Fondos contra derechos

Los soldados apuntaron con sus pistolas a Odoge Otiri y condujeron al estudiante de 22 años a un bosque en las afueras de su aldea, en el oeste de Etiopía. "Entonces -cuenta-, empezaron a golpearme con sus porras hasta dejarme ensangrentado e inmóvil. La razón por la que me dejaron es que pensaron que iba a morir”.

Esa noche, los soldados detuvieron a su esposa, Aduma Omot. “Me llevaron a su campamento”, recuerda ella. “Luego me maltrataron y me violaron”. La tuvieron retenida durante dos días antes de soltarla.

Otiri explica que los soldados los atacaron porque él se opuso a los intentos de las autoridades etíopes de obligarlos, a él y a sus vecinos, a marcharse de sus casas, como parte del denominado plan de “reasentamiento en nuevas aldeas”, un gigantesco proyecto de ingeniería social que pretende trasladar a casi dos millones de personas a lugares recién construidos seleccionados por el Gobierno. Otiri y Omot se encuentran entre los miles de anuaks, un grupo indígena mayoritariamente cristiano del estado etíope rural de Gambella, que han huido de la campaña de reubicación masiva en su país. .

El Gobierno etíope ha financiado en parte los desalojos recurriendo a un fondo de asistencia financiera de la entidad crediticia de ayuda al desarrollo más influyente del mundo, el Banco Mundial, según han explicado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dos exfuncionarios etíopes que ayudaron a poner en práctica el plan de reubicación. El dinero, según explican, se desvió del fondo de 2.000 millones de dólares que el Banco Mundial había destinado a un proyecto sanitario y educativo.

El Banco Mundial niega rotundamente que su dinero haya servido para financiar los desalojos en masa en el oeste de Etiopía. A pesar de que los refugiados anuaks y varios grupos de derechos humanos han lanzado públicamente la acusación de que el dinero de esta institución se ha utilizado para financiar unos desalojos brutales, el banco ha seguido destinando cientos de millones de dólares al mismo programa sanitario y educativo.

“Confiamos plenamente en que el dinero se ha empleado para el fin deseado”, declaraba al ICIJ en marzo Greg Toulmin, el coordinador del programa nacional para Etiopía del Banco Mundial. “Seguimos estando seguros de que no ha habido ninguna relación entre nuestro dinero y esos abusos”.

Las nuevas pruebas obtenidas por el ICIJ contradicen las continuas negativas del banco sobre el hecho de que su dinero financiase los desalojos.

Uno de los dos exfuncionarios entrevistados estaba en buena posición para saber exactamente cómo se usaron los fondos del Banco Mundial: Omot Obang Olom, el exgobernador de Gambella, supervisó el programa de reasentamiento de su estado.

Olom explicó que él, personalmente, supervisó el desvío de unos 10 millones de dólares del proyecto sanitario y educativo del Banco Mundial, dinero que redirigió hacia la financiación de las reubicaciones en masa del programa de reasentamiento en nuevas aldeas. Afirma que recibió instrucciones de funcionarios de alto rango del Gobierno federal de Etiopía para que desviase los fondos, y que este dinero era esencial para poner en práctica el programa de reasentamiento.

“Si el Gobierno federal no nos hubiese ordenado que reasignásemos el presupuesto del Banco Mundial al programa, no habría podido llevarse a cabo”, afirma Olom.

Olom, que se marchó del país el año pasado y ahora trata de obtener asilo político en Filipinas, nunca había hablado con los medios de comunicación sobre el programa. Ahora admite que los desalojos en masa se llevaron a cabo por medios violentos y con amenazas.

“Los agricultores acudían a mí y me decían: 'Omot, no somos libres, porque los miembros de las fuerzas de seguridad vienen y nos intimidan", relata. “Hay casos de malos tratos a agricultores, incluso de violaciones de mujeres”. Asegura que “las fuerzas de defensa nacional golpearon y torturaron” a los agricultores que expresaron su disconformidad con los desalojos”.

Los desalojos de Etiopía encajan en un patrón más general. Las comunidades desplazadas por culpa de los proyectos del Banco Mundial en Nigeria, Honduras, Kenia, Indonesia, India, Guatemala y Uganda han acusado a los prestatarios de la organización de violar los derechos humanos.

