Apátridas en su patria

Por Corina Mora de InspirAction.

Hace ya un año, el 25 de septiembre de 2013, unas 250.000 personas amanecían siendo ciudadanas de la República Dominicana y terminaban el día sin saber qué nacionalidad les correspondía. En ese momento entraba en vigor la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional en ese país que denegaba la nacionalidad a una mujer, Juliana Deguis, dominicana de nacimiento e hija de padres haitianos. Lo sorprendente es que, como ella, miles de personas de ascendencia haitiana pasaban en ese momento a convertirse en apátridas, ya que la sentencia se aplicaba con carácter retroactivo a todas las personas nacidas en el país de padres extranjeros desde 1929.

Apátridas en la única patria que conocen, estas personas han visto vulnerados sus derechos durante todo este tiempo, viendo cómo se les retiraban los documentos de identificación y se les alejaba del ejercicio de ciudadanía cotidiano: un problema administrativo significaba dejar sus vidas en pause, no poder avanzar. Cosas tan sencillas como matricularse en la universidad, firmar un contrato de trabajo, tener un seguro médico, abrir una cuenta bancaria, sacarse el pasaporte, votar e incluso inscribir a tus hijos al nacer son negadas en estos momentos a miles de personas desnacionalizadas en la República Dominicana.

El primero de ellos fue generar el clima de insatisfacción suficiente para que el gobierno dominicano se planteara una solución legislativa al problema creado por esta sentencia. Así en mayo de este año, bajo la presión internacional que había recibido, los informes desfavorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Examen Periódico Universal del Consejo de DDHH de Naciones Unidas, se aprobó la ley 169-14.

En cierta medida, esta ley representa un paso atrás en la aplicación de la sentencia de desnacionalización y reconoce el derecho a la nacionalidad dominicana a todas aquellas personas de ascendencia haitiana inscritas entre 1929 y 2007, lo que se ha conocido como naturalización. Todos aquellos a quienes se les retiraron sus documentos pueden ahora tramitar en la Junta Central Electoral su recuperación.

El problema es que la ley 169-14 divide en dos grupos a los afectados y deja fuera de este reconocimiento de nacionalidad precisamente al colectivo más vulnerable; aquellas personas que nunca han sido inscritas en un registro civil. Para este grupo, el gobierno dominicano ofrece un proceso de regularización a través del Reglamento 250-14, que establece un plazo de 90 días para inscribirse en un Libro de Extranjeros con la opción de adquirir la nacionalidad en dos años.

Es decir, todas las personas nacidas en Dominicana cuyos padres sean haitianos y que, probablemente por su situación de marginalidad y exclusión social, no hayan sido inscritos en el momento de su nacimiento, tienen ahora la posibilidad de inscribirse durante 90 días, si consiguen la documentación precisa y el dinero para los trámites administrativos, pero asumiendo que han de reconocerse a sí mismas como inmigrantes, aunque hayan nacido y vivido toda su vida en República Dominicana.

La cuenta atrás de este periodo de regularización comenzó a finales de julio y durará hasta el 26 de octubre. Mientras tanto desde las organizaciones de la sociedad civil (Plataforma 169, Reconoci.do) se denuncia que el Ministerio de Interior y Policía no ha dotado de medios suficientes a las oficinas de registro ni ha informado a la población afectada de los trámites y requisitos a seguir. Apenas a principios del mes de septiembre, transcurridos ya 42 días de los 90 del plazo definido por la ley 169-14, el ministerio dio a conocer por primera vez requisitos para solicitar la inscripción en el libro de extranjeros, donde incluye pruebas documentales de los padres que no están contenidas en la ley ni en su reglamento de aplicación.

El martes 23 de septiembre la cita de las organizaciones que componen Dominican@s por Derecho fue manifestarse una vez más a las puertas del Tribunal Constitucional, el mismo que hace un año dejó suspendida la vida de miles de personas y que a día de hoy sigue considerando ciudadanas de segunda a todas aquellas personas cuyo delito es tener unos padres que llegaron hace décadas desde el vecino Haití a instalarse en busca de un mejor futuro, y tener, probablemente, un tono más oscuro de piel.

Si estas personas no logran presentar los papeles que les solicitan en el registro ¿a qué país pertenecerán? ¿Las expulsarán a Haití, un país que probablemente nunca han conocido? ¿Cuánto tiempo tendrán que estar sus vidas en pause para poder recobrar su nacionalidad?