Ruido sobre la Infanta

El fiscal Pedro Horrach, que no había recurrido contra la imputación de doña Cristina, solicita ahora unas urgentes diligencias encaminadas a desvirtuar el auto dictado por el juez José Castro sobre la Infanta. Se trata de un recurso encubierto bajo la petición de nuevas pruebas. Formalmente no se presenta como tal, evitando las dilaciones a que daría origen su tramitación, pero pretende que declaren varios funcionarios que sacarán al magistrado de las dudas o errores que, en su consideración, incluye el auto judicial de imputación del 7 de enero.

El alegato del fiscal no está exento de interés y de buenas razones. Por una parte reconoce que aquí hay asuntos que parecen inmorales: la firma Aizoon, propiedad al 50% de la Infanta y de Iñaki Urdangarin, “repartió dividendos a sus socios camuflados bajo gastos personales ajenos a la actividad mercantil”; pero el ministerio público precisa que eso no es delito, así que no hay caso penal. Y recuerda también que el Instituto Nóos y todas las sociedades mercantiles que giraban en torno al mismo estaban destinadas a “consumar la apropiación de fondos públicos percibidos por el citado Instituto”. Sin embargo, aporta argumentos técnicos con los que intenta precisar que o bien sus actividades no son responsabilidad de doña Cristina o bien no hay delito.

Nunca se recordará lo bastante el uso espurio que se hace en España del término legal “imputación”, que no implica acusación formal, sino la justificación de las razones por las que un juez cree preciso tomar declaración a una persona asistida de abogado. En todo caso, los argumentos de fondo del fiscal quedan enmarañados en las acusaciones que vierte contra el juez: le atribuye ser menos riguroso que la Agencia Tributaria; le presenta como un desconocedor de materias fiscales y contables; y le dice que se ha dejado llevar por una “teoría conspiratoria”. Si el fiscal cree que estamos ante una conspiración, la sociedad debería conocer los elementos en los que se basa para lanzar esa sospecha.

Tampoco ha estado acertado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al intervenir en la polémica sobre si la Infanta debe recorrer a pie o no la cuesta hacia la sede de los juzgados de Palma, alegando que se trata de una “pena paralela”. Es comprensible que la Infanta requiera medidas de seguridad distintas de otras personas llamadas a declarar, y cabe suponer que el Poder Judicial lo tendrá en cuenta a la hora de organizar esa comparecencia. Pero una polémica para el consumo de charlistas no necesita la intervención de un miembro cualificado del Poder Ejecutivo, sobre todo en materia que no es de su incumbencia.

Lo importante es clarificar qué pasó y a quién deben atribuirse las responsabilidades por lo ocurrido en el Instituto Nóos y en sus sociedades pantalla. La igualdad ante la ley no se favorece con esos intentos de hacer ruido en torno al proceso, en vez de llevarlo a término de una vez.