Una reforma fiscal partidista

Esta entrada ha sido escrita por Ignacio Zubiri,Catedrático de Hacienda de laUniversidad del País Vasco

Foto: Ricardo Gutiérrez/EL PAÍS.

La reforma del gobierno es una rebaja fiscal del IRPF y del Impuesto de Sociedades (IS). En el primer caso se reducen los tipos generales, se minora la tributación del ahorro, se limitan algunas deducciones y se añade un toque de aparente preocupación social con deducciones familiares y para discapacitados. Más aparente que real porque, por un lado, se excluye de estos beneficios a quienes no están trabajando y, por otro, buena parte de estos beneficios (especialmente los familiares) pueden acabar beneficiando más a las rentas más altas. Si al gobierno realmente le preocupara el gasto social, mantendría los impuestos y aumentaría el gasto en servicios sociales. En el IS se bajan los tipos y se mantienen o transforman la mayoría de las deducciones. Por otro lado, con buena lógica, se consolidan algunas medidas limitadoras de beneficios fiscales (limitación a la deducción intereses y compensación de bases negativas o no deducción de ciertas pérdidas del valor contable de activos).

El coste de la rebaja es de 9000 millones (casi un punto del PIB). La rebaja se fía a largo plazo (las declaraciones del 2016 se presentan en 2017) y se confía en las privatizaciones y el crecimiento para que no lleve a España a la desestructuración (por reducción generalizada del gasto) o la precariedad financiera (por incumplimiento del déficit). En todo caso, incluso en el mejor de los escenarios, el gobierno va a gastar 9000 millones de euros menos que si no hubiera hecho la reforma.

Esta reforma tiene varios problemas. Los más importantes son:

1. Técnicamente está muy mal diseñada. Antes de la reforma el sistema fiscal tenía numerosos agujeros legales (exenciones, deducciones, etc.) y múltiples vía de evasión y elusión. El resultado era un sistema fiscal con una capacidad recaudatoria muy limitada que tenía tipos altos y recaudación baja. La reforma apenas toca las deducciones y no hace casi nada para reducir la elusión o el fraude fiscal. Por tanto hemos pasado de un sistema con tipos altos y recaudación baja a otro con tipos bajos y recaudación aún más baja.

2. Es muy regresiva. La reforma baja los impuestos para casi todos. Eso es cierto. El problema es que a unos se los bajan 200 euros y a otros 3.000, o más. Al mismo tiempo se deterioran (o no mejoran) los servicios públicos. Dado que las rentas bajas son las que más usan esos servicios, aunque le den un par de cientos de euros más acabará viviendo peor porque la sanidad será peor, la educación más deficiente o, si va al paro, recibirá prestaciones más bajas. Las rentas altas, las de capital y las empresas ganan por una doble vía. Primero, por lo que les hace la reforma (bajarles sustancialmente los tipos efectivos) y, segundo, por lo que no les hace (no cerrar vías de elusión y de evasión).

3. Puede retrasar la salida de la crisis. La reducción de impuestos aumenta el gasto privado pero al mismo tiempo reduce el gasto público. Si la reducción del gasto es igual a la de impuestos, además del deterioro de las prestaciones públicas, se producirá una contracción de la demanda agregada (como parte de la rebaja fiscal se ahorra, la reducción de demanda pública será mayor que el aumento de demanda privada). Si la reducción del gasto es menor que la bajada de impuestos, se podrá en riesgo un objetivo de déficit que, de hecho, casi nadie creía que se iba a cumplir incluso antes de la bajada de impuestos. Este incumplimiento (debido además a una bajada de impuestos) crearía tensiones financieras y con la UE.

Estos efectos se pueden minorar porque la rebaja es plazos (y puede revocarse antes de acabar), porque se van a privatizar empresas o porque la economía crezca de forma inesperada (por razones ajenas a la reforma). Pero eso último no es demasiado probable lo que implica que, si la reforma sigue hasta el final, puede acabar siendo muy perjudicial, especialmente para algunos.

Dos cualificaciones finales. Por un lado hay que señalar que la parte mas importante del recorte de ingresos la soportará el Estado y, por tanto, son sus prestaciones las que están en mayor riesgo. Por otro lado hay que señalar que la rebaja no afectará tampoco a los incentivos. Es verdad que, por ejemplo, las empresas, contratan más gente si sus beneficios aumentan porque venden más. Pero si sus beneficios aumentan por pagar menos impuestos no van a contratar a nadie más. Simplemente el ahorro fiscal se irá a dividendos. Si la reforma contrae la demanda agregada y no afecta a los incentivos decir, como hace el gobierno, que va a aumentar el PIB, aunque sólo sea un 0,55%, suena a broma poco creíble.

En suma, se trata de una reforma fiscal que sin ganancia global alguna se limita a transferir recursos de usos públicos a usos privados. Y eso a riesgo del déficit y las prestaciones públicas.