Desigualdad fiscal

Este artículo ha sido escrito por Susana Ruiz de Oxfam Intermón.

La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados aprobará hoy las tres leyes que conforman la reforma fiscal. Nada nuevo bajo el sol, sino la apabullante realidad de que con esta reforma que poco reforma, se profundiza en la inequidad económica y social en España.

La reforma fiscal condiciona la inversión pública, sobre todo en políticas sociales, las políticas que garantizan la igualdad de oportunidades y una mayor cohesión social. El gobierno anunciaba que estas leyes supondrían un coste para las arcas públicas de 9.000 millones de euros en los próximos dos años. Como si la realidad de España fuera otra, la de un país en el que no se han recortado drásticamente hasta ahora las políticas públicas ni los niveles de pobreza y exclusión no se hubieran disparados.

La reforma fiscal también condiciona la equidad e incrementa la brecha social. El Ministro Montoro anunciaba que “ era el momento de devolver impuestos a los españoles” después de haberles exigido esfuerzos y sacrificios para reaccionar ante la grave crisis económica. ¿Pero de qué ciudadanos habla el Ministro? Claramente, la reforma fiscal beneficia ante todo a las rentas más altas, gracias a la rebaja en el IRPF y en las rentas del ahorro. Un selecto grupo que verá cómo su renta disponible mejorará sustancialmente, entre un 4% y un 9%, mientras que más de 10 millones de contribuyentes apenas sentirán la rebaja, con una mejora de tan solo 36 euros al mes en promedio.

Con esta reforma fiscal no mejorará la renta disponible de los ciudadanos, es decir, lo que realmente nos queda en el bolsillo después de haber pagado impuestos y considerando las compensaciones económicas o transferencias que recibimos del Estado. Es decir, no mejoran las condiciones de vida de la gran mayoría de los ciudadanos. Más para unos pocos, casi nada para la mayoría.

La reforma fiscal profundiza la brecha entre los actores económicos. En julio de este año, la agencia tributaria (AEAT) hacía público el último informe de recaudación anual, con los datos de 2012, donde se detalla que las grandes empresas apenas pagan en impuestos un 5.4% sobre su resultado contable, un 80% por debajo del tipo nominal que les correspondía en ese momento (un 30%). Es evidente, las grandes empresas pagan pocos impuestos gracias a una batería de beneficios fiscales discrecionales y al amparo de una legislación que apenas hace nada para cerrar los recodos de la arquitectura internacional que facilitan la elusión fiscal.

En lugar de fijarse como objetivo acercar el tipo efectivo (lo que realmente pagan) de las grandes empresas al tipo nominal (lo que en teoría deberían pagar), la reforma fiscal plantea justo lo contrario. Si ya era evidente que antes pagaban poco, la nueva ley rebaja en 5 puntos el impuesto de sociedades para los grupos consolidados para igualarlo con el que pagan las pymes. No se recaudará más, se suprime la leve progresividad en este impuesto y se siguen manteniendo tratamientos privilegiados a los que tan solo se acogen las más grandes.

Antes de este trámite parlamentario, el Gobierno ya anticipaba el impacto recaudatorio de la reforma, dentro del Proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado el pasado 30 de septiembre. Un ejercicio poco realista, en el que se fía todo a un crecimiento económico más que dudoso. Lo que los PGE evidencian por la parte de ingresos es que el peso de la contribución seguirá recayendo principalmente sobre los ciudadanos, que aportarán el 86% del total de ingresos públicos. Pero cada vez con mayor regresividad, puesto que se amplifica la dependencia en los impuestos al consumo (el IVA y los impuestos especiales).

Es una reforma fiscal que perpetúa las diferencias entre ricos y pobres y condiciona peligrosamente los presupuestos generales del Estado. Será difícil que dejemos de ser el segundo país más desigual de Europa.