Reformar a medias

Bienvenido sea el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al círculo de los que constatan el deterioro del crédito de las instituciones y la necesidad de mejorar la calidad de la democracia en España. Nunca se había escuchado, al máximo nivel del partido en el Gobierno, un reconocimiento del malestar ciudadano con la política como el que se deduce de la intervención de Rajoy ante la cúpula de su partido el lunes pasado.

Sin duda hay que poner fin al exceso de personas con derecho a fuero judicial específico, uno de los aspectos evocados por el presidente Rajoy. La acumulación de excepciones a la regla general del “juez ordinario predeterminado por la ley” ha llevado a que en torno a 7.500 jueces y fiscales estén aforados por cuestiones relacionadas con sus funciones, y que también tengan derecho a fuero casi 2.000 personas más, entre altos cargos y parlamentarios estatales, y altos cargos y parlamentarios autonómicos. Pero modificar las situaciones que afectan a esos colectivos supondría alterar numerosas leyes, lo cual excluye un arreglo rápido en cuestión de meses.

Todo programa de regeneración quedará cojo si no se aborda el problema capital de la respuesta de las instituciones ante los casos de corrupción política y de los controles necesarios en la financiación de los partidos. Rajoy ya anunció cambios legislativos en esa materia hace año y medio, pero las medidas languidecen en el Congreso. De ahí la duda de si estamos ante el enésimo efecto-anuncio o si esta vez existe un verdadero plan.

Lo que se entiende menos, en ese contexto, es la inclusión de una medida como la elección directa de alcaldes por los ciudadanos. Es muy discutible que el modo de elección de los regidores municipales tenga que ver con la regeneración de la democracia. Más bien parece una disposición preventiva del PP ante la posible pérdida de apoyos electorales en el año próximo, que podrían poner muchas alcaldías en manos de las fuerzas de izquierda en el supuesto de que estas pactasen entre sí. A Rajoy le preocupa lo que llama la victoria de una “coalición de perdedores”, dejando claro cuál es la mayor de sus inquietudes a corto plazo.

En todo caso, un programa de reformas políticas, más o menos engalanado con términos como “regeneración democrática”, debe negociarse con los representantes de los ciudadanos —que tienen su sede en el Parlamento—, como piden otras fuerzas, específicamente el PSOE. Sería absurdo poner en marcha una iniciativa de reforma política solo por razones electoralistas, en vez de presentar una verdadera hoja de ruta.

Rajoy parece dispuesto incluso a retirar su veto a tocar la Constitución, aunque no concreta en qué aspectos piensa y lo condiciona a que exista pacto con otras fuerzas. Sin reforma de la Constitución cualquier propósito regeneracionista se quedará a medio camino, lejos en todo caso de lo que el país necesita.