Modelo en cuestión

Con la detención de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Reus, Teresa Gomis (CiU), y otras ocho personas —seis altos cargos de la empresa Sagessa y dos empresarios— el caso Innova alcanza ya más de 60 imputados y extiende la mancha de sospecha de corrupción sobre otros municipios. La investigación de este holding de empresas que causó un agujero de 400 millones en las arcas municipales de Reus exhibe una preocupante radiografía del llamado modelo sanitario catalán, caracterizado por reunir bajo el paraguas de la financiación pública tanto a centros públicos como privados concertados.

En este modelo, un organismo público —el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut)— distribuye los 8.000 millones de euros del presupuesto sanitario entre distintos proveedores públicos y privados. Entre los imputados figuran Josep Prat, que fue director general del CatSalut, y su sucesor en el cargo, Carles Manté. Para eludir el corsé que comporta la titularidad estatal, la Generalitat propició la creación de consorcios que agrupan a un gran número de centros sanitarios y pueden regirse por el derecho privado. El resultado, al cabo de los años, es una maraña de entidades de gestión que manejan grandes sumas de dinero público y que contratan, subcontratan o externalizan directamente, lo que da pie a todo tipo de irregularidades.

Sagessa, por ejemplo, gestiona una veintena de centros, entre ellos los hospitales de Reus, Amposta y Móra d'Ebre. Pues bien, hasta dos de cada tres contratos revisados en el curso de la investigación judicial son irregulares. Y no solo se observa una práctica generalizada de puertas giratorias, sino que algunos gestores han llegado a ejercer cargos públicos y privados con intereses antagónicos: tras dejar el CatSalut, Prat ejerció simultáneamente como director general de Innova, presidente del ICS —organismo que gestiona los hospitales y centros de titularidad pública— y vicepresidente de USP, una sociedad estrictamente privada. El mismo funcionamieno se ha observado en otros escándalos sanitarios en investigación.

La Sindacatura de Cuentas ha analizado la gestión de seis grandes consorcios y ha encontrado irregularidades generalizadas en la contratación y asignación de salarios de altos cargos. Todo apunta a que la propia estructura de este modelo, auspiciado por los dos grandes partidos que han gobernado, CiU y PSC, favorece estos y otros abusos en la gestión de los recursos públicos.