Quienes se negaban a abandonar sus casas eran maltratados y violados

Hay Gobiernos y empresas respaldados por el Banco Mundial o su filial crediticia privada, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) que han derribado y quemado casas y desplegado soldados o agentes de seguridad privados que han detenido, golpeado o incluso matado a personas, según han declarado los miembros de las comunidades afectadas en sus quejas oficiales y en las entrevistas con el ICIJ.

Los expertos en derechos humanos sostienen que el Banco está fallando en su misión de ayudar a los más pobres del mundo al no acatar las normas internacionales de defensa de los derechos humanos.

Philip Alston, el relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, ha acusado al banco de esconderse tras un argumento que parece un “juego de manos”, el de que no puede involucrarse plenamente en asuntos de derechos humanos porque sus estatutos le prohíben meterse en política. En diciembre, Alston y otros 27 funcionarios de derechos humanos de la ONU escribieron al presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim, para quejarse porque las revisiones propuestas por la institución de sus normas de "garantía social" para proteger a las personas que se cruzan en el camino del desarrollo “evitan toda referencia significativa a los Derechos Humanos”.

Un portavoz del Banco Mundial señala que la entidad se toma “muy en serio” los informes sobre violaciones de los Derechos Humanos que recibe de las comunidades. “Estos casos ponen de manifiesto que debemos seguir mejorando continuamente nuestro enfoque de la supervisión”, asegura. Afirma que el banco lleva décadas encabezando la aplicación de medidas de protección rigurosas para quienes viven en las zonas afectadas por sus proyectos, y que las nuevas normas propuestas llegan “tan lejos como las de cualquier otro banco multilateral de desarrollo” a la hora de proteger a las poblaciones vulnerables.

El director del programa del banco para Etiopía, Toulmin, explica que la misión del banco consiste en respaldar proyectos que combatan la pobreza, no en controlar las actividades no relacionadas con la entidad que llevan a cabo sus prestatarios. “No nos dedicamos a garantizar la seguridad física”, remacha.

Se temen lo peor

En Etiopía, las protestas por las violaciones de los Derechos Humanos relacionadas con los desalojos masivos de Gambella han llevado a Sudán del Sur —un país vecino arrasado por una guerra civil— a conceder el estatus de comunidad refugiada a los anuaks que han huido de Etiopía.

Otiri y Omot escaparon de la violencia de Gambella durante el verano de 2011 cruzando a pie la frontera de Etiopía para llegar a un campo de refugiados de Sudán del Sur. La joven pareja no viajó junta. Cuando se despertó solo en el bosque tras la paliza, Otiri se enfrentaba a una disyuntiva. Si volvía a casa, probablemente se pondría a sí mismo y a su mujer en mayor peligro todavía. Decidió que lo más seguro era dirigirse hacia la frontera, y viajó durante una semana hasta llegar a un asentamiento de Sudán del Sur en el que un número cada vez mayor de anuaks buscaban refugio tras huir del plan de reubicación del Gobierno etíope. Esperaba que su esposa se diera cuenta de lo que había pasado y lo siguiera hasta allí.

Poco después de que su marido desapareciese, un vecino le dijo a Omot que los soldados se lo habían llevado al bosque. Se temió lo peor. “La idea que me vino a la mente”, dice, “fue que no volvería a ver a mi marido”.

El Banco Mundial niega rotundamente que su dinero haya financiado los desalojos en masa en el oeste de Etiopía, pero las pruebas contradicen esta versión

Esa misma noche, tres soldados se presentaron en la vivienda de sus padres buscando a Otiri. Según relata, le pidieron que les dijese dónde se ocultaba su marido. Cuando les dijo que no lo sabía, la detuvieron y la llevaron caminando hasta su campamento, llegando incluso a tirarla al suelo porque no andaba lo bastante deprisa.

En el campamento al aire libre de los soldados, situado en la aldea de Gog Depache, siguieron interrogándola sobre el paradero de su marido. Cuenta que, cuando insistió en que no lo sabía, la violaron. “Tras esos dos días, me soltaron”, rememora. “Al salir de allí, decidí marcharme del país”.

