Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra
EDITORIAL

Resolución sin efecto

La decisión del Parlamento navarro de pedir la dimisión de Barcina complica la salida del caso

El pleno del Parlamento navarro asumió ayer como propio el dictamen de la comisión de investigación reunida a finales de febrero para dilucidar las eventuales responsabilidades políticas de la presidenta del Gobierno de la comunidad, Yolanda Barcina, y su consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, en relación con las acusaciones de “injerencia” en su tarea planteadas por la exdirectora de Hacienda. La resolución, que incluye la petición de dimisión de ambas, fue votada por el PSN, Izquierda/Ezkerra y los nacionalistas de Bildu, Aralar y Geroa Bai: 27 votos, frente a los 23 en contra de UPN y PP.

El dictamen de la comisión no era concluyente respecto a los episodios concretos denunciados, y fue redactado —según reveló ayer Patxi Zabaleta, de Aralar— a medida para que encajara con las acusaciones de las que el líder del PSN, Roberto Jiménez, hacía depender la moción de censura si Barcina no dimitía. Además, la extensión a la presidenta de las acusaciones contra Goicoechea (por sus responsabilidades in vigilando) resulta algo excesiva como causa de una moción de ese tipo.

El líder socialista pudo aprovechar las debilidades del dictamen para dar marcha atrás, a la vista de la oposición de Ferraz, y convertir la moción en una reprobación, pero le faltaron reflejos. Barcina, por su parte, ha dicho que no piensa dimitir porque fue “elegida para cuatro años” y porque unas elecciones anticipadas no resolverían el problema de gobernabilidad planteado desde que rompió con el PSN en junio de 2012, quedando, con sus 19 escaños sobre 50, en minoría frente a una heterogénea oposición.

Probablemente unas elecciones anticipadas no resolverían el problema, pero seguro que el bloqueo seguirá en los 14 meses que faltan hasta las siguientes elecciones si no se encuentra alguna fórmula para recomponer el acuerdo. Si Barcina y el socialista Jiménez son incapaces de hacerlo, dada su mutua animadversión, tal vez unas elecciones anticipadas con diferentes candidatos no sería la peor solución. Y si no ocurre, sería deseable al menos que los principales protagonistas de esta crisis no se empeñen ahora en darse la razón retrospectivamente boicoteando toda iniciativa del Ejecutivo (para demostrar su incapacidad para gobernar) o bloqueando cualquier iniciativa parlamentaria de la oposición (para probar que su mayoría como coalición negativa es estéril).

 

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.