Violencia inadmisible

El enorme despliegue policial anunciado el sábado en Madrid se vio desbordado por cientos de personas que, organizadas con tácticas de guerrilla urbana y bien provistas de objetos contundentes, atacaron a grupos de policías y causaron graves heridas a algunos de ellos. Hay que condenar la violencia sin paliativos, sea independentista, de extrema izquierda o de extrema derecha. No se puede confundir el derecho de manifestación ejercido en las marchas del 22-M, que discurrieron de forma pacífica —salvo incidentes aislados— con los ataques contra la policía tras el final de los actos.

Varias de las reivindicaciones expresadas en las marchas son muy discutibles, como oponerse al pago de la deuda o afirmar que el régimen surgido de la Constitución nació “en contra del pueblo”. En todo caso, los que así piensan tienen derecho a sostenerlo pacíficamente. A las manifestaciones se sumaron muchas personas que, sin compartir el radicalismo implícito en esa fraseología, quisieron protestar contra las injusticias o el recorte del Estado del bienestar.

Lo que no puede aceptarse es que esas reivindicaciones sean compatibles con la guerrilla urbana. El resultado fue desastroso: 101 heridos (67 policías y 34 manifestantes) y 24 detenidos, uno de ellos enviado a la cárcel de inmediato por el juez. Los organizadores de este tipo de protestas harían bien en separarse nítidamente de la violencia. Nadie que reivindique derechos sociales puede sostener el derecho al vandalismo, ni menos aceptar que los violentos revienten el uso pacífico del derecho de manifestación y pongan en peligro a los ciudadanos que hacen uso del mismo.

La violencia es inadmisible en la sociedad democrática, y los que la ejercen no tienen nada de demócratas. El cordón sanitario sobre el vandalismo tiene que ser preciso y explícito. Dejemos las cosas claras antes de que la situación degenere.

También es importante que el Gobierno explique el porqué del desbordamiento policial. Esto no fue una emboscada en un lugar inesperado, sino que sucedió en la zona prevista para el final de la concentración de las mencionadas marchas y cuando se sabía de las pretensiones de grupos violentos. También hay que aclarar si la policía intervino en la plaza de Colón antes de que terminase el acto legal. Hay, pues, varias razones para esperar del Gobierno una explicación.