Salida 23

Consejeros del Gobierno de la Generalitat, incluyendo su vicepresidenta, Joana Ortega, y otras personalidades del partido gobernante han reconocido que si la prevista Ley catalana de Consultas y el decreto de convocatoria del referéndum sobre la independencia previsto para el 9 de noviembre son suspendidos por el Tribunal Constitucional, esa consulta podría aplazarse. Es la consecuencia obvia que se deduce de la tantas veces expresada voluntad de CiU de llevar el proceso de la consulta soberanista por una vía legal y pactada.

Pero cada vez que lo han dicho ha saltado Esquerra advirtiendo que si fuera necesario desobedecería al tribunal y sacaría las urnas a la calle, y ello ha obligado a CiU a matizar. Lo hizo ayer Artur Mas afirmando que el único plan sigue siendo “votar”, pero añadiendo: y hacerlo “bien”. O sea, legalmente. El coordinador general de CDC, Josep Rull, subrayó sin embargo que la consulta debe mantenerse, porque se hará al amparo de una ley “emanada de un Parlamento legítimo y democrático”, y marcó así distancias con la posición de Ortega. Insistió también en que, si de todas formas hubiera suspensión —quien decide sobre la competencia de convocar un referéndum es el Tribunal Constitucional—, pedirían “amparo internacional”.

Pero si los que se toman en serio el objetivo independentista defienden ir por la vía legal y pactada es justamente porque saben que ello es condición para que los Estados y la opinión pública internacional reconozcan al hipotético nuevo Estado. Es contradictorio buscar el amparo de la legalidad y proponer ignorarla.

Esta confusión dentro del soberanismo ya no afecta solo a la relación entre CiU y ERC, sino que empieza también a horadar la sintonía, cada vez más resquebrajada, entre Convergència y Unió. Ortega es de este último partido, al igual que el consejero de Agricultura, J. M. Pelegrí, que ayer dijo que todo el Govern comparte el criterio de la vicepresidenta, “que es también el del presidente Mas”. Al otro lado, Rull defendiendo la consulta y un Artur Mas, desorientado y debilitado por el asunto Pujol, y al que le podría interesar abrir una vía de acuerdo con Rajoy ante la hipótesis de que la consulta no llegue a realizarse y ERC le retire su apoyo. Es en realidad lo más probable.

La urdimbre del acuerdo podría estar formada por las 23 demandas presentadas a Rajoy en su encuentro del 30 de julio. Es cierto que resulta incoherente proclamar el derecho a la secesión y reclamar a la vez financiación para ciertas infraestructuras, pero no deja de reflejar la ambigüedad de la situación: tras la aparente unanimidad soberanista cada vez son más las voces que piden a Mas que negocie una salida no traumática. El memorial de agravios que llevó a La Moncloa podría dar ocasión para tejer una red de miniacuerdos que permita regresar al punto de partida: aquel en que Mas escenificó un independentismo impostado para presionar en favor de una reforma fiscal favorable para su comunidad.