Cuando el progreso trae miseria

Gladys Chepkemoi estaba escardando las patatas de su huerto el día que unos hombres llegaron para quemarle la casa. Cuando su suegra le dijo que los guardas del Servicio Forestal de Kenia estaban de camino, ella se ató su hijo de un año a la espalda y corrió a su choza de tejado de paja. Cogió dos latas de maíz, mantas, platos y cacerolas, y se ocultó en un matorral.

Se quedó mirando, cuenta, mientras los guardas forestales uniformados de verde incendiaban su casa. Cuando se fueron, salió del matorral y vio lo que quedaba. “Lo que antes era mi hogar había quedado reducido a cenizas”, recuerda.

La joven madre es una de los miles de kenianos expulsados de sus viviendas desde el inicio de un programa de conservación forestal financiado por el Banco Mundial (BM) en los montes Cherangani, al oeste de Kenia. Miembros de la ONG Forest Peoples Programme, dedicada a la defensa de los derechos los pobladores de los bosques, afirman que las autoridades gubernamentales han utilizado el proyecto como vehículo para echar a las poblaciones autóctonas de sus bosques ancestrales. No son los únicos. En numerosos países en vías de desarrollo, aldeanos pobres y otras poblaciones vulnerables afirman que el BM —el banco de préstamos para el desarrollo más antiguo y poderoso del planeta— les ha dejado en una situación de miseria.

Presas, centrales eléctricas, programas de conservación y otros proyectos patrocinados por el organismo internacional han provocado la expulsión de millones de personas de sus casas y de sus tierras o puesto en peligro sus modos de vida. En algunos casos, los gobiernos apoyados por la organización han detenido, golpeado e incluso matado a personas que se negaban a salir de sus hogares, según consta en las quejas oficiales presentadas por las comunidades afectadas ante el propio BM.

Están en peligro porque el Banco Mundial ha incumplido repetidamente sus normas para proteger a las personas que viven en las zonas donde se van a desarrollar los proyectos, entre ellas, el compromiso de reasentarlos en condiciones similares a las de su vida anterior. Así lo revelan los datos de una investigación efectuada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) junto a medios colaboradores como el Huffington Post, GroundTruth Project, The Guardian, EL PAÍS y otros.

Presas, centrales eléctricas, programas de conservación y otros proyectos patrocinados por el BM han provocado la expulsión de millones de personas de sus casas

Este artículo es el primero de una serie dedicada a lo que puede sucederles o ya les ocurre a quienes habitan en lugares donde se han planificado dichos proyectos. Entre los reportajes publicados hoy se incluyen una sinopsis detallando los principales hallazgos efectuados por el equipo de periodistas, un artículo sobre las expulsiones masivas en Etiopía vinculadas a una iniciativa del BM y otro sobre una mina de oro peruana que es en parte propiedad de la filial de inversión del organismo en el sector privado. El ICIJ y sus colaboradores publicarán en las próximas semanas más artículos relacionados con proyectos del Banco Mundial en Ghana, Guatemala, Kosovo y otros países.

El BM ha admitido que existen "defectos" en su protección a los desplazados en algunos de los proyectos que han financiado, y asegura que está trabajando para mejorar sus políticas y su forma de aplicarlas. El banco reconoce, además, que proteger a las personas que se ven afectadas por sus programas de ayuda al desarrollo es una "piedra angular" de sus esfuerzos para "poner fin a la pobreza extrema y fomentar una prosperidad compartida".

En Kenia, según la conclusión del Comité de Inspección interno del Banco Mundial, el banco incumplió sus normas al no hacer lo suficiente para proteger a los sengweres, una minoría autóctona de los bosques occidentales del país, a la que pertenecen Chepkemoi y su familia. El informe, publicado el pasado octubre, concluía que el BM no era culpable directo de estas expulsiones, pero sí podría haber ayudado a evitar los abusos cometidos si hubiese obligado a cumplir sus propias reglas a las instituciones que reciben sus préstamos para desarrollar los planes, entre las que se incluye la exigencia de respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

El organismo empezó a financiar el Proyecto de Gestión de Recursos Naturales del Servicio Forestal de Kenia (KFS) en 2007. Prometió aportar 68,5 millones de dólares de los 78 millones presupuestados para el proyecto, en un esfuerzo por ayudar al KFS a "mejorar los medios de vida de las comunidades participando en la gestión compartida del agua y los bosques".

El Forest Peoples Programme (Programa para los Pueblos Silvícolas), una entidad sin ánimo de lucro con sede en Reino Unido, afirma que la financiación aportada por el banco puso en peligro a los sengweres porque el proyecto de conservación cambiaba los límites de la Reserva Forestal de los Montes Cherangani de forma tal que miles de indígenas quedaban en su interior. Esto, según la organización, dio a los funcionarios del KFS un pretexto para expulsarlos. Paul Kibet, secretario del Consejo de Ancianos Sengweres, afirma que ese dinero también ha proporcionado al KFS el equipamiento necesario para lanzar una campaña de expulsión masiva. “Tras recibirlo, adquirieron nuevos vehículos. Les compraron a los guardas forestales muchas armas nuevas, y botas, etcétera”, asegura.

Por su parte, el Gobierno de Kenia considera que esta minoría está ocupando ilegalmente terrenos públicos. Las autoridades han arrasado al menos un millar de sus casas desde que el BM empezó a financiar el proyecto de conservación, según los cálculos efectuados por los afectados e investigadores de Forest Peoples Programme. También han encarcelado a docenas de indígenas por cultivar sin permiso y entrar en terrenos ocupados por sus clanes “desde tiempo inmemorial”, como se afirmaba en una queja formal presentada por un grupo de sengweres ante el propio Banco Mundial.

