El PP rechazó en 2013 todas las iniciativas legislativas de la oposición contra la pobreza

Esta entrada ha sido escrita por Javier Pérez (@javipe_ciecode) Director del Centro de Investigación y Estudios de Comercio y Desarrollo (CIECODE) y Alba Gutiérrez (@albagutierrezf) responsable del Proyecto Avizor (@proyectoavizor).

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados. Fuente: Cadena Ser.

A medio camino del Debate sobre el Estado de la Nación, no es noticia que el Presidente del Gobierno haya omitido cualquier compromiso en materia de lucha contra la pobreza o de promoción de un desarrollo internacional más equitativo y sostenible. En esto el debate resume bien su actividad parlamentaria del último año. Tampoco es probable que los partidos de la oposición vayan a darle a estos temas mucha prioridad. De acuerdo con los datos recogidos por elProyecto Avizoren el análisis de más de 600 actos parlamentarios a lo largo del último año (1.600 en lo que va de legislatura), seis de cada diez veces que algún miembro del Congreso de los Diputados se ha pronunciado sobre temáticas que afectan directamente al desarrollo –como la energía, la defensa o la inmigración- lo ha hecho ignorando sus implicaciones sobre este o pronunciándose directamente en términos negativos para la lucha contra la pobreza. Solo en el caso de dos de los siete grupos parlamentarios (Izquierda Plural y UPyD) los actos planteados en términos favorables al desarrollo durante 2013 han superado el cincuenta por ciento de todos sus actos registrados.

Durante 2013, en el Congreso se ha debatido mucho sobre las implicaciones legales y humanitarias de la política migratoria y fronteriza española (CIE, reforma sanitaria, expulsión de inmigrantes o política de refugio y asilo) siendo el ámbito político en el que los diputados han tenido más presente la perspectiva de desarrollo y de defensa de los derechos humanos. Muy distinto es el caso de la política energética, en la que el 78 por ciento de los actos parlamentarios registrados han obviado su relevancia para el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.

Se trata de un problema de raíz. Nuestros datos vuelven a poner este año en entredicho la relevancia práctica del Congreso de los Diputados. La mayoría absoluta ha marginado el juego parlamentario respecto a la función legislativa, reducida a poco más que un diálogo entre el Gobierno y su grupo parlamentario. En 2013, el 100 por 100 de las Proposiciones de Ley presentadas por la oposición en materia de lucha contra la pobreza fueron rechazadas. De las pocas enmiendas a Proyectos de Ley aceptadas, todas ellas fueron modificadas antes de ser aprobadas. De otra parte, los diversos acuerdos de orientación política al Gobierno alcanzados tras largos e intensos debates por los grupos parlamentarios han demostrado ser perfectamente inútiles en la mayoría de los casos. A pesar de no disponer aún de las cifras definitivas, los datos apuntan a que éstos están siendo sistemáticamente incumplidos o, lo que es aún peor, ignorados por el Ejecutivo.

Acuerdos muy positivos (aprobados en muchos casos con el consenso de todas las fuerzas políticas) en temas tan relevantes como la renovación del Plan Nacional de Derechos Humanos, la lucha contra la lacra de los niños soldados, la contribución española al Fondo Mundial de lucha contra al SIDA, la tuberculosis y la malaria y docenas de acuerdos más, descansan en un cajón desde el día en que fueron aprobados, sin que el Gobierno haya rendido siquiera cuentas sobre el por qué del incumplimiento y sin que los diputados que las propusieron, debatieron y aprobaron se hayan preocupado mucho por ello tampoco. ¿Se hablará de alguna de estas cuestiones en el Debate del Estado de la Nación? Lo dudamos.

Más allá de la decenas de titulares, anécdotas, pataletas e intervenciones polémicas e ingeniosas que el Debate del Estado de la Nación dejará para las portadas, los ciudadanos seguimos esperando que el Congreso de los Diputados se reinvente en un órgano útil, que desempeñe desde la pluralidad y con eficacia sus labores de legislar, controlar y orientar al Gobierno con el objetivo de dar respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos y a los retos globales de nuestro tiempo.