Bajo tutela legal del Estado

Según el proyecto de reforma de la ley del aborto, las mujeres no son personas emancipadas que puedan decidir por sí mismas sobre una cuestión tan vital como la de ser madre. Puestos a negarles autonomía como personas, se les niega incluso responsabilidad penal: el aborto se presenta casi como un asesinato, pero la mujer que lo comete no va a la cárcel (“no será objeto de reproche penal”). Sí se perseguirá al ginecólogo (o ginecóloga, se entiende). La mujer en cuyo cuerpo se está desarrollando el feto no es culpable ni siquiera en grado de complicidad; se la trata como incapaz jurídicamente. Por fortuna, la mayoría de las mujeres en la angustiosa situación del embarazo no deseado encontrarán la forma de ponerle fin en alguna clínica fuera de España. Los políticos que promueven esta reforma, ¿tendrán intereses en consultas ginecológicas extranjeras? ¿Son accionistas de las agencias de viaje especializadas que sin duda empezarán a brotar como setas?— Anahí Seri Murciano. Valencia.