Se dirigió a Sudán del Sur, sin saber lo que encontraría al final del viaje.

“Amigo del sistema”

Desde hace mucho tiempo, el Banco Mundial ha convertido a Etiopía en una de sus máximas prioridades, y ha enviado préstamos a su Gobierno para ayudar a este país de unos 90 millones de habitantes a dejar atrás su historia de pobreza y hambre. En 2005, la institución dejó de financiar a Etiopía después de que sus dirigentes autoritarios masacrasen a un elevado número de personas y detuviesen a unos 20.000 adversarios políticos tras unas controvertidas elecciones.

Al cabo de un año, el banco levantó la sanción y puso en marcha una nueva estrategia consistente en financiar a los gobiernos locales y estatales, en vez de a las autoridades centrales. En 2006, el BM aprobó 215 millones de dólares (203 millones de euros) en préstamos y subvenciones para respaldar un programa, llamado Protección de los Servicios Básicos, que debía proporcionar asistencia sanitaria, educación, agua corriente y otros servicios a los etíopes de las zonas rurales. En mayo de 2009, el banco aprobó un préstamo de 540 millones de dólares (511 millones de euros) para ampliar el programa.

Poco después, el Gobierno etíope empezó a poner en marcha su ambiciosa campaña de reasentamiento. El programa de reubicación en nuevas aldeas pretendía desplazar a 1,9 millones de personas de cuatro estados rurales con numerosas poblaciones indígenas, trasladándolas a asentamientos más grandes en los que las autoridades podían ofrecerles colegios y clínicas. El objetivo, según un plan de 2010 para el estado de Gambella, era la “transformación socioeconómica y cultural del pueblo”.

El Banco Mundial sostiene que las autoridades etíopes no consultaron a la institución cuando elaboraron el programa de reasentamiento y la entidad no tuvo conocimiento del plan hasta octubre de 2010. En enero de 2011, el Banco Mundial y otros donantes extranjeros escribieron al Gobierno de Etiopía para advertirle de que la reubicación forzosa "podía afectar negativamente al bienestar y el modo de vida de aquellos a los que se debía beneficiar".

Othow Nyigwo, que por entonces era administrador del sector educativo del estado de Gambella, afirma que, en febrero de 2011, sus superiores los convocaron a él y a otros funcionarios sanitarios y educativos a una reunión con Olom, gobernador de Gambella en aquel momento.

El Banco Mundial llegó a la conclusión de que las reubicaciones “parecían ser voluntarias”

En la reunión, según Nyigwo, Olom le ordenó que desviase al programa de reubicación unos 1.500 dólares de los fondos del Banco Mundial destinados a las clases de enseñanza primaria. Olom dio la misma orden de desviar fondos a todos los funcionarios que asistieron a la reunión, relata Nyigwo. “Ese dinero que nos había dado el Banco Mundial había que entregarlo al programa de reasentamiento en nuevas aldeas”, dice Nyigwo, que ahora vive en un campo de refugiados de Sudán del Sur.

Como supervisor local del reasentamiento, Nyigwo escuchó una y otra vez a los aldeanos anuaks quejarse de que los obligaban a entregar campos de cultivo fértiles a cambio de unos terrenos pequeños y yermos en los nuevos asentamientos del Gobierno. Relata que, cuando trasladó esas quejas a sus supervisores, le dijeron que debía dejar de causar problemas.

Olom, el exgobernador, confirma el relato de Nyigwo sobre la reunión de febrero de 2011. Explica que los funcionarios federales le ordenaron que desviase los fondos, después de que quedase claro que el Gobierno no tenía dinero suficiente para financiar por completo el programa de reubicación.

Hacia el segundo año del plan de reasentamiento en nuevas aldeas, relata Olom, las autoridades federales le dijeron que tenía que recurrir a otras fuentes de financiación, entre ellas el dinero procedente del proyecto sanitario y educativo del Banco Mundial. Declara que desvió 90 millones de birres etíopes —unos 5 millones de dólares en esa época— durante cada uno de los dos años siguientes.

