Dimitir a tiempo

El debate sobre si la imputación judicial es suficiente para que el afectado abandone la vida pública o si hay que esperar a la apertura de juicio ha quedado atrás por la presión social contra la corrupción. Los nuevos dirigentes tienen necesidad de demostrar a los ciudadanos que han emergido para algo, como lo prueba la rapidez con que Albert Rivera ha atribuido a su partido el mérito de las dimisiones de Salvador Victoria y Lucía Figar, consejeros de la Comunidad de Madrid imputados en la Operación Púnica.

Es verdad que Ciudadanos exigía la renuncia de ambos para negociar la continuidad del PP en la presidencia del Gobierno madrileño, una operación vital para este partido si quiere mitigar la pérdida de poder territorial a pocos meses de las elecciones generales. Y eso le exige apostar por Cristina Cifuentes antes que por Esperanza Aguirre, cabeza de un PP madrileño plagado de imputados. Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno y del Partido Popular, ha tenido que tomar el toro por los cuernos, azuzado por el reloj que marca el tiempo que resta hasta la constitución de Ayuntamientos y de 14 Gobiernos autónomos.

Pero la cuestión de las renuncias responde a algo más que a necesidades tácticas. Tras las elecciones del 24-M es imposible sostener que los ciudadanos blanquean la corrupción en las urnas o que les importa poco. Los nuevos políticos han impuesto o asumido la agenda de la regeneración de la vida pública. Y el propio CIS refleja una inquietud por la corrupción mayor que la observada en el anterior estudio de abril. Por eso resulta imposible ignorar la necesidad de multiplicar los gestos destinados a demostrar que las cosas están cambiando, aunque ello afecte a la tantas veces proclamada presunción de inocencia.

Poco tiene que ver la situación del presente con la de los años ochenta y en la primera mitad de los noventa, cuando un implacable José María Aznar aplicaba a sus adversarios políticos un listón muy alto contra la corrupción, que después se quedó a ras del suelo cuando el PP se enrocó en la idea de que nadie estaba obligado a renunciar a nada mientras no decidieran los tribunales. Otros partidos, sobre todo el PSOE, se mostraron comprensivos con sus imputados y exigentes con los del resto de colores políticos. Todo eso comenzó a cambiar a finales de 2014, cuando las encuestas apuntaron el tsunami electoral que estamos viviendo. Y se ha reafirmado con mayor contundencia a partir del mensaje de las urnas autonómicas y municipales, que deja a las fuerzas políticas en situación de incertidumbre ante la decisiva contienda de las elecciones generales.

Es cierto que los cambios de actitudes encierran contradicciones. La exigencia de mayor control sobre la clase política debe llevar a cambios legislativos, pero, sobre todo, al establecimiento de verdaderos cortafuegos para impedir la facilidad con que circulaba el dinero corrupto. Ahora bien, las prácticas deshonestas no se lavan de un día para otro utilizando el listón de la confusa figura jurídica de la imputación judicial, que tanto sirve para aludir a quien tiene que acudir a declarar ante un juez, solo por indicios, como al que resulta acusado de cargos concretos.

Es sensato que las autoridades o dirigentes afectados por una investigación judicial sobre corrupción o gestiones abusivas se aparten de la vida pública y se defiendan como personas privadas. La política ha jugado a combinar con excesiva soltura las responsabilidades penales con la rendición de cuentas por la gestión realizada. El político tiene que responder ante los electores y no solo ante los jueces. El abuso en la mezcla constante de ambos planos ha llevado a muchos votantes a decir: ya basta.