No irse a pique

Tras el abordaje de varios barcos de narcotraficantes en aguas próximas a las españolas, se cierne un peligro de archivo de las causas judiciales abiertas al respecto. No hay problemas de confianza entre los colectivos que intervienen en la lucha (cuerpos de seguridad, fiscales, jueces), sino que todos ellos se ven obligados a aplicar una normativa que, en el mejor de los casos, crea confusión. No puede ser que los intentos precipitados de arreglar otros conflictos de la justicia universal conviertan en estériles operaciones basadas en buena información previa (propia o facilitada por servicios extranjeros), puesto que en todas ellas se encontraron fuertes cargamentos de droga.

La mayoría de los jueces penales de la Audiencia Nacional estiman que no son competentes en la materia. No porque se nieguen a actuar, sino porque creen que se lo impide la reciente limitación legal de la justicia universal, que el PP hizo aprobar a la carrera. La fiscalía trata de sacar partido a una frase de la ley que declara la competencia española para actuar en ciertos delitos cometidos “en los espacios marinos”, frente a otra frase de la misma norma que restringe la persecución internacional del narcotráfico a asuntos donde se acredite una conexión española. La cuestión queda pendiente, pero confiar en recursos que van y vienen exige demasiado tiempo.

Es cierto que hay mucho que investigar y controlar en el espacio de jurisdicción española —mercado de drogas y puerta de entrada importante de esas mercancías para el resto de la Unión Europea—, y que puede existir la tentación de desentenderse de los narcos cuando no pretenden alijar en este país. Solo así se comprenden las palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando sostuvo que los españoles no pueden convertirse en “los gendarmes internacionales en aguas internacionales”, matizadas después en el sentido de que los barcos de los narcotraficantes deben ser denunciados a “tribunales competentes”, en referencia a los de otros países.

Mientras no haya una reconsideración internacional del tratamiento que debe darse a esas sustancias —algunas voces proponen regular legalmente el mercado del hachís, para reducir el peligro corruptor de las mafias— está claro que España no puede facilitar la creación de espacios de impunidad.

Hay que resolver pronto el embrollo legal que ha dado origen a esa situación. Queda suficientemente confirmado el error del Gobierno de haber promovido una reforma legal precipitada, saltándose los dictámenes de órganos consultivos (Consejo de Estado, Poder Judicial, Fiscalía) que probablemente habrían servido para detectar los agujeros o los problemas de interpretación de la reforma. Urge encontrar soluciones sensatas, si no queremos que parte de la inversión de esfuerzos realizada en la lucha contra el narcotráfico se vaya a pique por problemas formales.