Otra reforma contraria al interés de los trabajadores

Esta entrada ha sida escrita porCarlos Bravo, del sindicato Comisiones Obreras.

Foto: EL PAÍS.

España necesita una profunda reforma fiscal que atienda distintos objetivos: aumentar la capacidad de nuestras administraciones públicas para invertir en políticas activas de empleo, formación y reinserción laboral; completar nuestros sistemas de protección social donde la crisis los está mostrando insuficientes (1,5 millones de personas sin salarios, pensiones o prestaciones públicas); invertir en infraestructuras; o fomentar la actividad productiva y la creación de empleo.

Esa reforma fiscal debe construir un sistema tributario eficiente y justo, socialmente legitimado y aceptado por ser sencillo y transparente, en el que todas las personas contribuyan en relación con su renta o patrimonio. Un sistema donde la imposición sea directa y progresiva, y el gasto público sea redistributivo. Ambos deben jugar un papel central y no ser sustituidos por impuestos indirectos más regresivos, de modo que España obtenga unos recursos comparables a los de los países de nuestro entorno.

Sin embargo, la propuesta de reforma que se acaba de hacer pública, tras meses de lanzar píldoras interesadas que solo hablaban de rebajas fiscales, no parece responder a lo anterior.

Sin perjuicio del análisis detallado de los cuatro anteproyectos de ley, ya podemos afirmar que la reforma es compleja y poco transparente. Se insiste en que reduce impuestos visibles, los directos, mientras la imposición indirecta -más injusta- gana peso relativo. Al tiempo que se silencia el incremento de impuestos por distintas vías, también en la propia tributación directa.

Tampoco parece reducirse el enorme diferencial de aportación fiscal entre las rentas del trabajo -las que aportan un trozo demasiado grande de los ingresos fiscales- respecto de las rentas del capital, que también se reducen, o de la imposición sobre el patrimonio acumulado.

Este país no se puede permitir la pérdida de ingresos que se anuncia y que no será compensada por otras vías. Con las previsiones de crecimiento económico que el Gobierno ha presentado ante la UE solo se puede vaticinar lo siguiente: más ajustes, un incremento de impuestos en el futuro (probablemente el IVA) o un incumplimiento de esta reforma una vez le hayan sacado todo el jugo electoral.

El Gobierno insiste en que inyecta dinero en la economía al reducir impuestos directos. Rechaza con ello hacerlo reduciendo el IVA que soportan los hogares (alimentos y energía en el hogar), lo que haría más justa la estructura fiscal y conseguiría un efecto similar. Renuncia también a compensar los menores ingresos con una mayor base fiscal, que se puede conseguir reforzando la equidad fiscal, combatiendo el fraude y eliminando las múltiples vías de elusión fiscal que benefician a colectivos numerosos, aunque minoritarios. Más aún,no se señala el impacto que sobre los propios impuestos directos tienen otras medidas menos publicitadas: variación en mínimos exentos, reducción por rendimientos del trabajo o la nueva obligación de tributar para las indemnizaciones por despido, por citar algunas.

Esta última, la de las indemnizaciones por despido, estaba hasta ahora exenta y recaerá sobre personas que pierden su puesto de trabajo, es decir sobre las que soportan en mayor medida el impacto de la crisis. No solo, como se ha dicho, a personas con rentas del trabajo de 20.000 € anuales o más, como si ese fuera un nivel salarial que ya no merece protección, también a personas con salarios inferiores a esa cifra. Con ella son ocho las reformas que desde 2012 han endurecido la situación de esas personas: reducción de indemnizaciones por despido, menor cuantía y mayor cotización en las prestaciones contributivas por desempleo, cuatro medidas de reducción de la protección social de las personas mayores de 52 años en situación de paro de larga duración, que afectan a cuantía, protección social, acceso y duración del subsidio por desempleo. Ahora se añade la obligación de tributar por la renta que, junto a la prestación por desempleo cuando esta existe, debe cubrir sus necesidades hasta encontrar un nuevo trabajo.

En definitiva, otra medida que presiona a la baja las condiciones salariales para acceder a un empleo. Se enmarca en la lógica con la que se afronta esta crisis: mayor desigualdad entre las personas, con especial impacto sobre personas desempleadas, inmigrantes y jóvenes.

En resumen, si no se corrige sustancialmente la propuesta fiscal presentada, alejándose de las urgencias coyunturales y atendiendo a las necesidades estructurales de nuestro país, estaremos ante otra oportunidad desperdiciada ¿y van …?