Cobrar sin permiso

El Consejo del Poder Judicial debería haber estado al tanto de que un grupo de jueces y magistrados se dedicaba a una tarea como mínimo dudosamente compatible y éticamente reprobable: cobrar directamente de un proveedor, en este caso la empresa Indra, adjudicataria del contrato de digitalización de los juzgados concedido por la Comunidad de Madrid. La ignorancia de lo que hacían estos jueces no es demasiado sorprendente cuando el propio Consejo tardó años en darse cuenta de que uno de sus presidentes, Carlos Dívar, cargaba importantes gastos privados al erario. Lo que sí ponen de relieve tantos incidentes es la debilidad del órgano de gobierno de los jueces y su falta de verdadera autoridad sobre los titulares de un poder cuya independencia está garantizada por la Constitución.

A la desorientación del Consejo colaboró el presidente del Tribunal Superior de Madrid, Francisco Vieira, quien omitió pedir permiso para organizar el sistema de magistrados llamados a colaborar con una empresa mayoritariamente privada; que, a cambio, cobraron sumas adicionales a sus retribuciones oficiales, como desveló ayer este periódico.

Todo se ha hecho a espaldas del órgano de gobierno de los jueces (el Consejo del Poder Judicial), pese a que la ley es muy estricta con las retribuciones de los magistrados. El presidente del Tribunal Superior de Madrid, uno de los beneficiarios del sistema, alega que consideraba esa tarea “exceptuada” de la necesidad de pedir un reconocimiento de compatibilidad. En definitiva, es un caso interesante para la figura del “promotor disciplinario” creada recientemente en el Consejo del Poder Judicial, que tiene aquí una ocasión de demostrar su utilidad.

Tampoco las autoridades de la Comunidad de Madrid pueden mirar hacia otro lado ni recurrir vagamente a prácticas supuestamente generalizadas. Los pagos realizados a través de una empresa privada sientan un precedente peligroso. Ahora resulta que para que unos funcionarios colaboren en modernizar el servicio público en el que trabajan —una labor cuyos resultados ellos mismos deben “revisar y validar”, según contrato— hay que pagarles aparte. La Comunidad de Madrid debería contestar claramente a la pregunta efectuada por el PSOE, que quiere saber si también se ha pagado a profesores o a personal sanitario por asesorar en programas informáticos.

Cuando los funcionarios —¿y por qué no bomberos o policías?— cobran de los adjudicatarios de contratos públicos, hay que exigir muchas explicaciones sobre las externalizaciones practicadas por el Gobierno madrileño, que lleva 20 años en manos del Partido Popular. El presidente de la Comunidad, Ignacio González, debería reconsiderar el contrato con Indra firmado en época de su antecesora, Esperanza Aguirre. No se puede disponer de los recursos de los contribuyentes y lavarse las manos respecto a todo lo que ocurra después.