Olom afirma que sus superiores le aseguraron que no se le culparía por haber desviado dinero del Banco Mundial y otras entidades (de hecho, le ayudaron a ocultar el rastro). “Sabían que esa reasignación del presupuesto era ilegal”, sostiene Olom durante una entrevista telefónica mantenida en marzo desde Filipinas. “Así que lo hicieron muy en secreto”.

Olom es una figura controvertida. Él mismo es anuak, y muchos anuaks lo critican duramente por la función que desempeñó en las reubicaciones masivas. También lo han acusado de corrupción y de ser cómplice de una masacre de otros anuaks en 2003, cuando era jefe de seguridad de Gambella, antes de convertirse en gobernador.

Olom niega esas acusaciones. Asegura que cayó en desgracia ante las autoridades federales de Etiopía tras más de una década siendo funcionario público, ejerciendo entre otras cosas de gobernador y ministro federal, porque cuestionó el modo en que el Gobierno trataba a los anuaks.

Olom sostiene que, al principio, él creía que el programa de reubicación ayudaría a los pobres de Gambella, así que colaboró con las autoridades federales. “Yo era una miago del sistema”, afirma.

Felix Horne, un investigador de Human Rights Watch que centró su trabajo en Etiopía, razona que dado que el objetivo de Olom es reparar su reputación, sus alegaciones suenan creíbles. "Está claro que él quiere presentarse como otra víctima del régimen, pero a pesar de eso sus declaraciones parecen plausibles. Todo lo que hemos escuchado de los antiguos oficiales del gobierno en Gambella se corresponde con lo que ha contado Olom.

El Gobierno etíope no ha respondido a las preguntas del ICIJ, dirigidas a su embajada en Washington, D. C., su Ministerio de Asuntos Exteriores y su oficina nacional en el Banco Mundial.

Preguntado acerca de la posible existencia de cuentas bancarias de Nygwo y Olom, un portavoz del Banco Mundial dijo que la institución no era consciente de estas acusaciones específicas a terceros y urgió al ICIJ a ponerse en contacto cuanto antes con la línea directa que tiene el banco para denunciar casos de fraude y corrupción.

Tierras para los inversores extranjeros

Mientras Olom y Nyigwo contribuían a sacar adelante el plan de reasentamiento de Etiopía, el Banco Mundial llevaba a cabo una evaluación del programa.

Preocupados tras enterarse de la campaña a finales de 2010, algunos empleados del banco visitaron el oeste de Etiopía en febrero y marzo de 2011 para ver cómo se estaban llevando a cabo los reasentamientos. El equipo viajó a Benishangul-Gumuz, un estado situado al norte de Gambella que fue seleccionado para el programa de reubicación, pero que no tenía población anuak.

Basándose en los informes del equipo sobre el terreno, los funcionarios del Banco Mundial llegaron a la conclusión de que las reubicaciones de la región “parecían ser voluntarias y no una consecuencia directa de los proyectos de inversión respaldados por el banco”.

A finales de febrero de 2011, antes incluso de que el equipo de inspección hubiese concluido su trabajo, el banco aprobó otra ampliación del programa de servicios básicos y envió otros 420 millones de dólares a Etiopía. Una gran parte del dinero fue a parar a Gambella y a otros estados que participaban en el programa de reasentamiento.

Toulmin, el coordinador del banco para Etiopía, declara que el banco también tuvo en cuenta las visitas in situ de otros donantes extranjeros que fueron a Gambella y le informaron de sus hallazgos. Asegura que, al igual que el equipo de inspección del Banco Mundial, esas misiones no encontraron ninguna prueba de violencia ni de desalojos forzosos.

Aunque las visitas sobre el terreno aliviaron la preocupación del banco respecto al reasentamiento en las aldeas designadas, en Gambella, el Gobierno etíope había entregado grandes extensiones de tierra a los inversores privados, a cambio del pago de un alquiler.

Los anuaks, que por ley no tienen derecho a las tierras de sus ancestros, no recibieron nada a cambio, según los refugiados pertenecientes a esta etnia. En Etiopía, el Gobierno es el propietario oficial de todos los terrenos, pero se supone que los ocupantes conservan algunos derechos tradicionales.

El 42% de las tierras de Gambella se alquilaba o vendía a los inversores, según un informe de 2011 del Instituto Oakland, un grupo estadounidense de defensa de los derechos humanos que critica la transferencia generalizada de terrenos a las corporaciones en los países en vías de desarrollo.

