¿Cuál es el plan?

El Gobierno se ha dejado arrebatar la iniciativa. Tanto el presidente como otros políticos del PP han descalificado el paso dado por Artur Mas y Oriol Junqueras para celebrar elecciones en Cataluña el 27 de septiembre, considerándolo como la prueba del fracaso del presidente de la Generalitat y de su inoperancia como gobernante. Puede ser. Es más, seguramente lo es. Pero lo cierto es que la táctica de esperar a que los demás se muevan no hace desaparecer los problemas. Al contrario, estos vuelven a la casilla de salida.

Ni Rajoy ni sus colaboradores directos han contestado a las 23 peticiones que Mas planteó en su encuentro del 30 de julio con el presidente del Gobierno. ¿Por qué? No tenían que ver con la reclamación independentista. Abarcaban desde una reforma financiera a la mejora de infraestructuras, y Rajoy se comprometió a considerarlas, pero han pasado más de seis meses sin contactos entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat.

La cuestión no puede reducirse a esperar el resultado judicial de la querella contra Mas, en la perspectiva de su eventual inhabilitación. El proyecto de elecciones y los preparativos soberanistas obligarán a los ciudadanos de Cataluña a tomar decisiones, con el riesgo de que esto acelere el conflicto latente entre ellos, además del problema que supone para el conjunto de los españoles.

Tras el lanzamiento del proyecto electoral por Mas —el tercero en cinco años, se dice pronto—, Rajoy podría verse afectado en su propio calendario. Pero eso no es lo más importante. La cuestión central es la oferta que esperan los muchos catalanes que no quieren el independentismo ni se conforman con el statu quo. La calma con que se lo toma el Ejecutivo resulta excesiva frente a unos políticos soberanistas cargados de planes y sobrados de mañas, que pretenden vender la ilusión de dedicar los ocho próximos meses a la construcción de “estructuras de Estado” y a la realización de “actos de soberanía”.

La hipótesis de una severa erosión de la cohesión ciudadana y del propio Estado encierra el suficiente peligro como para que el tratamiento de la cuestión sea el de un problema importante. Bien está que se detallen las facilidades financieras prestadas a Cataluña para superar su problema de liquidez, pero no es la única autonomía afectada por ello. Tampoco sirve de mucho denunciar líneas rojas cuando no se muestra ninguna línea verde, como podrían ser la mejora del autogobierno autónomo, una financiación singular (pero solidaria), la asunción de la lengua y la cultura catalanas como una riqueza para todos o la instalación de un futuro Senado federal en Cataluña, en la perspectiva de una reforma de la Constitución.

Hay que reiterarlo cuantas veces haga falta: los asuntos de Estado requieren diálogo, negociación y búsqueda de consensos. Si al PP no le gustan los proyectos de los otros actores políticos, estaría bien que explicara el suyo de una vez.