Inseguridad y barbarie

Lejos de ser un horripilante caso aislado, la muerte, en Rosario, de un ladrón de 18 años pateado por unos vecinos ha tenido un efecto contagio en otras ciudades de Argentina. En las dos semanas transcurridas desde aquel linchamiento, 13 delincuentes han sido apaleados en plena calle.

La inseguridad es la primera preocupación de muchos argentinos. Aumentan los homicidios y el narcotráfico, y los robos son una epidemia. La población está hastiada de la impunidad. Pero esta oleada de barbarie revela que algo más profundo se está rompiendo en esa sociedad. Las noticias de linchamientos en América Latina llegan sobre todo de zonas rurales de Guatemala, Bolivia y México, como una práctica no desterrada de la llamada justicia comunitaria. Que en las urbes argentinas empiece a replicarse debería hacer reaccionar rápidamente a las autoridades y a las fuerzas sociales.

Al Gobierno en primer lugar. Y no es buena señal que la presidenta Cristina Fernández evite llamar a las cosas por su nombre (linchamientos o criminalidad), como si los problemas dejaran de existir al no hablar de ellos. Tampoco es una buena señal que su equipo eche la culpa a los gobernadores o equivoque tanto el diagnóstico como para hablar de “un problema de extrema derechización” o de “enfrentamiento entre ricos y pobres”, cuando la delincuencia golpea con más saña a la población más humilde, que vive en los grandes asentamientos, usa transporte público, no tiene seguridad privada y se siente desamparada.

No ocurre solo en Argentina. La sensación de vulnerabilidad, derivada de la inoperancia de la policía (o, en ciertos casos, de la connivencia con los criminales) y la laxitud judicial, impulsa fenómenos peligrosos —como las autodefensas en México o la vigilancia vecinal colombiana— que con frecuencia se van de las manos.

En Argentina, además, el discurso de confrontación permanente y la agresividad de los representantes políticos agudizan la violencia ambiental. Tampoco ayuda a recobrar la cordura el amarillismo de algunos medios. La situación exige un ejercicio de responsabilidad por parte de todos. La operación antinarco impulsada en Rosario, en la que colaboran Gobierno (peronista) y autoridades regionales (socialistas) es el camino correcto. El problema es que la inseguridad puede ser una baza demasiado apetitosa a un año de las elecciones generales.