Cuando tu vida depende de dónde residas

En las 50 gigas de información que el Gobierno ha puesto a disposición del público en su nuevo portal de transparencia hay un dato que no podrán encontrar: cuánto se han ahorrado las administraciones públicas de nuestro país restringiendo el acceso de los inmigrantes irregulares a la atención sanitaria. La ausencia es llamativa, considerando que fue precisamente este ahorro el que justificó la ruptura de la universalidad en el derecho a la salud en España.

Para los inmigrantes afectados, sin embargo, los números cantan. Desde que el Real Decreto fuese aprobado en abril de 2012, un número indeterminado de decenas de miles de seres humanos (las cifras oficiales bailan de manera preocupante) han quedado excluidos de cualquier atención sanitaria no considerada de emergencia. Incluso cuando se trata de situaciones urgentes, o de la atención de niños y mujeres embarazadas –los tres supuestos excluidos de la medida- el miedo a ser detectado como irregular o a enfrentarse a una factura inasumible por tratamientos médicos fuerza a muchos individuos y familias a mantenerse alejados de los hospitales y centros de salud. En otras ocasiones son las propias administraciones hospitalarias las que niegan o cobran el tratamiento de manera arbitraria.

La realidad es que el fin de la cobertura universal ha dejado paso a un caos administrativo, como ha documentado Médicos del Mundo recientemente. Empujadas por la política de opacidad informativa del Ministerio de Sanidad, las comunidades han desplegado un cambalache de medidas que incluyen el mantenimiento de prestaciones (Andalucía y Asturias), la introducción de “programas especiales” para personas no aseguradas (Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia) y una versión más o menos edulcorada del “arrégleselas como pueda” (todas las demás). El resultado es un mapa sanitario en el que tu vida depende, literalmente, del lugar en el que residas, lo cual ha llevado a miles de profesionales a ejercer su derecho a la objeción de conciencia.

Los beneficios económicos de este agujero moral nunca han sido probados por los impulsores del Real Decreto, entre otras cosas porque sería ingenuo ignorar el riesgo amplio para nuestras sociedades. Las poblaciones inmigrantes son prevalentes en algunas enfermedades –como el chagas o la tuberculosis– que constituyen un verdadero riesgo de salud pública. Empujarles fuera del radar sanitario no parece la mejor idea. Por otro lado, limitar la atención de ciertas enfermedades a episodios de emergencia puede llevar a su agravamiento y disparar los costes finales de atención del paciente. Un dato a tener en cuenta en la contabilidad fantasma del Gobierno.

Lo que es igualmente importante, la exclusión de los inmigrantes ha dejado escapar demonios que será difícil encerrar de nuevo. Desde abril de 2012 el roto en la universalidad del derecho a la salud no ha hecho más que incrementarse, afectando a consumidores de medicamentos, desempleados y emigrantes retornados, todos ellos españoles, blancos y con sus papeles en regla. Es el problema de admitir excepciones a los derechos universales, que siempre habrá quien encuentre razones para replicarlas.

Una de las virtudes del enmarañado marco del desarrollo tras 2015 es que por primera vez se extienden sus compromisos a los países desarrollados (al fin y al cabo, una sociedad debe medir su esfuerzo por la justicia social de acuerdo a sus propias capacidades, no a las del vecino). En materia de Cobertura Universal de Salud, España va a tener que dar unas cuantas explicaciones.

Gonzalo Fanjul es coeditor del blog 3.500 Millones.