Falta credibilidad

El presidente del Gobierno acudió ayer al Congreso de los Diputados con la voluntad de encabezar un movimiento regeneracionista de la vida pública española. Lo hizo al tiempo que reconocía la corrupción como un problema “peligroso” y admitía que los ciudadanos están “hartos”, según sus propias expresiones. El problema es que tanto Mariano Rajoy como el Partido Popular tienen escasa credibilidad para emprender semejante empresa movilizadora.

Este mensaje sería más digno de confianza si saliera de un partido renovado. Pero es muy difícil desvincular el discurso de la regeneración de la realidad de una fuerza política cuyos cuadros dirigentes han permanecido ligados a su organización durante los años de la financiación presuntamente irregular; y con un elevado número de cargos implicados. Además, apartar de la vida pública a quienes han protagonizado un periodo oscuro y provocar drásticos cambios internos llevaría a cuestionarse el papel de quien ha encabezado el partido, el propio Rajoy, que lleva un decenio al frente del PP.

La confianza ciudadana en el presidente del Gobierno se mantiene en cotas bajas desde hace años; la evidencia de que se ha utilizado dinero al margen de los canales oficiales golpea la credibilidad de varios partidos, pero singularmente del que gobierna desde hace tres años. Va a resultar muy difícil convencer a los ciudadanos de que las cosas cambiarán en tanto se mantengan en el primer plano de la vida pública personas que actuaron de forma incorrecta y aquellas otras que, siendo responsables de sus organizaciones, dicen no haberse enterado de lo que pasaba en ellas.

El jefe del Gobierno convoca ahora a la oposición a sumarse al esfuerzo regeneracionista bajo la advertencia de que, si no lo acepta, tanto él como su grupo parlamentario continuarán adelante en solitario con el paquete de reformas legales que quieren promulgar, parecido al anunciado muchos meses atrás. Este planteamiento también resulta chocante: nada impedía a Rajoy haber utilizado su sólida mayoría absoluta o recurrir al decreto ley (como ha hecho en otros asuntos), si realmente creía que unos retoques legales eran suficientes para recuperar la confianza. Pretender ahora la movilización general contra la corrupción es un intento de reducir el impacto de este asunto en las próximas confrontaciones electorales y de controlar los daños políticos derivados de los procesos judiciales en curso.

Se ha instalado en España un ambiente de crisis de confianza en el sistema institucional y ha quedado en evidencia la cortedad de la dedicación del Parlamento a la corrupción. La oposición tuvo que amenazar con una moción de censura al jefe del Gobierno para conseguir la anterior comparecencia de Rajoy relacionada con este tema (centrada en los papeles de Bárcenas) en el ya lejano verano de 2013. Ahora, dedicar una mañana de trabajo del pleno del Congreso a debatir sobre corrupción es un tratamiento insuficiente para un problema que el propio Gobierno —y por lo tanto la mayoría absoluta— dice tomarse muy en serio. Con la legislatura en su recta final, parece un poco tarde para tocar a rebato contra los “salvapatrias” (extraparlamentarios) que esperan aprovecharse de la crisis de credibilidad del sistema.

Es cierto que a la corrupción le traen sin cuidado las ideas y las banderas. Eso no justifica una patente de corso para hacerse perdonar los pecados del pasado y prometer vidas virtuosas de aquí en adelante. España no es un país corrupto, pero la dirigencia de los partidos de gobierno necesita renovación y rearme cívico. Algunos han iniciado esa tarea; otros apenas han empezado a hacerlo.