¿Tribunales sólo para negros y que tratan a las mujeres como menores?

Las organizaciones de defensa de derechos humanos y de la mujer sudafricanas respiraron tranquilas al trascender que el Gobierno había recapacitado y enterrado el borrador de la Ley de los tribunales tradicionales. Pero fue un malentendido, una falsa alarma porque poco después un portavoz del Ministerio de Justicia aclaró que no se ha dado un paso atrás sino que la inmediatez de las elecciones generales del 7 de mayo hace casi imposible que el proyecto salga adelante en esta legislatura pero que en la próxima espera de recuperarlo en la siguiente.

La seguridad del Ejecutivo de tener la capacidad de poner en juego esta iniciativa es casi un hecho porque nadie cree que el Congreso Nacional Africano (ANC, en inglés) continúe con mayoría suficiente para gobernar. La buena noticia es que la ministra de la Mujer, Niños y Discapacitados, Lulu Xingwana, ya ha advertido de que habrá que volver a elaborar un nuevo borrador y consultar a las bases y no únicamente “a los líderes tribales como hasta ahora”.

La polémica viene de largo. El primer borrador se remonta al 2008 y ya entonces la fuerte oposición, no sólo de organizaciones civiles sino también de dentro del mismo ANC y Ejecutivo, consiguió paralizarlo.

Pero el presidente, el zulú Jacob Zuma, retomó de nuevo el texto, que estaba en fase de debate en los territorios con visos de recibir un varapalo ya que sólo dos de los nueve Parlamentos provinciales dieron el visto bueno. Hasta en KwaZulu-Natal, tierra de los tradicionalistas zulús, votaron en contra.

El proyecto supone reconocer en la Constitución unos ya existentes tribunales, vigentes en las áreas rurales y que se rigen por costumbres y tradiciones y que imparten los líderes tribales, conocidos por sus posturas homófobas y que presionan al Gobierno, por ejemplo, para que elimine los derechos a los homosexuales.

Durante años, el Gobierno ha desoído las protestas de buena parte de la sociedad civil y para su defensa alega que el objetivo era, precisamente, asegurar que esos juzgados impartieran una justicia igualitaria. Pero desde la oposición se denuncia que es una iniciativa para satisfacer únicamente a los aún influyentes jefes y reyes tribales, que quieren mantener su autoridad como contrapunto a las “costumbres occidentales”.

Protesta contra el proyecto de ley de tribunales populares por inconsitucionaly antidemocrática. Fuente: customcontested.co.za

"Esto no tiene nada que ver con la tradición sino con un poder autoritario y patriarcal que se le da a los líderes tradicionales", responde Marthe Muller, responsable del fórum de Mujeres Sudafricanas en Diálogo (SAWID, en sus siglas en inglés). Forma parte de una coalición de organizaciones en favor de la igualdad de género y denuncia que la aprobación sería un "paso atrás" en los logros de igualdad racial y de género tras dos décadas de democracia en Sudáfrica. Muller también cuestiona quién controlaría a esos jueces o a qué se destinaría el dinero que se recaude con las multas que impongan.

De hecho, tal y como estaba la iniciativa, se relega a las mujeres en un simple papel de espectadora y fortalece un sistema judicial sólo para negros, lo que para muchos supone revivir la pesadilla no tan lejana del apartheid (separación, en afrikáans) que ya se daba felizmente por superada.

Estos juzgados tribales dan cobertura a entre 15 y 18 millones de sudafricanos, la mayoría negros y pobres, que viven en pequeñas aldeas rurales y que, en muchas ocasiones, por ignorancia del sistema convencional o por la comodidad de la proximidad geográfica y cultural recurren a las autoridades locales para resolver conflictos vecinales, pequeños robos o casos de violencia doméstica.

Zuma (izquierda) y el rey zulú, Goodwill Zwelithini, se ríen a carcajadas

En muchas de estas audiencias públicas, las mujeres tienen prohibido presentarse como acusadoras o defenderse por sí solas y se les obliga a estar representadas por un varón de la familia. Peor lo tienen las solteras o las menores, a las que no se les permite asistir a una sesión.

ONG y algunas afectadas han denunciado públicamente presiones para que ni siquiera denuncien porque los hombres de sus comunidades o familias les advierten de que lo tendrán difícil para ganar.

Ante este panorama, muchas mujeres optan por no denunciar casos de violencia machista. Este silencio es especialmente dramático en Sudáfrica, que tiene una de las tasas de violencia más altas del mundo y se calcula que cada día 3.600 mujeres son violadas y otras tres mueren asesinadas.

Jefes ndebeles, en un acto en Johannesburgo, en 2009. Foto: Themba Hadebebe / AP

Las entidades en contra del proyecto alertan de que de aprobarse tal y como está redactado ahora el borrador congelado, la Ley daría cobertura legal a una justicia antidemocrática que discrimina a las mujeres y perpetúa un sistema patriarcal que choca con los principios de la Constitución de 1994.Hay también la lectura en clave racial. Un estudio de la Universidad de Ciudad del Cabo que firma la abogada Aninka Claassens destaca que, como sucedía en el apartheid, se crearía un "doble sistema judicial" para negros. "Serían ciudadanos de segunda", concluye. De hecho, la justicia tribal está actualmente regulada por la Ley de Administración Negra de 1927, en la Sudáfrica colonial y racista.

Manifestación de homosexuales en contra de los líderes tribales por susdeclaraciones homófobas, en 2013. Fuente: Mamba

Claassens advierte de que se están dando poderes "autocráticos" a los líderes de las pequeñas comunidades y se obliga a los vecinos a someterse a esa jurisdicción. Con el proyecto de ley, los tribunales tradicionales se equiparan a los ordinarios en algunos casos. Podrán juzgar robos, injurias, ataques contra la propiedad y conflictos civiles, aunque reserva para los jueces profesionales divorcios y custodias de menores. En cuanto a las condenas, se les prohíbe expresamente castigos corporales, tratos "inhumanos" o detenciones pero se aceptan trabajos forzosos "para la comunidad". En este punto, la investigadora subraya el peligro de que el jefe tribal aplique la "costumbre" de obligar a la mujer a trabajar en sus campos. Además, se sobrepasa la Constitución cuando se limita al máximo el derecho a apelación, por lo que la práctica son tribunales de primera y última instancia y se excluye la asistencia de abogados en las causas.