Credibilidad

Acuciados por el monumental enfado de la ciudadanía, los partidos políticos con mayor número de implicados en casos de corrupción reiteran las promesas de limpieza en el futuro. Pero la primera condición para que sus reacciones sean verosímiles es la credibilidad. Cumplir esa circunstancia exige depurar las estructuras ejecutivas o representativas en las que se hayan colado los corruptos, no hayan cuidado con rigor el comportamiento ético o hayan permitido el crecimiento a su alrededor de enriquecimientos abusivos.

La actitud de la justicia y la actividad de la Fiscalía Anticorrupción y de las fuerzas de seguridad prueban que se equivocan los que predican la debilidad del Estado o dan por liquidado “el régimen del 78”, en expresión de los populistas. Esas instituciones están llevando a cabo vigorosas investigaciones, como se está comprobando. Es cierto que no lo parece tanto porque en España se tarda mucho tiempo en llegar a establecer la verdad judicial, debido a una mezcla entre complejidad de las investigaciones y aplicación rigurosa de las garantías del Estado de Derecho, que retrasan las decisiones.

Sin embargo, no cabe aceptar la lógica de aquellos responsables políticos que durante años han sostenido que sus conmilitones son víctimas de oscuros ataques cuando se hurga en la razón de decisiones discrecionales o en sus patrimonios, o que pretenden aplazarlo todo hasta que haya sentencias judiciales.

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, insistió ayer en la línea de que los dirigentes políticos no pueden meter a la gente en la cárcel. Cierto, pero sí pueden conducir indagaciones internas o aceptar comisiones de investigación parlamentaria para casos importantes. Calificar de “cobardes” a los que plantean anónimamente la renovación de la dirección del PP o un congreso para dar paso a una nueva generación implica que la cúpula del partido gobernante sitúa el problema en términos de mantenimiento del poder, y no de regeneración.

Los partidos pueden excluir de sus filas a los sospechosos de abusos o actuaciones ilegales —solo muy recientemente han empezado a hacerlo— y, por supuesto, dejarles fuera de las candidaturas electorales. Ha ocurrido demasiadas veces que personas implicadas en investigaciones penales son reconducidas al fortín de las listas electorales cerradas y bloqueadas, para buscar así “el blanqueo” de conductas presuntamente oprobiosas. Hora es de poner fin a tales prácticas.

Es verdad que la política se encuentra sometida a un escrutinio muy intenso, pero eso se corresponde con su enorme presencia en la vida pública. Partidos de los que dependen estrechamente las instituciones son hoy el centro de las preocupaciones de muchos ciudadanos. Ayer mismo, los miembros del Instituto de Empresa Familiar expresaron su inquietud al respecto. Tiene razón Joaquín Almunia, vicepresidente saliente de la Comisión Europea, cuando indica que el problema está menos extendido de lo que parece, pero la salud de la democracia exige enfrentarse a una crisis política que no deja de crecer.

Bien está que el PSOE prepare una declaración contundente para que se le perciba como un partido intransigente hacia la corrupción, y que el PP insista en algunas reformas legales, anunciadas numerosas veces y aplazadas en busca de un pacto con los socialistas que no se ha materializado. No sobran; pero hay que tomar medidas ejemplares, que hagan creíble la voluntad de adoptar una actitud mucho más firme contra cualquier desviación de los principios éticos exigibles a los políticos. No debería olvidarse que los partidos canalizan la representación de los ciudadanos y viven esencialmente de los contribuyentes.