Uno de los mayores arrendatarios de las tierras de Gambella es Saudi Star, un conglomerado que pertenece al hombre más rico de Etiopía, el jeque Mohammed Al-Amoudi, que es ciudadano etíope-saudí.

Las tierras que antes ocupaban los anuaks las usa ahora Saudi Star para sus cultivos comerciales, según dos ancianos de este grupo étnico entrevistados por el ICIJ y según los informes del Instituto Oakland y Human Rights Watch. El Gobierno vació las pequeñas aldeas situadas dentro de la que luego pasó a ser la zona arrendada por Saudi Star y reubicó a los aldeanos, amparándose en el programa de reasentamiento en nuevas aldeas, según el informe del Instituto Oakland.

Una portavoz del jeque ha confirmado que Saudi Star ha alquilado 10.000 hectáreas en Gambella, pero ha negado que ninguno de los terrenos hubiese estado ocupado por los anuaks. “No se ha reubicado a aldeanos ni agricultores que estuviesen en las tierras donde opera Saudi Star”, ha dicho.

Ha añadido que todas las insinuaciones de que la empresa se ha beneficiado ilícitamente de las decisiones del Gobierno sobre el uso del terreno son invenciones alimentadas por “grupos de defensa de los derechos humanos con un programa político”.

Reunión emotiva

Mientras expulsaban a los aldeanos anuaks de sus hogares, los funcionarios locales reclutaron a muchos de ellos para trabajar en la construcción de los nuevos asentamientos seleccionados por el Gobierno.

Odoge Otiri, el joven marido que afirma que fue atacado por unos soldados, explica que despertó su ira por quedarse en casa y negarse a trabajar cortando juncos para cubrir con ellos los tejados de unas casas nuevas que ni él ni sus vecinos querían.

Un antiguo funcionario cuenta cómo supervisó el desvío de unos 10 millones de dólares del proyecto sanitario y educativo del Banco Mundial a los desalojos

Cuenta que los soldados le machacaron los codos y las rodillas con sus porras hasta que perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, vio que estaba solo, sin soldados ni pueblo alguno a la vista.

Empezó a buscar un refugio donde poder recuperarse de sus heridas. Caminó casi dos horas hasta llegar a otra aldea anuak. “Aunque andaba despacio y estaba asustado, Dios me guió en mi camino”, recordaba.

Aunque Otiri era un extraño, una mujer del pueblo cuidó de él por ser un anuak como ella. Se ocupó de sus heridas durante tres días mientras él recobraba las fuerzas.

Temeroso de volver a su casa, emprendió un largo y lento recorrido a pie hacia la frontera. En aquel momento, no tenía ninguna forma de comunicarse con su esposa ni sabía nada de lo que le estaba pasando allí en su aldea.

Cuando llegó al asentamiento anuak de Pochalla, en Sudán del Sur, les pidió a dos empresarios que se dirigían a Gambella que buscasen a Omot y le dijesen dónde se encontraba él.

Cuando los soldados liberaron a su esposa, Aduma Omot, esta se enfrentaba también a una decisión dolorosa: quedarse en Etiopía o huir con la esperanza de encontrarse con su marido al otro lado de la frontera. Sin noticias de su marido, decidió también marcharse de Etiopía. Empezó a caminar hacia Pochalla. Por el camino, en la ciudad de Pignudo, se encontró con los dos empresarios. Le dijeron que Otiri estaba vivo y que la esperaba en Sudán del Sur. Cuando llegó al campo de refugiados anuaks en Pochalla, dos niños pequeños la condujeron al barracón donde se alojaba su marido. “La vi entrar en el barracón, y todos lloramos”, recuerda Otiri. “Lo primero que me vino a la mente fue una sensación de gran placer”.

“De acuerdo en no estar de acuerdo”

A finales de 2011, Human Rights Watch pidió explicaciones al Banco Mundial y al Gobierno de Etiopía por los informes sobre los abusos derivados del programa de reasentamiento de Gambella. Estos relatos, que poco después se detallarían en un informe titulado Esperando aquí a la muerte, describían una campaña de desalojos impuestos mediante detenciones arbitrarias, palizas, violaciones y asesinatos.

