Una sociedad que se aleja del ideal de tolerancia
El derecho de los refugiados a la acogida divide y enfrenta a los holandeses
Puede decirse que la pérdida de la inocencia de Holanda se ha producido en tres fases, y la primera se remonta al año 2002. El entonces Gobierno de centro izquierda admitió su responsabilidad moral por el genocidio de 1995, y dimitió en pleno. Aunque efectivo, fue un gesto simbólico: había pasado más de una década desde que sus cascos azules no intentaron evitar la muerte de cerca de 8.000 varones musulmanes a manos de tropas serbo-bosnias. La segunda etapa abarcó hasta 2004. Fue con los asesinatos del líder populista de derecha, Pim Fortuyn (tiroteado por un ecologista radical) y del cineasta Theo van Gogh (abatido por un holandés de origen marroquí).
El tercer paso tiene un lema que puede acabar con el mito nacional de la tolerancia. Escrito en inglés para ampliar su eco, es sencillo y al estilo del famoso Je suis Charlie. Lo pronuncian los refugiados que han visto denegada su petición de asilo en el país, y dice I am here. Esta vez, los derechos humanos, y en particular el de acogida, enfrentan y confunden a la sociedad, y sus políticos han optado por las decisiones drásticas. La más reciente consiste en asistir, solo durante dos semanas, a los refugiados legalmente rechazados y que accedan a marcharse. Si colaboran, se les facilitará la vuelta a su tierra de origen, por lo general en guerra. De negarse, acabarán en la calle.
Pactada por el Ejecutivo, casualmente también de centro izquierda, la medida requiere el visto bueno del Consejo de Estado. El alto organismo aconseja, pero su peso moral es ineludible. El problema no es que el país haya reparado en que su preciada tolerancia incluía una dosis de indiferencia envuelta en cierto paternalismo. El drama de los inmigrantes es global y las soluciones muy complejas. Lo holandés, por así llamarlo, es que ahora “la discusión política oculta la discusión sobre los derechos de los refugiados”, como dice el centro nacional que los analiza. Y que las autoridades prefieren recibir críticas, ya sea de los poderes locales, el Consejo de Europa, o bien Amnistía Internacional, a seguir siendo sus abanderados.
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