Federalismo contra reduccionismo

De acuerdo con el “trilema” formulado por el economista norteamericano Dani Rodrik, existen tres realidades, de las cuales hay que elegir dos porque las tres simultáneamente son incompatibles: el Estado-nación, la democracia política y la integración económica supranacional. En los años anteriores a la Gran Depresión de los años treinta, el mantenimiento estricto del patrón oro permitió compatibilizar la integración económica internacional y los Estados-nación, pero poniendo en serio peligro la democracia política. Ello debido a que la camisa de fuerza del patrón oro no podía dar respuesta a las demandas crecientes de la ciudadanía, canalizadas a través de instituciones exclusivamente nacionales.

En las décadas posteriores a la II Guerra Mundial, los Estados-nación y la democracia política coexistieron en los países desarrollados porque la integración económica internacional se limitó a los acuerdos de Bretton-Woods. Superados estos, un federalismo global haría compatibles la democracia y la integración económica internacional dejando atrás el Estado-nación, pero estamos lejos de alcanzarlo y no sería aconsejable sin antes asegurar la existencia y modernización del Estado de bienestar. En Europa sí tenemos en nuestras manos hacer compatibles la democracia política y la integración económica, pero solo si se reduce el protagonismo de los Estados-nación, por lo menos tal como los hemos entendido hasta ahora (en parte, ya lo estamos haciendo). El reto a nuestro alcance es crear un gran sujeto político y económico, la Unión Europea, cuya seña de identidad sea la prosperidad compartida, y que sea relevante en un mundo que tiene planteados enormes retos globales (el cambio climático, la estabilidad financiera, la pobreza mundial).

Algunas élites en cambio, convencidas de su capacidad para sobrevivir y progresar en un mundo global, son partidarias de una segunda opción alternativa a la del federalismo europeo: reforzar o crear nuevos Estados-nación en un mundo de libre comercio y pocas trabas burocráticas (preferirían, para entendernos, estar en la EFTA y no en la UE) de forma que el mundo funcione sobre la base de una competencia abierta entre jurisdicciones enfocada a aportar y atraer factores móviles de producción, reduciendo impuestos y estándares regulatorios. El mercado quedaría lejos del alcance de las instituciones públicas democráticas; estas quedarían empequeñecidas y sometidas a aquel.

Una tercera opción sería olvidar la integración económica y el proyecto de unidad política europea y soltar amarras en un marco de aislamiento de los mercados y de toma de decisiones unilaterales. Es el modelo que parece preferir cierta izquierda rupturista o cierta derecha populista. Eso supondría alejarse de los grandes procesos de confluencia y creer que en el mundo de hoy se puede construir una sociedad distinta solo en un pequeño país.

A identidades complejas y solapadas corresponden instituciones
complejas y solapadas

La mejor forma de decidir entre estas opciones, todas ellas viables (aunque no igual de fáciles de llevar a cabo), es mediante la democracia deliberativa, la articulación de programas que reflejen políticas complementarias y la intervención de los representantes a los distintos niveles elegidos democráticamente, con la máxima participación ciudadana.

Desde el punto de vista económico, es una actitud reduccionista comparar secesionismo y federalismo exclusivamente desde el punto de vista de la Hacienda pública, como si lo único que estuviera en juego fueran las “balanzas fiscales”. En primer lugar, hay mucho más en juego en lo que se refiere a la capacidad de generación de riqueza que en lo que se refiere a quién se queda con qué parte de los impuestos (una parte de la riqueza generada). En segundo lugar, la acción pública incide sobre la capacidad de generación de riqueza de formas que van mucho más allá de su incidencia a través de gastos e ingresos. Por ejemplo, de las tensiones apuntadas por Rodrik se deduce que el tamaño del Estado es conveniente que se acerque al del mercado y así ha sido en muchos momentos históricamente. El mercado, que sin instituciones que lo sostengan difícilmente es estable, no tiene hoy fronteras precisas. En consecuencia, los Estados las deberán tener cada vez menos. Pero igual que los mercados pueden ser fuertes sin fronteras precisas, la acción colectiva debe aspirar a ser fuerte en este mundo más fluido e interconectado.