En el informe consta que el grupo ha “documentado al menos seis relatos creíbles de personas que han muerto como consecuencia de las palizas propinadas por los militares, y tiene noticia de muchos más casos que no ha podido corroborar”. Un aldeano al que se cita en el informe relata que los soldados emplearon pistolas y porras para golpear a un joven de 19 años de forma tan brutal que empezó a vomitar sangre y murió poco después.

Human Rights Watch sostiene la acusación de que el Banco Mundial y otras entidades crediticias de ayuda al desarrollo que han financiado el plan de Protección de los Servicios Básicos han “participado en un programa que está contribuyendo más a deteriorar los derechos y el modo de vida de la población que a mejorarlos”.

El banco ha negado que el reasentamiento se impusiera por la fuerza o que su dinero se emplease para respaldar las reubicaciones forzosas. Ha dicho que sus inversiones en Etiopía han ayudado a reducir la mortalidad infantil nada menos que a la mitad y a incrementar la escolarización primaria un 13% en menos de una década.

El Gobierno de Etiopía ha declarado que la campaña de reasentamiento de Gambella reubicó a 37.886 familias, antes de concluir a finales de 2013.

Un alto funcionario etíope ha declarado a Human Rights Watch que a todas las familias se las reubicó con su "pleno consentimiento y participación". Cualquier acusación de coacción policial y militar, añadía el funcionario, era “una invención descarada” urdida por los individuos “antidesarrollo” de Gambella, que trabajaban “en una campaña concertada con el apoyo de los manipuladores extranjeros”.

Ante la falta de opciones, los refugiados anuaks recurrieron a la unidad de supervisión interna del Banco Mundial, conocida como Comité de Inspección.

Con la colaboración de una organización estadounidense sin ánimo de lucro llamada Inclusive Development International, un grupo de refugiados anuaks presentó una demanda de 21 páginas en septiembre de 2012, argumentando que el apoyo del banco al programa de Protección de los Servicios Básicos violaba las normas que tiene la entidad contra los desalojos ilícitos y la desposesión de los grupos indígenas. Se decía que los servicios financiados por el banco eran “precisamente” los que debía proporcionar la campaña de reasentamiento, lo que significaba que los fondos del banco habían “contribuido de manera considerable” a las expulsiones.

En una serie de reuniones con funcionarios del Banco Mundial, los refugiados anuaks describieron los abusos generalizados cometidos por el Gobierno. Toulmin, el director del programa del banco para Etiopía, sostiene que los relatos de los refugiados no bastaban para poner en entredicho los hallazgos de las misiones enviadas a la zona por el banco y otros donantes internacionales, las cuales no habían encontrado ninguna prueba de desalojos forzosos generalizados ni de violaciones de los derechos humanos.

“Al final, no nos quedó otro remedio que estar de acuerdo en no estar de acuerdo”, declaraba Toulmin. Un día después de que se presentase la demanda, el banco aprobó otros 600 millones de dólares de presupuesto para el programa de servicios básicos.

“El Banco Mundial es responsable”

En febrero de 2014, un equipo del Comité de Inspección viajó a Etiopía para llevar a cabo una investigación sobre el terreno en Gambella, donde siguen viviendo decenas de miles de anuaks.

Pero cuando los investigadores empezaron a recorrer las nuevas aldeas construidas por el Gobierno para reunirse con los anuaks a los que habían reubicado, se encontraron con que las autoridades etíopes habían llegado antes que ellos.

“Habían dado instrucciones a todo el mundo antes de que llegásemos”, dice Eisei Kurimoto, un experto en historia anuak de la Universidad de Osaka (Japón) al que habían pedido que acompañase al equipo de inspección como asesor. “Y, antes de que llegásemos, los habían intimidado para que nos contasen cosas positivas”.

Por eso, mientras la mayor parte del equipo celebraba reuniones públicas, Kurimoto decidió reunirse en privado con los aldeanos en sus casas. Incluso en las reuniones formales, los anuaks contaron que había soldados armados acompañando a los funcionarios del Gobierno, que les decían que desalojasen a los aldeanos. Pero algunos de los testimonios de las conversaciones privadas eran mucho más preocupantes.

