¿Cuánto cuesta acabar con la pobreza infantil en España?

Foto: UNICEF Comité Español.

Estoy trabajando estos días en una investigación sobre la evolución del gasto público español en políticas de infancia durante la crisis. El asunto no es poco relevante, si consideramos que –según un trabajo de Virginia Rodríguez para Save the Children- uno de cada tres menores en España vive en la pobreza o en riesgo de exclusión. El impacto de la crisis sobre la infancia ha sido desproporcionado con respecto a otros grupos (¡Dios guarde el sistema de pensiones!) y a otros países, y la brecha que separa a los hogares ricos de los pobres castiga particularmente a los que tienen hijos. Lo que supone ahora este sufrimiento para los propios niños y sus familias es fácil de imaginar, pero si consideramos las implicaciones que tendrá para su futuro y el de nuestro país (pensiones, productividad, cohesión social) no es exagerado hablar de una emergencia nacional.

Pues bien, este es mi drama, que comparto con ustedes, sufridos lectores: resulta humanamente imposible encontrar un cálculo razonado de lo que se gasta y de lo que se gastaba antes, por no hablar ya de cuánto pensamos que se debería gastar para hacer frente a este problema. Ni lo sé yo, ni lo saben los políticos responsables de esta tarea, ni tampoco los parlamentarios que deben fiscalizarla. El hecho de que no podamos tener un debate público informado sobre un asunto tan importante porque los números no están disponibles me parece inexcusable.

Algunas partidas –como educación, salud y protección social- pueden ser identificadas o asignadas con cierta facilidad. También se podría calcular el gasto en rubros específicos como las prestaciones por hijo a cargo y otras ligadas específicamente a las familias (los profesores Ayala y Cantó recordaban en un trabajo para UNICEF publicado la semana pasada hasta qué punto estas ayudas pueden determinar el bienestar de los niños). Pero esos datos no aparecen agregados en ninguna parte (mucho menos en los Presupuestos Generales del Estado).Lo que es más importante, en un sistema social mediterráneo como el español la situación de las familias determina en mayor medida que en otros países el estado de los niños. Así que necesitamos saber cuánto contribuyen y cuánto deben contribuir las medidas que se tomen en materia de vivienda, prestaciones por desempleo o discapacidad en los hogares en los que viven niños. Y no lo sabemos. La opacidad informativa ha sido denunciada de manera repetida por las organizaciones que trabajan contra la pobreza infantil, incluyendo el propio Comité de los Derechos del Niño.

Este Gobierno ha asumido entre sus prioridades la protección de los niños durante la crisis, un compromiso que se ha traducido en la elaboración de un Plan Estratégico Nacional sobre Infancia y Adolescencia y un Plan Nacional de Inclusión Social. Ambos son esfuerzos importantes que contemplan medidas concretas para reducir la pobreza infantil. Pero la estimación presupuestaria se reduce a una hojita al final de los documentos. En ausencia de una información agregada y comprehensiva sobre el gasto público en infancia, nuestra capacidad para medir el cumplimiento y el impacto de estos planes es muy limitada. Además de velar por la ortodoxia de los recortes, la flamante Oficina Presupuestaria del Congreso podría ocuparse de facilitar este tipo de información. Nos haría un favor a todos.

[Desde la Fundación porCausa le vamos a hincar el diente a este asunto en los próximos meses. Sigan conectados]