanas estudiando las diversas alternativas a tomar antes de que doña Cristina se siente en el banquillo de los acusados. Y finalmente, el Rey decidió actuar con contundencia y revocar el uso del título de Duquesa de Palma que le había concedido su padre en 1997 cuando se casó con Iñaki Urdangarin.

Una vez comunicada la resolución, la infanta Cristina ha querido hacer creer a los españoles que la decisión la había tomado ella mediante una carta escrita el 1 de junio, pero que no envió a su hermano hasta ayer por la noche y por correo electrónico. Algo difícil de creer cuando doña Cristina ha dado muestras de absoluta falta de sensibilidad ante los problemas generados por ella y su marido. Lo que debería hacer, aunque ya sea tarde, es renunciar a sus derechos dinásticos.

La decisión del Rey es un paso más en esa línea de regeneración emprendida por Felipe VI como única fórmula para acabar con la crisis institucional que sufre desde hace años. Las últimas encuestas muestran una buena nota para la reputación del rey Felipe y una ligera recuperación de la valoración de la Monarquía. Para que se consolide esa tendencia, la Corona tiene que continuar desarrollando los objetivos enunciados en su código de conducta y mostrar a los españoles la utilidad de una Monarquía moderna, cercana, íntegra y transparente.