12 razones contra la búsqueda de petróleo en Baleares

“No hay por donde coger el informe que ha presentado Cairn”, ha asegurado en rueda de prensa Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace. “Hay imprecisiones y falsedades; hay tantas carencias que es imposible que un organismo autorice estas competencias”. El documento, de 86 páginas, se ha elaborado tomando como base los informes y alegaciones presentadas por organismos e instituciones baleares y por varios departamentos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), como la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

En una rueda de prensa celebrada a bordo del Rainbow Warrior, el buque insignia de la organización medioambiental que llegó el pasado miércoles a Ibiza, se ha destacado la unánime oposición a este proyecto por parte de todos los sectores sociales, desde pescadores hasta empresarios pasando por el Gobierno autonómico, ayuntamientos y organizaciones sociales y ecologistas. Tan solo el colectivo Alianza Mar Blava, creado a raíz de este, engloba a 75 organismos públicos, empresariales, sindicatos, ciudadanos, empresas cuyo sector se ve afectado. “Es un falso mito que las prospecciones vayan a reportar beneficios a la economía”, ha indicado Mari Ángeles Marí, portavoz de la Alianza. Es falso. “Se reducirá el empleo cuando los turistas sepan que cerca de nuestras playas idílicas hay una plataforma petrolífera”.

El propósito final de estos proyectos es extraer petróleo en el subsuelo marino, en aguas profundas, por medio de plataformas petrolíferas en alta mar. Son iniciativas de la misma naturaleza que el que provocó el mayor vertido de crudo de la historia: el de la plataforma Deepwater Horizon de British Petroleum en el golfo de México, el 20 de abril de 2010, que tardó tres meses en poder ser controlado.

Estas son las doce razones por las que Greenpeace y la sociedad balear se opone al proyecto:

1. Ausencia de una evaluación ambiental estratégica de todas las fases: Solo se ha analizado una parte del impacto ambiental porque, de todas las etapas del proyecto –desde los estudios geológicos hasta los de perforación– solo se ha tenido en cuenta la fase de recogida de datos mediante sísmica.
2. Solo se analiza el impacto que tendría cada proyecto por separado en lugar de evaluar de forma global las consecuencias de todos los proyectos que se pretenden aprobar en aguas del Mediterráneo español. “También habría que hacer una global, porque hay empresas que están pidiendo permisos en Italia y Francia, aunque en este país están paradas ahora mismo porque hay una moratoria”, explica Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace.
3. Omisiones, inconcreciones e inexactitudes en la descripción de los efectos ambientales, sociales y económicos. Greenpeace sostiene que es imposible valorar correctamente las consecuencias de esta actividad si no describen de forma correcta y pormenorizada.
4. El proyecto no se justifica desde el punto de vista energético y se ha obviado analizar la alternativa cero, es decir, no hacer nada. No hace falta más petróleo porque ni se va acabar con la dependencia energética de España ni se van a abaratar los costes. España consume al día 1,5 millones de barriles de petróleo. Las reservas estimadas por la patronal del sector en el área afectada son 272 millones de barriles, es decir, medio año de suministro como máximo.
5. Omisión de los daños que se podrían causar las prospecciones a zonas de alto valor ecológico como Lugares de Interés Comunitario, reservas o parques naturales integrados en la Red Natura 2000.
6. Impacto “directo y grave” sobre el medio ambiente y la pesquería. El proyecto, por su tipología y ubicación, puede tener efectos negativos significativos. Esta valoración recogida en el informe de Greenpeace se ha extraído del informe presentado por organismos públicos la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Magrama, o el Instituto Español de Oceanografía.
7. Las prospecciones afectan especialmente al área de reproducción y alimentación de la pardela Balear, un ave endémica y en peligro de extinción protegida por convenios internacionales y nacionales de protección de especies. Podría afectar a las principales colonias del mundo, en los islotes de Poniente y de Formentera.
8. Alto grado de contaminación marina, que causaría un un alto riesgo para la pesquería, la flora y la fauna marina. Especial riesgo corre la posidonia oceánica, el organismo vivo más grande del mundo. Pertenece a un hábitat integrado en la Red Natura 2000 y forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
9. La posibilidad de que se produzcan incidentes y/o accidentes en forma de vertidos petrolíferos en la ejecución de las fases siguientes, como la perforación. Las autoridades ambientales no pueden asegurar con certeza la inexistencia de riesgos para el estado de conservación de los hábitats y las especies protegidas, sostiene el informe.
10. El conjunto de medidas preventivas y mitigadoras presentadas en el informe de Cairn son ineficaces a nivel técnico y medioambiental. Una de las que se proponen es que el ruido marino que producen los sondeos sísmicos que se hagan con pulsos acústicos creciente para que a los cetáceos les dé tiempo a huir, pero eso no es viable, asegura Greenpeace. “Los delfines están protegidos y en eso la legislación es muy clara: no podemos hacer actividades que afecten a esta especies animales y no podemos desplazarlos caprichosamente de los lugares donde viven”, indica Pilar Marcos, portavoz de la ONG.
11. Graves efectos sobre el modelo económico de las islas de Ibiza y Formentera, y en la costa de Levante. Su mera existencia, indica el informe de Greenpeace, es totalmente incompatible con la industria turística basada en el mantenimiento de sus valores naturales.
12. El informe de la petrolífera no ha aplicado correctamente la Directiva europea que obliga a identificar los efectos directos e indirectos del proyecto de prospecciones petrolíferas, y no ha tenido en cuenta el amplio conflicto socioambiental generado, que se ha traducido en la presentación de más de cien mil alegaciones individuales.