Alaya fuerza el proceso

Si la juez Mercedes Alaya tiene indicios fundados de que tres cargos de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía cometieron delitos de los que han podido derivarse daños al erario, puede tener sentido fijarles fianzas en concepto de responsabilidad civil. Sin embargo, la juez fuerza los límites de su función instructora al justificar las medidas cautelares en la “probabilidad cierta” de que los tres sean condenados, entre ellos Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía. Alaya toma decisiones en función de una visión prospectiva que roza seriamente el principio de la presunción de inocencia, para sustituirlo por el de una hipotética futura condena.

La función del juez de instrucción no es juzgar ni adelantar juicios, sino investigar activamente el delito, con el debido cuidado hacia las garantías de los afectados. Sorprende, además, que haya esperado nueve meses para hacerlo, pese a que tiene imputada a Álvarez desde el verano pasado; y lo hace ahora, cuando está pendiente un recurso contra la imputación. Es decir, toma severas medidas cautelares en función de una decisión que no es firme.

Más allá de los problemas formales, llama la atención el fondo del asunto. El tipo de indicios criminales aducidos por la instructora no se refiere a apropiaciones de dinero, sino a que Magdalena Álvarez y su equipo son los diseñadores del mecanismo empleado para crear el fondo de los ERE, que la juez considera la clave de que se haya podido repartir dinero público sin la debida fiscalización. De ser cierto, sería un asunto en verdad grave. Sin ninguna duda. Pero si el método cuestionado se aplicó entre 2000 y 2011, como sostiene la instructora, no se entiende que reserve su dureza al equipo que estuvo en la Consejería de Economía solo hasta 2004. No ha dictado medidas contra los sucesores de Álvarez, entre ellos José Antonio Griñán, ni contra personas que desempeñaron otros cargos muy relacionados con la administración del fondo de los ERE, y que ahora tienen fuero del Supremo. Si les considera implicados, Alaya está obligada legalmente a inhibirse a favor del alto tribunal, en vez de dar la impresión de haber seleccionado a Magdalena Álvarez como objetivo concreto.

La juez encamina sus pasos hacia la consideración como delito de todo el procedimiento presupuestario de la Junta de Andalucía, que los diputados del Parlamento andaluz habrían aprobado simplemente porque son ignorantes en la materia —como ella misma sugiere en su auto del 11 de marzo, cuando afirma que la complejidad del lenguaje presupuestario “solo es accesible a expertos”—. Hora es de que la justicia determine con fundamento lo que es delictivo y lo que no lo es; y que fije las responsabilidades pertinentes en un asunto objetivamente tan grave como es la desviación de fondos públicos para fines distintos de los previstos.