Tan importante como cuánto se gasta y cuánto se ingresa es la determinación de los bienes públicos que se promueven. En la España actual, muchos creemos que determinados bienes públicos se proveen de un modo que tiene más en cuenta las preferencias de una parte de los españoles que las de otros: lengua, símbolos, infraestructuras, sedes de organismos. No solo importa la escala de los bienes públicos, sino también su estructura y características. Por otra parte, una hipotética independencia de Cataluña también daría lugar a una provisión de bienes colectivos que estaría inclinada (por diseño o por inercia) a satisfacer las preferencias de aquellos que no tengan lazos con el resto de España.

La mejor forma de optar es mediante democracia, programas, representantes y participación ciudadana

El federalismo tiene límites imprecisos y puede significar cosas distintas para distintas personas. Pero tiene la ventaja de referirse a una fértil tradición en España y Cataluña (que es vista con creciente simpatía en todas las encuestas y en los editoriales de la prensa internacional), asociada a los sectores progresistas e ilustrados que intentaban acomodar los distintos sentimientos de pertenencia nacional desde mediados del siglo XIX. Y de referirse a la experiencia internacional exitosa de países complejos y distintos entre ellos, autodenominados federales, como Alemania, Suiza, Canadá, Estados Unidos o Australia. El análisis de lo que nos falta para ser como ellos en España y progresivamente (lo más rápidamente posible) en Europa ofrecerá las claves para avanzar hacia el futuro.

Una España federal facilitaría un mejor encaje en una Europa que necesariamente debe avanzar hacia una estructura más federal y menos intergubernamental (a partir de una realidad actual donde los Estados-miembro tienen poder de veto) y hacia una unidad política donde los Estados-miembro acepten perder soberanía a cambio de un marco democrático donde sus ciudadanos puedan defender su visión de cómo deben ser los bienes públicos compartidos. Los sistemas de financiación interterritorial deben combinar solidaridad y autonomía: cubrir a todas las personas por igual ante riesgos básicos y a partir de ahí garantizar la autonomía, las posibilidades de todos de influir en el desarrollo de las regiones relativamente más pobres (porque su desarrollo interesa a todos) y la posibilidad de innovación institucional.

Los problemas de identidades complejas y solapadas no surgen solo en la península Ibérica, sino que están agazapados en muchos rincones del continente, como brillantemente expuso Claudio Magris en El Danubio. A identidades complejas y solapadas, instituciones complejas y solapadas, intentando avanzar hacia ellas en un marco de transparencia y regeneración democrática. Quizá con una España y una Europa federales los ciudadanos europeos podríamos recuperar algo de soberanía y se la podríamos quitar a los mercados y al capital. O vamos derribando muchas de las fronteras legales y regulatorias que todavía existen, creando un auténtico Estado federal europeo acompañado de un demos y una política europea, o nos refugiamos en el Estado-nación y reducimos la lucha política a un combate por ubicar las fronteras en un lugar u otro. Cuando la política se reduce a esta lucha, las señales propias de una sociedad abierta y democrática dejan de funcionar bien: los ciudadanos son bombardeados con campañas para que definan su identidad sin matices y para que dejen de reflexionar sobre si prefieren unos poderes públicos más o menos presentes en la sociedad, o una distribución más o menos equitativa de la renta y el poder entre clases sociales; o la corrupción se tapa con enormes banderas, mientras los problemas se enquistan y se pierde un tiempo precioso que podría aprovecharse para construir sobre lo que nos une a la inmensa mayoría de catalanes y españoles: el apoyo a la democracia y al proyecto europeo.

Francesc Trillas es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la Junta de Federalistes d’Esquerres.