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El acento
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Sombras sobre el fútbol

La presunción de amaño de partidos es coherente con el estado de desorden de los clubs

SOLEDAD CALÉS

Aunque formalmente se pueda decir que estamos ante un nuevo escándalo de compra de partidos que amenaza la credibilidad del fútbol español, lo cierto es que el caso de Osasuna responde a la misma debilidad institucional que contamina las estructuras futbolísticas durante los últimos años (por no decir lustros). Esa debilidad se manifiesta unas veces bajo la forma de un enfrentamiento pueril y enconado entre la Federación Española de Fútbol y las autoridades políticas deportivas; otras, con ataques de los clubs a los árbitros y algunas, como es el caso, con la súbita eflorescencia de la temida corrupción competitiva (compra de partidos). El exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay, ha declarado ante la Liga de Fútbol Profesional (LFP) que se reunió en Madrid con dos jugadores del Betis para ofrecerles una prima de 250.000 euros si ganaban al Valladolid (Osasuna, Betis y Valladolid peleaban por no descender). La Liga investiga también el Espanyol-Osasuna, jugado el mismo día que el Betis-Valladolid. Las sospechas de compras de partidos no son de hoy (hay 42 imputados por el posible amaño del Zaragoza-Levante en 2011), pero se multiplican a una velocidad uniformemente acelerada.

Lo peor de los casos conocidos es que, salvaguardando la presunción de inocencia personal, son verosímiles; es decir, son coherentes con el desorden de los clubs —organizados como instrumentos de poder o prolongaciones de negocios— y con la falta de autoridad de las instituciones para evitar los fraudes deportivos y económicos. Muchos clubs se sostienen con ayudas públicas (son ruinas apuntaladas por espesos enredos financieros locales y autonómicos) y soportan a su vez los prestigios de sus directivos.

Para ellos, la diferencia entre Primera y Segunda División es la que existe entre vivir y sobrevivir. Osasuna es, a tenor de la declaración de Vizcay y las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, un ejemplo de ese desorden futbolístico que ni la Federación ni nadie parece capaz de corregir. Si es cierto que el club gastó 2,7 millones sin justificar, la primera reacción es asombrarse de que un club modesto dispusiera de esa cantidad y pudiera manejarla sin control interno o externo.

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