Sin noticias del Plan Nacional de Derechos Humanos

Esta entrada ha sido escrita porMiguel Ángel Vázquez, del Proyecto Avizor.

Teodoro Obiang: Presidente de Guinea Ecuatorial, autócrata y firme apoyo para la candidatura de España al Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: AFP/EL PAÍS.

“Respetar los derechos humanos”, eso sí “sin que nadie pueda dar lecciones a nadie”. Así se expresaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el último encuentro que mantuvo con Teodoro Obiang hace unos días y esa parece ser su hoja de ruta en esta materia. Que nadie pueda dar lecciones a nadie. Derechos Humanos sí, pero que no molesten. No se sabe si con el objeto de que no entorpezcan nuestras relaciones con determinados actores de fuera de nuestras fronteras o porque, ciertamente, el presidente del Gobierno no se siente con autoridad para que España dé lecciones en esta materia a nadie.

Extraer estas conclusiones de una simple cita descontextualizada sería, sin lugar a dudas, osado. Sin embargo, lo que sí que es más sintomático para afirmar algo en esta línea es el hecho de que, año y medio después del compromiso explícito del Gobierno ante las Cortes, todavía no exista una actualización del Plan Nacional de Derechos Humanos ni se tenga noticia alguna del mismo. Ni está ni se le espera.

Un Plan Nacional de Derechos Humanos es la herramienta de la que se dotan los estados para convertir estos en un eje transversal a todas las políticas y actuaciones del gobierno de un país. Una especie de guía que vela por la coherencia entre la Declaración Universal y lo que hace un gobierno tanto dentro como fuera de sus fronteras. España firmó su primer Plan en el año 2008 bajo el Gobierno de Zapatero, cuando sólo otros 28 países del mundo lo tenían. Supuso un gran avance aunque pronto, con su puesta en práctica, resaltaron algunas carencias que merecería la pena mejorar con una segunda versión del Plan. En especial las relacionadas con la concreción de las propuestas, los plazos, la transparencia, los indicadores de seguimiento, la rendición de cuentas y las vías de participación de la sociedad civil, según apuntaba Amnistía Internacional.

Fue con ocasión del debate en el Congreso de los Diputados de una Proposición No de Ley aprobada con el apoyo del Grupo Popular, que el Gobierno de Rajoy compareció y se comprometió públicamente a elaborar la segunda versión del plan, un II Plan Nacional de Derechos Humanos, en el plazo de 18 meses desde ese momento. Pues bien, volviendo a la afirmación anterior, el Plan ni está ni se le espera. Sí se ha realizado la evaluación del anterior Plan, pero no hay rastro del trabajo encargado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para la elaboración del nuevo, ni señal de que vaya a ser presentado en breve. De hecho, el presidente de la comisión encargada de elaborarlo, dimitió hace tan solo unos meses por la inactividad de la misma y la falta de impulso político.

Todo esto llama especialmente la atención en un momento en el que España ha centrado su candidatura al Consejo de Seguridad de la ONU, precisamente, en su compromiso con los derechos humanos. Podría haber elegido las relaciones históricas con América Latina o su vínculo con el norte de África y el Sahel, pero prefirió enfatizar su defensa de los derechos humanos. Esta decisión, que en Naciones Unidas causó estupor cuando llegaron noticias de represiones a manifestaciones dentro de nuestras fronteras, hace más incomprensible todavía que el Gobierno no haya presionado para tener este trabajo cuanto antes.

Intentando comprender toda esta situación, caben tres posibles lecturas. La primera de todas es, simple y llanamente, que los derechos humanos no son una cuestión relevante y prioritaria para el Gobierno. En las próximas semanas se aprobará el primer Plan sobre Empresa y Derechos Humanos, lo cual puede servir al Gobierno para distraer la atención sobre la inacción en el otro frente. Sin embargo, esto no debería ser utilizado como excusa por un país que pretende que su apuesta por los derechos humanos sea tomada en serio. La segunda lectura atiende a las fechas. El primer Plan se elaboró en el año 2008, justo antes del estallido total de la crisis. Quizá los derechos humanos sean una realidad a la que se atiende cuando hay dinero, si no, pierden interés y se desvalorizan frente a otros prioridades. La tercera lectura abre una pregunta para reflexión. A un Gobierno que reduce drásticamente la justicia universal y la lucha contra la impunidad, que impulsa la llamada ‘Ley Mordaza’, que añade más concertinas a sus fronteras, que causa alarma internacional con la represión policial de sus manifestaciones, que restringe la sanidad a las personas migrantes… ¿realmente le interesa crear un instrumento objetivo que permita fiscalizar su actividad y le obligue a rendir cuentas anualmente ante la sociedad civil y la comunidad internacional de su cumplimiento de los derechos humanos? La respuesta, a falta de un Plan que la contradiga, está en los silencios.