Miles de kenianos ha sido expulsados de sus viviendas desde el inicio de un programa de conservación forestal

El KFS sostiene que no ha efectuado expulsiones "forzosas", y que "las personas que de verdad merecían reasentamiento" han sido "analizadas en detalle mediante un proceso consultivo y participativo". En la primavera de 2011, el Banco Mundial instó al Ministerio de Economía de Kenia a poner fin a las expulsiones hasta que pudiesen ayudar al Gobierno a establecer un plan para solucionar los problemas de los sengweres. Según funcionarios del BM, las autoridades keniatas accedieron a poner fin a las expulsiones hasta encontrar nuevos territorios donde poder realojar a los sengweres. Pero los líderes nativos afirman que el Gobierno les ofreció una tierra improductiva y sin árboles. Los desahucios y los incendios continuaron.

Paulina Sanyaga recuerda que, después de que el KFS le quemara su casa en marzo de 2011, pasó la noche entera en el bosque con sus hijos. El más pequeño tenía entonces cinco años. "Mi hijo me preguntaba por qué dormíamos fuera, y yo le dije que el Gobierno no solo había quemado nuestra vivienda, sino la de todos los demás". Como los hombres del KFS también destruyeron el cercado perdieron gran parte de sus vacas y ovejas. "Me dio mucha lástima", dice. "Las había conseguido con mi propio sudor".

John Chebaraa, de 60 años y padre de siete hijos, durmió en una cavidad en el tronco de un árbol la noche después de que le quemasen la casa, a mediados de 2011. "Pasé mucho frío", recuerda. "Al despertarme por la mañana tenía el cuerpo ceniciento y pálido". Después de que les quemaran la vivienda, en octubre de 2011, Chepkemoi, su marido y la otra esposa de este —los sengweres son polígamos— se construyeron un refugio temporal con bambú, cuero de vaca y piel de oveja. Durmieron en él durante meses antes de decidir fabricar una casa en condiciones porque, dice, el KFS siempre andaba patrullando cerca. "Si hubiéramos construido una casa nueva, también la habrían quemado. Así que esperamos hasta que dejaron de vigilar la zona".

El incendio provocado por el KFS les destruyó el mijo, cinco sacos de maíz y cuatro panales de abejas, comenta Brian Bett, el marido de Chepkemoi. La familia solo tenía patatas y leche para alimentarse. "No tenía comida suficiente para la familia, y a menudo nos íbamos a la cama con hambre para que los niños pudiesen comer”, explica Bett. "Mis hijos han afrontado muchas dificultades y llorado mucho porque son pequeños y no comprenden lo que les pasa".

El Gobierno keniano prosiguió con el reasentamiento aún después de que la financiación del Banco Mundial al Proyecto de Gestión de Recursos Naturales hubiese acabado oficialmente, en junio de 2013. A comienzos de 2014, los defensores de los sengweres informaron de que las autoridades habían iniciado una nueva oleada de expulsiones, y denunciaron a varios organismos de Naciones Unidas que las cosas sobre el terreno se habían vuelto "caóticas". Había familias enteras moviéndose con sus hijos y pertenencias "hacia ningún sitio en particular".

El Banco Mundial ha incumplido repetidamente sus normas de proteger a las personas que viven en las zonas donde se van a desarrollar los proyectos

Entonces, el BM, señalando que ya no financiaba el proyecto, afirmó que no estaba "relacionado con estas expulsiones". Sus responsables sostienen que la institución no es culpable de ninguno de los abusos efectuados por el KFS ya que el Gobierno keniano lleva décadas expulsando a los sengweres y ha seguido haciéndolo una vez terminada la participación oficial del banco. Tom Lomax, abogado especialista en Derechos Humanos que colabora con el Forest Peoples Programme, afirma que el BM sí es en parte culpable, incluso de las expulsiones más recientes, porque "no hizo lo suficiente —o no hizo nada suficientemente contundente— para evitarlas en el transcurso del proyecto". Y eso, en su opinión, animó a las autoridades del país a seguir adelante con una campaña de desalojos que se fue volviendo cada vez más agresiva durante el tiempo que el Banco Mundial financió al KFS, afirma.

Decenas de miles de sengweres siguen viviendo en los montes de Cherangani. Según fuentes indígenas, los guardas del KFS han continuado echando a la gente durante todo 2014 y en lo que va de 2015. El pasado septiembre, los periodistas autores de esta crónica vieron dos casas destruidas y humeantes y varios cercados aún ardiendo. Los residentes les confirmaron que los guardas forestales les habían prendido fuego pocas horas antes. "No entiendo por qué nos persiguen así", se quejaba Selly Rotich, madre de cinco niños, sentada delante de su vivienda reducida a cenizas. Al día siguiente, unos guardas del KFS se encararon con los periodistas cuando estos se adentraban en el bosque, preguntándoles por qué estaban hablando con los sengweres. "Son invasores”, decía un agente que se negó a identificarse. “No tienen permiso para estar en el bosque. Están aquí ilegalmente”.

Los periodistas preguntaron a los guardas si ellos eran quienes habían prendido fuego a las casas de los sengweres el día anterior. Uno respondió: "Os están mintiendo. Esta gente os está confundiendo. Dicen que nosotros les quemamos las casas, pero, ¿cómo sabéis que no son ellos quienes las queman". Ante eso, varios agentes del KFS sonrieron burlonamente.

Jacob Kushner y Anthony Langat son corresponsales en Kenia del GroundTruth Project, una agencia de noticias mundial sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos. Sasha Chavkin es periodista y Michael Hudson es redactor jefe en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Traducción: Newsclip.