La travesía de la igualdad

Se ha gripado el motor de la Ley Integral contra la Violencia de Género. En el año 2004 se aprobó con la unanimidad de las fuerzas políticas y 10 años después se encuentra encallada. La cubierta preparada para servicio de urgencias de denuncias y peticiones de órdenes de protección; y el motor desactivado por falta de combustible en la prevención y educación en igualdad. Así lo demuestra la persistencia de esta violencia en jóvenes y adolescentes.

Diez años después contamos con policía, juzgados, fiscalías y abogacía especializada en esta materia. Organización y personal que ha permitido invertir situaciones del pasado: más del 70% de las amenazas, coacciones y malos tratos a la esposa o pareja obtienen sentencia de condena, a diferencia de lo que sucedía en los noventa, que ese porcentaje era de sentencias absolutorias. No hay impunidad y esto es un resultado positivo.

Hoy en día las mujeres no están solas en el proceso judicial. Cuentan con asesoramiento jurídico y los hechos violentos se persiguen de oficio por la fiscalía. Se ha comprobado que la formación especializada en las características de esta violencia ofrece buenos resultados: conocemos los efectos de las relaciones de dependencia y sumisión que se suele presentar y la importancia del testimonio de la víctima, en muchas ocasiones la única prueba de cargo.

Es evidente que han de mejorarse las medidas de protección y evitar daños añadidos a las mujeres que sufren denuncias cruzadas y amenazas de retirada de los hijos. Sin embargo, es importante recordar que el sistema judicial interviene cuando la violencia ya se ha producido y que la raíz se encuentra en la desigualdad y posición secundaria de la mujer en la sociedad. En tanto no se rompa el factor cultural que apoya el machismo no podremos atajar el foco.

El objetivo de esta ley es eliminar la histórica discriminación de las mujeres, pero la evolución social no ha acompañado en el ritmo y, además, topamos con resistencias y reacciones que arrojan sus misiles en forma de mitos interesados y artificiales.

Más del 70% de las amenazas, coacciones y malos tratos a la esposa o pareja obtienen sentencia de condena

Mitos como el de las denuncias falsas: un 0,01%, según el fiscal general del Estado y el estudio de sentencias del Observatorio judicial. Son mínimas, pero una falsa acusación tiene más repercusión mediática que 10.000 veraces. Se intenta minar la credibilidad de las mujeres e inyectarles el miedo a no ser creídas, y las consecuencias son nefastas porque se pueden traducir en minusvalorar el riesgo que sufren, a veces con resultados fatales como vemos en los informes de femicidios del Poder Judicial.

Malos tiempos para la igualdad. Los falsos mitos encuentran apoyo en algunas personas con responsabilidades políticas o sociales que nos hacen retroceder hacia épocas del blanco y negro. La actualidad ofrece ejemplos recientes. Unos proyectan contrarreformas para devolver a las mujeres el papel de reproductoras con obligación de paliar el descenso de natalidad. Otros nos tildan de egoístas porque no añadimos horas de fidelidad a nuestras empresas y dicen que solo pensamos en conciliar y también los hay fáciles en el comentario machista. Con desparpajo y orgullo de lo que llaman “no ser políticamente correcto” se cargan toda una década de lucha por los derechos laborales de las mujeres y por las medidas antidiscriminatorias.

Diez años después se ha conseguido reducir la impunidad; pero todo el esfuerzo humano y material invertido en crear una respuesta judicial y policial eficaz pierde su efectividad si no existen políticas de igualdad en el ámbito educativo y social. Las reformas educativas han abierto las puertas a la segregación, y tras suprimir la asignatura de Educación para la Ciudadanía no han garantizado que nuestros jóvenes adquieran el conocimiento de los daños y tragedias que produce la violencia de género, sus causas, características y los beneficios de la igualdad.

Los poderes públicos tienen la responsabilidad de avanzar en el camino ya trazado y subrayado en el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia sobre la Mujer.

Esto exige tener muy presente que esta violencia es un instrumento para mantener la situación de subordinación de las mujeres, y que son esenciales medidas de sensibilización, educación y formación, especialmente en los medios de comunicación.

La ley integral está varada. Necesita con urgencia combustible en políticas educativas y de igualdad para reanudar su travesía.

 Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada , fue presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.