Recetas patriarcales contra la violencia machista

Tómese como ejemplo la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres de Nicaragua, conocida como Ley 779. Una ley contra la violencia hacia las mujeres, propuesta por las organizaciones de mujeres y feministas, y aprobada tras años de reivindicación con el apoyo de la sociedad civil.

Hágase un reglamento de la misma que altere sus principios básicos y convierta el delito de feminicidio en violencia que ocurre sólo si un hombre mata a una mujer en el ámbito privado y si entre ambos existía una relación de pareja. Es decir, haga desaparecer de la ley que el feminicidio pueda suceder en ámbito público y que sea un delito cometido por cualquier hombre, sea o no, pareja de la víctima.

Además, sustituya la prohibición total de mediación entre agresores y víctimas de la ley original (por considerarse que es imposible cuando entre mujeres y hombres existen relaciones desiguales de poder) por un proceso de mediación que favorezca la “unidad familiar y el derecho de igualdad de oportunidades para todos”. Aplique la mediación cuando haya violencia física “leve” (moratones, contusiones), violencia psicológica, violencia económica (que signifique la sustracción o destrozo de bienes y propiedades), amenazas e intimidación, sustracción de hijos e hijas, entre otros. Establezca que dicha mediación sea gestionada por Consejerías Familiares (con autoridades religiosas incluidas) con el propósito de “fortalecer los valores de respeto, amor, solidaridad en la familia y en la comunidad”. Dificulte el acceso de las mujeres a las comisarías con personal especializado, de modo que muchos casos no lleguen nunca a ser contabilizados como violencia machista.

Con todo esto es más que probable que consiga reducir las cifras de mujeres y niñas víctimas de violencia machista. Eso es exactamente lo que ha pasado en Nicaragua, donde la cifra ha disminuido un 39%, pasando de 47 casos de feminicidio entre enero y julio de 2014 (Observatorio Nacional de Femicidio de la Red de Mujeres contra la Violencia) a 18 casos (según cifras de la oficiales con la nueva ley).

Si a eso le sumamos buenos indicadores de participación política de las mujeres (que representan un 48% de la Asamblea Legislativa nicaragüense), la criminalización de las organizaciones de mujeres y feministas, y además omitimos las alarmantes cifras de embarazos adolescentes (un 24%, la más alta de América Latina según el Fondo de Población de las Naciones Unidas) y de mujeres ocupadas en el sector informal (el 78% según Encuesta de Hogares de Nicaragua), puede que la comunidad internacional le reconozca como el 6º mejor país de 142, en algún listado mundial de igualdad de género, tal y como ha sucedido recientemente con Nicaragua, según el dictamen expresado por el Foro Económico Mundial.

En España, también merece la pena revisar lo que está sucediendo con la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Con el argumento de la crisis económica, se han reducido los recursos económicos para su implementación. No existen sistemas eficaces de apoyo a las víctimas después de la denuncia, y se ha conseguido que las mujeres desistan ante el miedo de represalias de los agresores. Resultado: el número de denuncias presentadas ha disminuido y con ello se están falseando los datos de afectación de la violencia.

Por añadidura, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha condenado recientemente a España por negligencia en un caso de violencia machista, por no actuar de manera diligente en la protección de una víctima y de su hija de siete años, asesinada por el padre en una visita sin supervisión, cuando la madre había denunciado en más de 30 ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían y solicitado medidas de protección para ambas. Y, a pesar de todo eso, España acaba de recibir de la ONU el Premio Políticas de Futuro, por poseer una de las mejores políticas y leyes contra la violencia de género en el mundo.

Definitivamente, parece que los marcos jurídicos por si solos no son suficientes para acabar con la violencia patriarcal contra mujeres y niñas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Investigaciones como la de británicas Laurel Weldon y Mala Htun apuntan a que los países en donde los movimientos feministas son más fuertes tienden a conseguir mejores políticas contra la violencia, que aquellos con movimientos débiles o inexistentes. Tras analizar la situación en 70 países, estas investigadoras concluyen que este hecho desempeña un papel más importante que la existencia de partidos de izquierda, el número de mujeres legisladoras, o incluso la riqueza nacional.

Y así también pensamos en Oxfam Intermón, de forma que trabajamos con organizaciones de mujeres y feministas para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas en países como Guatemala, República Dominicana, Colombia o la propia Nicaragua.

Estas organizaciones ofrecen atención, asesoría y acompañamiento a la población femenina en situación de riesgo; promueven cambios de imaginarios machistas y sexistas en las personas jóvenes; se movilizan y movilizan a otras personas y hacen incidencia por el cumplimiento de las políticas públicas; exigen a sus estados procesos de justicia con verdad, reparación y garantías de no repetición; defienden a las lideresas y defensoras de los derechos humanos; vigilan y denuncian la trata con fines de explotación sexual. Etcétera, etcétera.

Un sinfín de activismo y trabajo especializado que, muy lejos de las estrategias que usa el patriarcado para escamotear la violencia machista, lleva a las organizaciones de mujeres y feministas de aquí y allí, a salir a la calle cada 25 de noviembre. Para recordarnos que acabar con los altísimos índices de violencia es tarea de todos y todas, todos los días, y que poco sentido tiene seguir hablando de igualdad, paz, justicia o democracia, si las mujeres seguimos sin tener acceso a una vida libre de violencias machistas.

Carolina Egio es técnica en derechos de las mujeres de Oxfam Intermón