En estas sesiones privadas describieron tiroteos, detenciones arbitrarias y violencia sexual, según las transcripciones de las conversaciones de Kurimoto con los aldeanos.

“Había un hombre anuak entre las fuerzas especiales [militares] que se negó a obedecer la orden de obligar a los agricultores a trasladarse al nuevo asentamiento por la fuerza”, le dijo a Kurimoto un anuak al que no se nombra. “Y escuchamos un disparo, un policía de las tierras altas [federal] disparó a aquel hombre... y lo mató allí mismo”.

Cuando el comité publicó su informe en febrero de 2015, las voces de aquellos que describieron las amenazas y la violencia estaban ausentes en gran medida.

El informe señala que el comité "encontró" algo de información sobre los abusos cometidos durante los desalojos, pero no los describe con detalle, lo que ha inducido a Inclusive Development International, la ONG que ayudó a los aldeanos anuaks a presentar la demanda, a afirmar que el comité ha “encubierto las pruebas condenatorias relacionadas con la violación generalizada de los derechos humanos”.

El Comité de Inspección ha dicho que no tiene autoridad para investigar acusaciones sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por los prestatarios del banco. Su única función, añade, es determinar si el banco ha infringido sus propias normas.

El informe del comité critica al banco por hacer caso omiso de las pruebas que apuntan a un “vínculo operativo” entre el proyecto financiado por el banco y la campaña de desalojos de Etiopía, y por no haber hecho nada para proteger a las comunidades afectadas.

Pero el comité no llega a culpar al banco de los desalojos en masa. Dado que los desalojos no eran una parte “necesaria” del programa sanitario y educativo, sostiene el comité, no se puede considerar que, en última instancia, el banco sea responsable. Kurimoto, el experto del comité, opina que esta conclusión no tiene sentido. “Personalmente, creo que el Banco Mundial es responsable”, declaraba al ICIJ. El banco “hizo caso omiso de lo que estaba pasando sobre el terreno”.

En marzo de 2015, el Banco Mundial ha aprobado un nuevo préstamo a Etiopía de 350 millones de dólares, que incluye ayudas para el Gobierno local de Gambella.

“En manos de Dios”

El verano pasado, en una sofocante mañana de domingo en Sudán del Sur, cientos de refugiados anuaks abarrotaban el sucio suelo de una iglesia pequeña y mal iluminada.

Al frente de la congregación, un joven alto con un micrófono empezó a cantar. Al principio, su fuerte voz de barítono resonó sola en el aire recalentado y cerrado, pero enseguida se le unieron las voces del coro.

Acto seguido, la congregación se puso de pie, tocando las palmas al compás. Con el sudor cayéndole por la frente, el cantante caminaba por el estrecho pasillo, mientras su voz ronca y potente exhortaba a todos a la oración. Algunos levantaban las manos en el aire. Los penetrantes aullidos de las mujeres resonaban por encima de las voces del coro.

En Sudán del Sur, un país arrasado por la guerra, el campo de refugiados de Gorom es un bastión de fe para más de 2.000 anuaks que han huido de Etiopía. Se esfuerzan por reconstruir sus vidas en medio de la escasez y ante un futuro incierto.

Odoge Otiri y Aduma Omot viven en un refugio de dos habitaciones junto a un huertecillo de quingombó y mandioca que cultiva Otiri. Han pasado más de dos años en Gorom, manteniéndose con la ayuda de Naciones Unidas. Otiri dice que allí no hay nada que hacer. “La vida en el campo de refugiados es muy difícil”, afirma. “No hay suficiente comida”.

Pero no se han rendido. Sin muchas esperanzas de poder regresar a Etiopía, hacen todo lo que pueden por empezar una nueva vida en una nueva tierra. Desde que llegaron, la familia ha crecido, con el nacimiento de su primer bebé, una niña. La criatura se mueve inquieta en los brazos de Omot y, de vez en cuando, busca el pecho para mamar.

Se llama Annacerjwok. En anuak significa "en manos de Dios".

Sasha Chavkin es periodista y pertenece al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ha viajado a Etiopía y Sudán del Sur para escribir esta crónica.

Traducción: Newsclip.