La legislación dominicana se aplica sin discriminación

Santiago Canton, Director Ejecutivo del Centro Kennedy en Washington, DC, apela a los epítetos y a la ciencia ficción en “La máquina del tiempo dominicana” (EL PAÍS, 15 de noviembre 2014) para criticar la Corte Constitucional Dominicana así como la 57ma. “Cátedra de las Américas”, pronunciada recientemente en la OEA por Leonel Fernández, Presidente de mi país durante 1996-2000 y 2004-2012.

Nada dijo el prestigioso profesor de Georgetown sobre el hecho incontrovertible de que apenas 30 de los 194 miembros de la ONU aplican incondicionalmente el jus soli para definir quiénes son sus nacionales. Entre los otros 164 países están Costa Rica, Haití, República Dominicana y toda la Unión Europea.

Es por ello que el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra mi país ha sido abrumadoramente rechazado tanto por nuestra sociedad como por los tres poderes del Estado. El que un organismo supranacional pretenda imponer mediante sentencia la aplicación del jus soli incondicional sin que ello se derive de ninguna obligación internacional en la materia—contradiciendo además nuestra Constitución—permite entender la baja tasa de cumplimiento de sus sentencias.

Nada dijo el gran conocedor de la literatura de ciencia ficción estadounidense sobre el hecho incontrovertible de que 15 de los 34 miembros de la OEA desconocen la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, entre los cuales Canadá, los EE UU y la gran mayoría de miembros de CARICOM, incluyendo San Vicente y las Grenadinas, país que, paradójicamente, ha lidereado las críticas a la República Dominicana.

Quizá por ello sean esos mismos 15 países los que mayores dificultades presentan en las Américas a la migración.

La legislación dominicana se aplica sin discriminación. Al ejecutar la Sentencia 168/13 de nuestra Corte Constitucional, el Presidente Danilo Medina demuestra su compromiso con el imperio de la ley y la separación de poderes, regularizando la situación de inmigrantes indocumentados y sus descendientes provenientes de 119 países diferentes.

Al extender los plazos de este proceso, el presidente Medina ha dado más tiempo a las autoridades haitianas para que expidan la documentación de la cual carecen tantos millones de haitianos dentro y fuera de Haití. Con ello asegura el trato humano que merecen ante la indefensión de la emigración sin documentación, causante último de situaciones de apatridia que se nos quieren endilgar.

Será sólo evaluando objetivamente nuestros actos y leyes a la luz de los hechos—y no apelando a la ciencia ficción y a los epítetos—que el Centro Kennedy podrá considerar algún día apartarse del coro de críticos interesados en que la migración haitiana siga fluyendo exclusivamente hacia la República Dominicana—el país del Caribe en donde encuentran educación, empleo y servicios de salud sin que los acusemos de hacer “turismo de servicios sociales”.

Quizás entonces encontrará el Centro Kennedy que será más relevante defender los derechos civiles, humanos y políticos de los haitianos en su propio país, tan necesitados como están de un sistema de partidos, de elecciones regulares, de la separación de poderes y del imperio de la ley, prerrequisitos todos de ese desarrollo humano sostenible y equitativo pendiente desde hace ya más de dos siglos, sin el cual jamás se podrá detener ni mucho menos revertir la migración ni en Haití ni en ningún otro país. — Federico Alberto Cuello Camilo, embajador de la República Dominicana en Londres.