Cadena de fraudes

El Banco de España acaba de desvelar el cúmulo de irregularidades e infracciones cometidas en la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011. A la vista de los informes que la autoridad bancaria ha remitido al juez estamos ante una operación de características fraudulentas, arbitraria y perjudicial no sólo para quienes compraron acciones sino también para la propia entidad. La irregularidad más notoria radica, según el Banco, en el maquillaje de las cuentas, “que no reflejaban la imagen fiel” de la institución, por lo cual se perjudicó gravemente a muchos compradores que acudieron de buena fe. El tribunal decidirá si esta cadena de atentados contra el mercado fue deliberada; pero caben pocas dudas de que, al menos, se construyó con la idea de que iba a quedar impune.

El daño a los accionistas, castigados con una caída en picado del valor de la acción hasta la práctica desaparición de lo invertido, y a la propia Bankia, no procede sólo de las cuentas falseadas; también hubo una fijación anómala del precio de salida, construido sobre ofertas realizadas por grupos e inversores que no eran independientes; préstamos a sociedades insolventes para que compraran acciones en el mercado, con el fin de garantizar el “éxito” de la colocación; y opciones de compra con la garantía de que Bankia pagaría al comprador una posible caída de la cotización. Bankia se confirma como el genuino banco malo; sus exgestores no sólo defraudaron a los preferentistas sino que también habrían engañado, mediante el maquillaje contable y otras anomalías financieras, a quienes quisieron ser sus accionistas.

El perjuicio causado es muy grave; atañe a los compradores de acciones, a los depositantes, a la solvencia de la entidad y a la credibilidad del mercado. Por ello, la investigación judicial, hasta el momento correcta, tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias, tanto en el ámbito financiero como en el político. La información del Banco de España deja en mala posición a Rodrigo Rato, primer responsable de Bankia; ya no podrá argüir el desconocimiento como atenuante o eximente de una quiebra que ha costado a los contribuyentes 22.400 millones. La salida a Bolsa fue una operación aprobada por su equipo, diseñada con su aquiescencia y ejecutada con todos los parabienes.

Esta responsabilidad no redime el papel de otras instancias de control. El Banco de España señala correctamente al responsable de auditoría. No basta con que el auditor se explique; tiene que aceptar las consecuencias legales de su fracaso. Cabe preguntarse además qué información tenían la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la inspección del Banco de España. La quiebra del sistema de cajas ha demostrado desgraciadamente que los instrumentos de supervisión e inspección han fallado más de lo que debieran; y que todos ellos, desde el sistema de auditoría hasta la regulación y la inspección bancaria, deben ser reformulados con criterios más estrictos de calidad e independencia.