Reparto de cargas

La Comisión Europea ha elaborado por fin un programa para una gestión común de la inmigración. De acuerdo con lo pactado por los jefes de Estado en la cumbre de abril, Europa dispone ya de una agenda clara y un plan de acción basado tanto en la solidaridad como en la corresponsabilidad. Es, sin duda, un gran paso adelante; pero ahora tiene que acertar en la concreción de las medidas, que deben ser aprobadas la semana próxima por los ministros de Exteriores de la UE, y en junio por los jefes de Estado y de Gobierno. Aunque la emergencia que se vive en el Mediterráneo apremia, hay margen para un debate sereno sobre la mejor forma de aplicar el programa, de manera que la gestión de la emigración no se convierta en combustible electoral para los partidos xenófobos.

El programa tiene tres pilares: el control de fronteras y la acogida de inmigrantes, el reparto de refugiados y la lucha contra las mafias. En el primer frente hay que celebrar la decisión de coordinar los dos programas que ahora se ocupan del control de fronteras, Frontex y Poseidón, y de triplicar sus recursos. Aunque, como concesión a Gran Bretaña, no se haya cambiado la naturaleza de su misión, se entiende que asumirá también el rescate de náufragos. Europa no puede seguir mirando a otro lado mientras miles de personas se ahogan intentando llegar a ella.

En el segundo pilar, la Comisión ha sido valiente al proponer un reparto equitativo de los refugiados según cuotas preestablecidas. Este enfoque es el más idóneo: permite mancomunar el esfuerzo y dar seguridad al proceso, y también contribuye a la cohesión del propio proyecto europeo. Pero habrá que ver si los criterios de reparto son suficientemete equitativos. En 2014 se recibieron en la UE 626.000 peticiones de asilo, de las que solo 184.000 fueron aceptadas. Esta cifra puede mantenerse e incluso aumentar. Hay que tener en cuenta que el 37% de los solicitantes eran fugitivos de Siria, y otro 17% eran personas que huían de Afganistán, Iran e Irak.

La Comisión propone un reparto ponderado que tiene en cuenta el PIB, la población, la tasa de paro y el número de solicitudes recibidas y atendidas en los últimos años. De acuerdo con ese baremo, España pasaría a ser el cuarto país de la UE con mayor cuota: de la actual del 0,9% al 9%. Eso significa que, en el hipotético caso de que se aceptaran todas las solicitudes, España tendría que asumir hasta 60.000 refugiados al año, una cifra muy elevada para las posibilidades reales. Parece justo que la cuota de Alemania, que ahora asume en solitario un tercio de todos los refugiados, se reduzca hasta el 18%, igual que la de Suecia, que pasaría del 14% al 2,9%. Pero también deberían colaborar países como Gran Bretaña, Irlanda o Dinamarca, que se oponen al reparto y están dispuestos a acogerse a la cláusula de exclusión prevista en el Tratado de Lisboa.

Con las correcciones que sean pertinentes, un reparto de refugiados por cuotas es justo, siempre que, en contrapartida, también se repartan las cargas de la inmigración económica, que afecta especialmente a Italia, Grecia, España y Malta. Este es el punto menos acertado del plan, porque se basa en la voluntarista idea de que todos los inmigrantes que no puedan acogerse al estatuto de refugiado sean repatriados. Eso es lo que rige ya ahora, y sin embargo, la tasa de retorno no llega al 40% de los que tienen una orden de expulsión. En todo caso, la decisión de relanzar la carta azul para contratar en origen es oportuna. Europa tiene que hacer un gran esfuerzo para canalizar la inmigración por cauces legales y convencer a los ciudadanos de que es necesaria para cubrir las necesidades de una sociedad en franco declive demográfico.