El final del despilfarro

En política no basta con saber lo que hay que hacer; es imprescindible saber además cómo hay que hacerlo. El caso de la Ciudad de la Luz, el amago de infraestructura cinematográfica construido en Alicante por la Generalitat Valenciana, lo demuestra. El cine español necesita con urgencia una industria (idea muy cara a Luis García Berlanga) y la industria necesita infraestructuras. Construir una ciudad del cine en Alicante era una idea aceptable y coherente con el déficit industrial de la cinematografía española. Pero las autoridades autonómicas valencianas ejecutaron la idea de la peor manera posible. Se entregaron a costes gigantescos, a un despilfarro incesante de medios económicos —casos como el de la Ciudad de la Luz, el aeropuerto de Castellón o Terra Mítica contribuyeron a la quiebra de la comunidad y explican la corrupción regional generalizada— y a una espiral de desmesura política y empresarial que ahora pasan factura.

La Comisión Europea ha dictaminado, con toda razón, que el proyecto de la Ciudad de la Luz, en el que se han rodado varias superproducciones (como la exitosa Lo imposible), debe ser vendida porque las prácticas financieras con las que se construyó y se ha desarrollado constituyen “ayudas de Estado”. Es decir, son contrarias a la competencia leal en el mercado de la producción cinematográfica. La razón es sencilla de entender: la ciudad del cine de Alicante no obedecía a plan de negocio alguno, no tenía objetivos de ingresos, precios de producción, calendario de amortización ni propósito empresarial definido. Fue un simple mecanismo para enterrar cuantioso dinero público durante su construcción —un foco latente de corrupción a través de concesiones y comisiones— y una fuente inagotable de derroche después, cuando, sin tasa ni medida, se concedían subvenciones y prebendas a la productora que quisiera rodar allí.

Una inversión estimulante en potencia ha quedado convertida en una ruina más, vestigio de una era de derroche y fraude a los intereses públicos —ahí está, por ejemplo, el caso de los seis trenes del metro que la Generalitat catalana pagó en 2011 y siguen sin estrenar en las cocheras—, por la incapacidad de gestión de los administradores autonómicos.

Resulta llamativo que burócratas duchos en los vericuetos legales y en la normativa europea descuidaran tan flagrantemente el riesgo de que la chapucera gestión se convirtiera en un caso de ayudas de Estado que sanciona ahora Bruselas. El daño, que debería reclamarse política y judicialmente a los gestores responsables, es cuantioso. La Generalitat Valenciana tendrá que malvender la ciudad para recuperar los 275 millones sepultados entre sus ruinas. El esfuerzo monetario de los valencianos será malversado en beneficio de cualquiera que esté en disposición de comprar la Ciudad a precio de saldo. El cine español se merecía un fin mejor.